“La sociedad argentina es tolerante con la corrupción”

Hugo Alconada Mon es abogado y periodista, magíster en Artes Liberales por la Universidad de Navarra (España) y Visiting Scholar en la Universidad de Missouri-Columbia (Estados Unidos). En enero de 2002 ingresó en el diario La Nación, y entre enero de 2005 y febrero de 2009 fue su corresponsal en los Estados Unidos. En la actualidad se desempeña como prosecretario de redacción, abocado a investigaciones sobre corrupción, lavado de activos y fraude corporativo.Antes de “La Piñata”, Alconada Mon publicó los libros "Los secretos de la valija" (2009), "Las coimas del gigante alemán" (2011), "Boudou, Ciccone y la máquina de hacer billetes" (2013), todos con Editorial Planeta. ¿Cómo surgió la idea de escribir “La Piñata”? La idea venía desde hacía largo tiempo e incluso lo conversamos con Luis Majul, que me alentaba a que escribiera un libro englobador del “lado B” del kirchnerismo, pero yo no le encontraba la vuelta para encararlo. Meses después, en una reunión con el director de Planeta, “Nacho” Iraola, fue él quien aportó el disparador: armar una suerte de diccionario. Y eso llevó a lo que llevó, que respeta esa propuesta, pero que resultó más complejo porque terminó por exponer un “entramado”, un “sistema” que conecta entre sí los distintos capítulos. ¿Por qué el nombre? ¿Qué representa la piñata? Porque hago un paralelismo con Nicaragua, donde el sandinismo intentó integrarse al “poder permanente” de ese país mediante lo que desde entonces se conoce como “la piñata”, incluso por los propios sandinistas. ¿Qué es? ¿Qué significa? La idea de tomar a un país como una enorme piñata que, en todo o en parte, puede repartirse entre los “amigos del poder” y crear, así, el “capitalismo de amigos”. Sólo tomé lo ocurrido en Nicaragua como un “disparador”, pero creo que comparar la construcción de poder del kirchnerismo con lo ocurrido en Nicaragua o Venezuela sería inexacto y arbitrario. Por el contrario, creo que Néstor Kirchner quería relanzar la “burguesía nacional”, es decir, un empresario local con la camiseta argentina puesta –una política de Estado que me parece muy valiosa–, pero esa idea madre degeneró en ocasiones en el “capitalismo de amigos”, como te decía antes, cuando no en casos flagrantes de corrupción explícita. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los casos de corrupción de los últimos 12 años con los anteriores gobiernos desde 1983 en adelante? Es difícil generalizar; existen tantas formas de corrupción como personas. Pero acaso lo que distinga al kirchnerismo de gobiernos anteriores desde el retorno de la democracia es que antes los funcionarios pedían comisiones, mientras que durante la última década también pidieron acciones. ¿Un ejemplo? Si una empresa pretendía construir una ruta de US$ 100 millones, durante el menemismo le pedían entre el 5 y el 15 por ciento, es decir, 5 a 15 millones de dólares. Pero ahora, en vez (o además de) pedirle dinero, los funcionarios quieren acciones en el proyecto, para así quedarse con peajes, tarifas y subsidios mientras dure la concesión. De hecho, un ejemplo de esto, según sospecha la Justicia, ocurrió con la ex Ciccone Calcográfica, ya que el vicepresidente se encamina al juicio oral acusado de quedarse con el 70% de la imprenta como coima. ¿Y cuáles son, a tu entender, las diferentes reacciones de la sociedad frente a la corrupción? La sociedad argentina es tolerante con la corrupción y no suele descollar en las encuestas sobre los mayores problemas sociales. En parte porque no le interesa, en parte porque más de uno la mira con agrado y en parte también por la falta de respuestas institucionales. Pero esa primera visión se combina con otra, economicista. ¿Cuál es? Pues que en teorías de bonanza, la sociedad prefiere no incordiar al gobierno de turno (sin importar su ideología) que llena sus bolsillos y, por el contrario, suele contarle las costillas a los funcionarios (y reclamarles hasta en exceso) en tiempos de recesión. ¿Cómo se puede analizar lo sucedido con el Poder Judicial frente al problema de la corrupción? Esta es la clave de lo que ocurre (o no ocurre) en la Argentina. Porque Alfredo Yabrán fue sincero cuando lanzó aquella frase legendaria: “Poder es impunidad”. Y como muestran estudios elaborados por dos ONG (CIPCE y ACIJ) y una oficina del Ministerio Público Fiscal (la OCDAP), la inmensa mayoría de las investigaciones sobre corrupción se cierran por prescripción. De hecho, revisaron los 750 expedientes más grandes sobre corrupción durante 25 años de historia argentina, con un desfalco estimado de US$ 13.000 millones y, ¿qué encontraron? Que solo en el 3% de esos casos se registraron condenas. Insisto, como dijo Yabrán, “poder es impunidad”. ¿Qué pasó en la última etapa con los organismos de control? Se acentuó el desmantelamiento y/o su politización que habían comenzado en el menemismo. Y eso es un riesgo, incluso para el propio kirchnerismo. Porque el próximo presidente, no importa quién sea, podrá utilizar todo el andamiaje estatal para su propio beneficio y/o para proteger amigos y/o perseguir enemigos, incluidos actuales funcionarios, sin mayores costos políticos. ¡Si el propio kirchnerismo terminó de debilitar y politizar los organismos, así que el próximo gobierno sólo tiene que usufructuar sus beneficios! Además de la decisión política de enfrentar a la corrupción, ¿qué otras medidas debería tomar un gobierno que quiera apuntar a un programa integral de lucha contra la corrupción? Potenciar los organismos de control (más presupuesto, más personal, más herramientas legales), restablecer la independencia real del Poder Judicial (también: más presupuesto, más personal, más herramientas legales), reformar el Consejo de la Magistratura (para que no funcione como un factor de presión en contra de aquellos que investigan al poder), e impulsar reformas legales que habiliten, por ejemplo, la figura del “arrepentido” en casos de corrupción. ¿Sabés la que se puede armar en la Argentina si se aprueba –sin trampas- la “delación premiada” como en Brasil? ¡Agarrate! Fuente: Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa)