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Hasta las manos

29 agosto, 2015

RÍO DE JANEIRO, Brasil (Agencias y diarios digitales). Si la crisis económica más grave en una década, sumada a un escándalo de corrupción en su partido gobernante y a un bajísimo índice de aprobación no fueran problema suficiente para la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ahora tiene que enfrentar a un rival iracundo que controla la posibilidad de iniciarle juicio político.Eduardo Cunha, el poderoso presidente de la Cámara de Brasil, enemigo jurado de Rousseff, fue acusado por la procuraduría general de aceptar millones de dólares en sobornos en el creciente escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.También es la persona que podría someter a votación el que se adelante un juicio político contra la mandataria en la Cámara de Diputados, algo que los dos tercios de los brasileños quieren que suceda de acuerdo con recientes encuestas.“Dilma está caminando sobre la cuerda floja sin red de protección”, dijo Eliane Cantanhede, uno de los analistas políticos más reconocidos de Brasil. “Nadie sabe lo que Cunha va a hacer, y esta situación es un arma de doble filo para Dilma”.Cunha, un confeso obstruccionista de importantes reformas económicas y políticas que Rousseff busca aprobar en el Congreso, se debilitó luego que fiscales federales lo acusaran la semana pasada de corrupción, lo que “puede ser bueno para Dilma, ya que está perdiendo el respaldo político que tenía para sacar adelante el juicio político”, dijo Cantanhede. “Pero como es una figura debilitada, también se convierte en un terrorista suicida de carácter político, porque nadie sabe lo que va a decir a los fiscales”, agregó. “Nadie sabe lo que él sabe”.Hace unos meses, la mayoría de los analistas decía que la amenaza de un juicio político en contra de Rousseff era una remota posibilidad.Rousseff no fue acusada de cometer irregularidades en la investigación de Petrobras, en la que decenas de diputados federales, senadores y otras figuras políticas están bajo investigación, junto con algunos presidentes de las principales empresas de construcción e ingeniería de Brasil, hoy encarcelados.Los fiscales argumentan que el monto de los sobornos asciende aproximadamente a 2.000 mil millones de dólares en coimas pagadas por empresas privadas a cambio de la adjudicación de contratos de construcción durante más de una década que, además, estaban estrafalariamente inflados.Con una economía en recesión, un aumento en la inflación y el desempleo, Rousseff lleva a cuestas el peor índice de aprobación que cualquier presidente brasilero haya tenido desde que el país volviera a la democracia en 1985.Además, un alto tribunal federal está investigando si la mandataria usó dinero ilegalmente de bancos estatales para tapar huecos presupuestales en 2014, mientras que un alto tribunal electoral investiga si utilizó parte de los sobornos de Petrobras para financiar su campaña reeleccionista del año pasado, que ganó por un estrecho margen.Si se comprueba que Rousseff cometió una irregularidad en cualquiera de estos casos, de inmediato se abre un camino legal para sus oponentes inicien el juicio político que puede desembocar en una destitución de la mandataria en el Congreso.“En este momento, yo diría que existe un 50/50 de probabilidad de que el juicio político inicie”, dijo Marcos Troyjo, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Columbia que maneja el Center on Global Economic Governance en Río y es un exdiplomático brasileño. “Y si me preguntás mañana, las posibilidades de que el juicio político ocurra pueden aumentar”.El “elemento más importante que puede determinar si el juicio político avanza” es lo que suceda con Cunha, dijo Troyjo.Cunha tiene dos semanas para presentar sus descargos ante la Corte Suprema de Justicia, el único tribunal que puede decidir si va a juicio por las acusaciones presentadas por el fiscal general Rodrigo Janot. Aun así, Cunha podría permanecer en el cargo aún si es encontrado culpable, pues el fallo definitivo podría tomar muchos años.Si permanece como líder de la mayoría de la Cámara de Representantes pero enfrenta un juicio, su capital político está tan disminuido que es poco probable que pueda conseguir los votos para que inicie el juicio político de destitución, dijeron analistas a la agencia AP, señalando que Rousseff puede querer que Cunha siga en su cargo, expuesto a las acusaciones y la impopularidad, el mayor tiempo posible. Pero si renuncia, presionado por su propio partido, el Partido Movimiento Democrático, conocido como el PMDB, podría ser peor para Rousseff.El vicepresidente de Rousseff, Michel Temer, es el líder del PMDB, un poderoso partido que fue el catalizador de la coalición política del gobernante Partido de los Trabajadores desde 2003, pero cuyos miembros quieren que abandone la coalición. En este río revuelto, el PMDB ve una oportunidad de oro para quedarse con la Presidencia en 2018, o, lo que es más peligroso para Rousseff, quedarse con la primera magistratura ahora, ya que su juicio político pondría a Temer en la presidencia del país.Columnistas políticos especularon diciendo que Temer ambiciona la Presidencia pese a que él lo negó públicamente. Pero un anuncio esta semana en el sentido en que dejaría de actuar como interlocutor entre su jefe, Rousseff, con el Congreso, alimentó aún más las especulaciones periodísticas.“Si Cunha es separado de su cargo, otro representante podría ser nombrado líder y podría convertirse en una figura mucho más opositora a Dilma y, en ese caso, se podrían alinear las fuerzas” en contra de la mandataria, dijo Troyjo. “Tendrías a un líder de la Cámara dispuesto y capaz de iniciar el juicio político y un vicepresidente que ha decidido que quiere gobernar el país en los próximos tres años”.Rousseff tiene a su favor a muchos sectores poderosos de la sociedad que están empezando a creer que un juicio político generaría un entorno económico mucho más complicado, que se vería francamente deteriorado con el tropezón de la economía china, la caída del precio del petróleo y de otros productos básicos importantes para Brasil.Los periódicos más grandes de Brasil -la Folha de S. Paulo y O Globo- publicaron editoriales en contra el juicio político, salvo que Rousseff sea encontrada culpable de algún delito, y vaticinaron una destr
ucción económica, política y social del país si Rousseff se cae.Un juicio político basado en “razones banales crearía inestabilidad interna y empañaría la imagen de la nación que, a los ojos de la comunidad internacional, cree que Brasil, en teoría, ya superó su fase de ‘Banana Republic’”, dijo Folha de S. Paulo en un editorial esta semana.Uno de los empresarios más influyentes de Brasil, Roberto Setubal, cabeza del banco privado más grande del país, Itaú Unibanco, concedió una entrevista a Folha y dijo que si Rousseff se retira del cargo “sería terrible para el país”.“Por lo que he visto hasta ahora, no hay una razón de peso para que se adelante un juicio político”, agregó. “Por el contrario, lo que vemos es que Dilma ha permitido una investigación total” de la corrupción en Petrobras. “No hace mucho habría sido difícil imaginar una investigación independiente en Brasil. Dilma merece el crédito por esto”.

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
Investigadores del INTA impulsan desde hace un par de años la Agricultura 4.0 mediante el uso de inteligencia artificial, monitoreo satelital y modelos de bajo costo para pequeños productores. El objetivo es cerrar la brecha entre los pequeños yerbateros y los gigantes tecnológicos.
Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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