ASUNCIÓN, Paraguay (Agencias y diarios digitales). Los familiares de las víctimas de la masacre que en 2012 provocó la muerte de 17 personas en el norte de Paraguay, aseguraron ayer que no abandonarán las tierras donde ocurrió la matanza, pese al anuncio de reubicación del Gobierno para varias de las familias ya instaladas.Los familiares se instalaron el 27 de junio en las tierras conocidas como Marina Cué, en Curuguaty, escenario de la masacre donde fallecieron once campesinos y seis policías, y cuya titularidad se disputan el Estado y la empresa Campos Morombí, propiedad de una familia aliada en el pasado con la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).Los campesinos reclaman desde hace años que las tierras sean declaradas de titularidad pública y les sean cedidas para que puedan vivir y trabajar en ellas, y aseguran que no abandonarán este territorio hasta que se atienda su pedido.“Nosotros no tenemos ningún diálogo con el Gobierno para que nos realojen. Somos campesinos sin tierras, familiares de las víctimas y de los acusados de la masacre de Curuguaty. Queremos libertad para los presos y tierras para poder trabajar”, expresó a la agencia de noticias Efe Mariano Castro, que perdió en la masacre a uno de sus hijos. Otros dos de sus hijos, Néstor y Adalberto, permanecen en prisión domiciliaria y están siendo juzgados en relación con la muerte de seis policías durante la masacre, que en 2012 provocó además a la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo.Castro explicó que el estatal Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) llegó a un acuerdo para reubicar a algunas de las familias que “viven junto a la ruta, enfrente de los terrenos de Marina Cué”, pero precisó que estos campesinos “llegaron hace un año, mucho después de la masacre”.“Al principio fueron nuestros compañeros, pero luego armaron otra comisión y se pusieron a negociar con el Indert”, dijo Castro.Este segundo grupo de campesinos será reubicado ahora en la colonia 8 de diciembre, en el distrito de Itakyry del departamento de Alto Paraná, situada a más de 100 kilómetros al sureste de Marina Cué, gracias a un acuerdo suscrito con el Indert.El presidente de este ente, Justo Cárdenas, afirmó ayer en un comunicado que algunos grupos de campesinos de Marina Cué “priorizan la cuestión de la tenencia de tierras”, mientras que otros conceden más importancia “a la cuestión judicial”, en relación con el juicio por la masacre y la disputa por la titularidad de las tierras.La masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012, cuando más de 300 policías acudieron a desalojar a cerca de 70 campesinos que ocupaban las tierras.Se produjo luego un tiroteo de origen desconocido que causó la muerte de once labriegos y seis policías, además de numerosos heridos.El juicio contra doce de los trece campesinos acusados de participar en la masacre se inició el pasado 27 de julio en Asunción. El proceso se encuentra suspendido hasta que el tribunal de apelaciones resuelva una petición de recusación contra los jueces presentada por el defensor de once de los imputados.Por la muerte de los policías hay trece campesinos imputados, mientras que nadie está siendo juzgado por la muerte de los once campesinos.
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