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“La droga también está consumiendo a chicos de las zonas rurales de Misiones”

20 junio, 2015

POSADAS. No pasa un solo día en las oficinas de Cáritas de Oberá en que no reciban a una mamá, un papá o una abuela desesperados pidiendo ayuda para recuperar a un chico o chica envuelto en la adicción a la droga. El dato, triste reflejo de un drama, incluye a familias de las zonas rurales del Alto Uruguay que también están agobiadas por el flagelo, que hasta hace poco se creía un problema exclusivo de las áreas urbanas de la provincia. “La droga llegó a las chacras, a las picadas, a las colonias. Y lo peor es que también llegó la peor de todas, que es el paco”, aseguró la titular de Cáritas Diocesana de la Zona Centro, Zulma Quintana, en base a la información y los pedidos de ayuda que reciben de las 18 parroquias y capillas de la diócesis. La organización abarca las localidades y zonas rurales de El Soberbio, San Vicente, San Javier, Panambí, Colonia Aurora, Santa Rita, Alba Posse, en los departamentos de Cainguás, Oberá, San Javier, 25 de Mayo y Guaraní. Hasta hace poco se desconocía -al menos oficialmente- que la problemática incluyera a los chicos y chicas de las colonias y picadas, mayoritariamente hijos de colonos. Hoy “es una realidad con la que tienen que lidiar muchas familias, que no tienen ayuda y no saben qué pueden hacer o a quién recurrir cuando se enfrentan a un tema absolutamente desconocido”. Fronteras abiertasLa titular de Cáritas atribuyó la triste novedad a la falta de controles en las fronteras con Brasil: “En la diócesis tenemos 300 kilómetros de frontera de las que sacaron a los gendarmes. En los pueblos de la costa manda el que está armado, mandan las mafias”, disparó. Si bien asumió que la problemática de adicciones golpea a todas las clases sociales, advirtió que los sectores pobres son los más desprotegidos: “Vemos que la pobreza aumenta, y en respuesta a eso formamos grupos de merendero en los que van surgiendo los grandes dramas e inquietudes de las familias. Las mamás se acercan a charlar y el tema de las adicciones brota en muchísimos casos. Las familias no tienen ninguna herramienta ni lugar al que recurrir cuando un hijo tiene este problema”. Para encontrar una vía de acción “nos hemos reunido con el titular de Cáritas de Posadas, padre Alberto Barros, para aprender un poco de la experiencia que ellos tienen en los barrios y las parroquias con la problemática de la droga. Es que tenemos que estar preparados con otro tipo de intervención, porque ¿qué hago cuando viene una madre y me dice que no sabe que hacer con su hijo porque está hasta las manos? ¿qué hago cuando viene una abuela y me cuenta que no puede comprarse ni un termo porque el nieto le roba para comprarse la droga? Lo único que podemos decirle es que vaya al hospital para que lo atiendan y lo desintoxiquen, ¿y después qué?” se preguntó.  “Nosotros hacemos ver”La enorme preocupación de la gente de Cáritas por el avance de las adicciones y el narcotráfico también derivaron en una reunión con la subsecretaria de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, licenciada Mariela Aguirre, y acordaron trabajar en tareas de prevención y contención en tres parroquias estratégicas: Oberá, San Vicente y El Soberbio. “Estamos viendo que la gente se anima a reconocer esta situación, un drama que antes se ocultaba, del que no se hablaba”, refirió. “Hace dos años una señora me pidió ayuda para chicos adictos en  una picada en Panambí y yo pensaba que no podía ser, pero lamentablemente es así, es la realidad”, se lamentó. La referente finalizó con un pedido: “Les rogamos a los intendentes que activen los consejos municipales de protección de niños, niñas y adolescentes, no para que estén de adorno, sino para que se ejecute la ley que prevé equipos multidisciplinarios en cada comuna. Esto tiene que tener un abordaje profesional porque nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero las buenas intenciones sirven en un  momento para contener, aunque sin resultados a largo plazo”.   “La problemática nos desbordó a todos”La subsecretaria de Prevención de Adicciones y Control de Drogas del Ministerio de Salud Pública Provincial, Mariela Aguirre, fue sincera cuando admitió que la masificación del consumo de drogas entre adolescentes y jóvenes “es una realidad que nos desborda”, porque no sólo aumentó la demanda de atención de chicos adictos, sino que además deben lidiar con drogas nuevas, baratas y destructivas como el paco. De hecho, entre el 15 y el 20% de quienes consultan en el Centro Policlínico Manantial “han consumido paco”. “Sabemos que la problemática está instalada en todos lados y no escapa al área rural ni a la población indígena, y tenemos respuestas escasas cuando el drama se da en el interior de Misiones”, admitió. La funcionaria reconoció que fue advertida sobre el aumento de adicciones entre chicos de las áreas rurales de Misiones, aunque no existen estadísticas que puedan dimensionar el alcance de este drama para las familias. “Hay una gran preocupación en Cáritas porque la red de contención es insuficiente y escasa, están los centros de salud pero no es suficiente para el tipo de demanda que existe ahora”, señaló, y adelantó que, por ese motivo, se están rediseñando las políticas públicas “porque los escenarios cambiaron y la verdad es que estamos desbordados”.  Desde la Subsecretaría trabajan en los colegios para apuntalar las tareas de prevención, pero la otra cara de la moneda, la adicción pura y dura y los cientos de chicos envueltos en el consumo abusivo de drogas genera paradojas cotidianas para los trabajadores del área. “El único centro al que se puede derivar es el policlínico Manantial. Cuando en otras localidades existe un caso que requiere internación se hace la derivación desde los efectores de salud del pueblo. Muchas veces los intendentes se hacen cargo y envían a la persona afectada con un trabajador social”, contó. Pero el mayor problema es que el tratamiento de las adicciones es voluntario, entonces se plantea la dicotomía entre una enorme cantidad de consultas y pedidos de turno, pero una escasísima asistencia del adicto a esa atención programada, al punto que sólo entre el 20 y el 30% regresa.    Sin lugares a donde pedir ayudaHace varios años que la Zona Centro espera un Centro de Ate
nción a víctimas de la drogadicción, el que incluso fue anunciado como de “inminente concreción” por la entonces vicegobernadora Sandra Giménez (hoy senadora nacional) y el actual jefe comunal de Oberá Ewaldo Rindfleisch. El lugar previsto, que incluso se traspasó a Salud Pública, fue la exescuela Fontana, pero el edificio permanece cerrado, con los deterioros naturales por el paso del tiempo y el abandono. Hasta Eduardo Morales Lezica (hoy vocero del gobernador Closs) en su carácter de legislador provincial, en 2011, presentó ante la Cámara de Representantes un proyecto de declaración de interés provincial del Centro de Rehabilitación y Contención de Adictos, ubicado en Paraje Fontana en Oberá. Mientras tanto, la situación es cada vez más preocupante y difícil de abordar por la falta de herramientas.  Hace dos meses, cuando murió Carmelo Sanfilippo de apenas 16 años luego de intentar ahorcarse tras haber consumido un cóctel de pastillas que le causó daños letales a su organismo, el obispo Damián Bitar cargó duramente contra el poder político que no se hace cargo del problema. Pero nada cambió desde entonces.  

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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