BOGOTÁ, Colombia (Agencias y diarios digitales). El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, viajó ayer a Cúcuta, 600 kilómetros al noreste de Bogotá y epicentro de la crisis fronteriza con Venezuela, en medio de la tensión bilateral tras la expulsión masiva de colombianos por el gobierno de Nicolás Maduro.Santos visitó uno de los albergues acondicionados para recibir a los cientos de colombianos deportados en los últimos días o llegados al país huyendo de Venezuela por temor a serlo. Allí aseguró que con Venezuela “no es una situación fácil”.“Nosotros siempre hemos tenido unas norma de conducta: conducir nuestras relaciones internacionales con firmeza, pero con diálogo y diplomacia”, dijo el mandatario.“Eso hemos querido hacer y eso seguiremos haciendo. Y estamos ahora concentrados en atender la parte humanitaria que ha generado esta situación”, agregó.La tensión diplomática entre Bogotá y Caracas comenzó el 19 de agosto con el cierre de algunos pasos fronterizos por Maduro tras un ataque de desconocidos a militares venezolanos, ocurrido días atrás en medio de una operación anticontrabando en el fronterizo estado venezolano de Táchira y que Maduro atribuyó a “paramilitares colombianos”.La crisis aumentó con el estado de excepción decretado por el presidente venezolano el 21 de agosto y se profundizó aún más el jueves pasado, cuando ambos países llamaron a consultas a sus embajadores en medio de las denuncias de violaciones de derechos humanos de los damnificados.Además de las deportaciones, que ya superan el millar de personas, el Gobierno colombiano estima que otros 5.000 a 6.000 colombianos han huido de Venezuela en los últimos días por temor a ser expulsados, separados de sus seres queridos y sin poder llevarse sus pertenencias.Maduro, que el viernes anunció el cierre de un segundo sector de la frontera con Colombia en el estado Táchira “para limpiar de paramilitarismo, de criminalidad, de bachaquerismo (contrabando), de secuestros, de narcotráfico”, tenía previsto viajar este sábado a China y Vietnam en busca de apoyo financiero a causa de los “momentos difíciles” que atraviesa su país.Golpe a la economía localEn Cúcuta, una ciudad de unos 700.000 habitantes con fuertes vínculos económicos con Venezuela, y estrechos lazos de sus pobladores con los ciudadanos del vecino país, se siente ya el impacto económico del cierre de la frontera, en especial ante la falta de gasolina venezolana vendida ilegalmente en Colombia, según constató un colaborador de la AFP.El gobierno de Santos ha anunciado medidas para paliar la situación, entre ellas un aumento del cupo de la gasolina a precio de frontera suministrada a estaciones de servicios en Cúcuta, así como la creación de puestos de trabajo y ayudas de vivienda para los colombianos repatriados a la fuerza por Venezuela.La medida de Maduro afecta también a las casas de cambio en Cúcuta, que disminuyeron su actividad, así como a los servicios vinculados con el tránsito de personas, como los mototaxis y los buses que prestaban servicio internacional. También se ha resentido el comercio de productos que los venezolanos iban a buscar a Colombia ante el desabastecimiento en su país.Además, el Gobierno colombiano anunció el viernes que desde el cierre de la frontera se encuentran represadas 35.000 toneladas de carbón, un tipo de carga que es la que más se mueve por los pasos fronterizos en el departamento de Norte de Santander, limítrofe con el estado Táchira.“Eso requiere una atención inmediata”, aseguró Santos el viernes, al disponer que las ministras de Comercio y de Transporte se trasladarán a la zona para buscar una solución.La crisis diplomática se tratará este lunes en el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde a pedido de Colombia se evaluará una posible reunión de cancilleres al respecto.También a solicitud de Colombia, el próximo jueves los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) tendrán una reunión extraordinaria en Quito para discutir la situación.Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 kilómetros, en la que ambos denuncian la presencia de grupos irregulares que lucran con el contrabando de combustible y otros productos muy subsidiados por el Gobierno venezolano.
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