ASUNCIÓN, Paraguay (Agencias y diarios digitales). Un juez postergó hasta el próximo lunes el comienzo del juicio a un grupo de campesinos acusados de participar en 2012 en una balacera en la que murieron once labriegos y seis policías durante el desalojo de una finca en el nordeste del país.El juez Ramón Trinidad anunció ayer en el Palacio de Justicia de Asunción que el aplazamiento es para permitir que Víctor Azuaga, nuevo defensor de los trabajadores rurales, tenga tiempo para leer los expedientes de sus clientes.El lunes pasado, los imputados por asociación criminal y tentativa de homicidio doloso, entre otros supuestos delitos, despidieron a sus abogados en plena audiencia, presuntamente, por falta de confianza en sus gestiones.Azuaga dijo que asumió la defensa por pedido de los familiares de los campesinos “y lo hice en forma personal y gratuita”. Aclaró que venía desempeñándose como secretario de la organización laica Pastoral Social, de la Iglesia Católica.El abogado que es letrado del sector privado y no pertenece al cuerpo de defensores públicos adelantó que pedirá al tribunal una extensión del plazo para conocer detalles del extensor expediente. “Ningún ser humano podría leer en pocos días las 3.000 páginas y, además, elaborar una estrategia de defensa”, explicó. En tanto, Liliana Alcaraz, coayuvante de la fiscalía, comentó que “el plazo hasta el lunes es razonable”.La balacera en la que supuestamente participaron los acusados se registró el 15 de junio de 2012 cuando unos 54 campesinos ocupaban un predio estatal y se enfrentaron a unos 320 policías. Se desconoce quién comenzó el enfrentamiento en las afueras del pueblo Curuguaty, a unos 300 kilómetros de la capital paraguaya.Durante el tiroteo perdieron la vida once campesinos y seis policías.El expresidente Fernando Lugo (2008-2012) fue destituido siete días después en un juicio político en el Senado con la acusación de mal desempeño en sus funciones, entre las que figuró la supuesta negligencia en el manejo de los hechos registrados en Curuguaty.Son trece los campesinos juzgados y acusados de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, mientras que diez de ellos afrontan cargos de intento de homicidio de seis policías.No hay nadie imputado por la muerte de los once campesinos restantes. El suceso se produjo en los terrenos de Marina Cué. La empresa Campos Morombí dice ser la propietaria del terreno y mantiene un litigio que dura ya casi una década para defender su supuesta titularidad. Los campesinos de la zona afirman que son propiedad del Estado.
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