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Mercol: diez meses de angustiosa espera

21 agosto, 2015

POSADAS. Paciencia. Si hubo un atributo que distinguió a Mauricio Mercol y su familia en todo este tiempo fue ese, el de la calma. Ocho años tuvieron que pasar para que el crimen de Iván, su hijo, llegara a juicio oral y público. Y ya con la condena, se abrió una nueva espera, que es ahora la que los preocupa.“Vemos con atención todo este tiempo que pasó, estamos a diez meses de la sentencia, no tenemos novedades y eso preocupa. Si bien es cierto de que falta un tiempo para que esa sentencia prescriba, ya se cumplió casi el 25% de la condena y el STJ aún no se expidió”, le dijo Mauricio a PRIMERA EDICIÓN horas después de que se cumpla ese período desde el fallo.El compás de espera comenzó el viernes 17 de octubre de 2014 en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia, en Posadas, donde Sebastián Ruíz (31) y Diego Cantallops (30) fueron hallados culpables de “homicidio en riña” y condenados a cuatro años de prisión efectiva.No obstante, en la lectura de la sentencia, el magistrado César Raúl Jiménez, titular del Juzgado Correccional y de Menores 2 de la capital provincial, indicó que ambos permanecerían en libertad hasta que dicho fallo quede firme. Los defensores José Luis Rey y Hugo Zapana apelaron entonces la resolución del juez, que fue elevada al STJ para resolución. Sin embargo, a más de diez meses el Alto Cuerpo sigue sin expedirse.Para Mercol, la realización del debate y posterior sentencia “tiene un valor simbólico además del real, ya que nos permitió cerrar una etapa y marcar un antes y un después. Sin embargo, hoy no podemos dejar de ver la realidad: aguardamos aún la definición del STJ”. Mauricio asegura que “descartamos que la sentencia de Jiménez, impecable en sus argumentaciones, será ratificada por ese Cuerpo”.El hombre reconoce que, si bien falta mucho para que el fallo caduque, es cierto lo que indican los números, que el próximo 17 de octubre se cumplirá un año. “Estamos próximos a que se cumpla el 25% de la condena establecida, es decir, uno de esos cuatro años, pero aún no tenemos resolución. Y eso es lo que nos preocupa”, sintetizó.El padre de Iván aseguró que no comprende “por qué pasó todo este tiempo sin que el STJ se expida”, e indicó que, si bien sabe que su perspectiva es la del lado de la víctima, “ante un debate tan esclarecedor y con una fundamentación que explica la condena, no tendría que pasar tanto tiempo”.Entonces, sobre la posibilidad de que Ruíz y Cantallops vayan a prisión, Mercol dijo que “lo que nos interesaba a nosotros era que sean juzgados. ¿Fueron condenados? Bueno, entonces que cumplan la condena, no pretendemos otra cosa. Sean dos, cuatro o cuatrocientos años, siempre va a ser poco para mí, porque mataron a mi hijo, pero si eso es lo que determinó la Justicia, entonces que cumplan”.Finalmente, pese a los años, Mauricio reconoció que el dolor no se va. “Esto se vive de distintas maneras, cada cual en la familia lo sobrelleva de forma diferente, pero siempre atravesados por la desgracia, por la tristeza. Es muy difícil, pero siempre están los amigos”, confesó el hombre. Y agradeció también a los allegados de Iván, que pese a todo no se olvidaron de él ni de su familia: “El otro día nos invitaron al bautismo de la hija de uno de los mejores amigos de Iván. Ver a todos esos chicos más grandes, más viejos, no deja de ser una alegría para nosotros. Mi hijo está reflejado en cada uno de ellos”. Un hecho que marcóun antes y un despuésIván Andrés Mercol (22) falleció en la tarde del domingo 19 de marzo de 2006. En la madrugada de ese día sufrió una golpiza en el interior de un local nocturno de la avenida Corrientes. La Justicia determinó en el debate que Ruíz y Cantallops fueron los autores.El joven estudiante sufrió rotura de vértebras superiores y pérdida de masa encefálica. En un primer momento se dijo que había recibido un botellazo. Sin embargo, con el correr de las horas y el testimonio de testigos se llegó a la versión que terminó de confirmarse en el juicio.El esperado debate -tardó ocho años en realizarse- se inició el martes 16 de septiembre de 2014 bajo la tutela del magistrado Jiménez, del Correccional 2, en virtud del cambio en el Código Procesal Penal que envió las causas con penas previstas menores de seis años a ese fuero.Después de más de un mes en el subsuelo del Palacio de Justicia misionero, la sentencia se conoció el viernes 17 de octubre. Allí los dos fueron condenados a cuatro años por el delito de “homicidio en riña”. 

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Hace siete años entrena musculación, se capacitó como instructor y hoy tiene su propio gimnasio en Posadas, donde busca acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “La obesidad es una enfermedad silenciosa, no una cuestión estética”, advirtió. ⚠️🏃‍♂️Tras bajar casi 100 kilos y someterse a una cirugía de manga gástrica, Morel mantiene controlada la hipertensión con alimentación y actividad física. Su mensaje es claro: “Esto no es un deporte, es un estilo de vida”.
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
En 2025 aumentaron las atenciones a pacientes con obra social tras perder coberturas, caída de convenios o costos elevados. El nosocomio posadeño concentra casos complejos regionales, sostiene nacimientos y suma presión por cierres de terapias en clínicas.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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