PUERTO RICO. Con el embargo a las cuentas bancarias del Instituto Argentino de Educación Superior (IAES), el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme) logró su primera victoria judicial en el juicio que lleva adelante a 212 establecimientos educativos de gestión privada de Misiones, a los que reclama aportes y contribuciones solidarias atrasadas por empleados que esas instituciones no tienen en la realidad. El reclamo está basado en una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) sobre Índices Medios de Trabajadores (IMT) que establece el número de trabajadores que esas escuelas deberían tener en proporción a la cantidad de alumnos. El primer día de este mes, el juez nacional de primera instancia en lo comercial 1, Alberto Daniel Aleman, decretó el embargo sobre los fondos presentes y futuros existentes en cajas de ahorros, cuentas corrientes, plazos fijos y cualquier otra inversión que posea el IAES de Puerto Rico, a cargo de la Fundación Lapacho. El oficio judicial le fue notificado a la institución educativa este miércoles a la tarde.Este sería el primero de los cientos de embargos que se ordenarían en los próximos días a escuelas de gestión privada de la provincia, incluidos colegios parroquiales, Escuelas de la Familia Agrícola (EFA), escuelas especiales e institutos de educación bilingüe de las comunidades guaraníes. Hace poco más de un mes, los apoderados de las instituciones demandadas por el Soeme hicieron una presentación ante el Ministerio de Trabajo provincial. Fondos públicos y competencia En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el abogado Jorge Emilio Luengo, apoderado del Obispado de Posadas, indicó que “acreditado con oficio, este es el primer embargo que ordenó la Justicia en el marco de este conflicto que pone en riesgo a instituciones educativas, la mayoría de ellas subvencionadas por el Estado”. Recordó que semanas atrás ya denunciaron al Soeme ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y ese expediente está en marcha. “El gremio pretende cobrar por empleados que no están trabajando en las escuelas, ellos dicen que mandaron inspectores a las instituciones denunciadas pero esos inspectores nunca vinieron y los números de actas ni siquiera están guardados en orden cronológico según las fechas”, advirtió el abogado. Según precisó Luengo, el Banco Nación no dio lugar a la orden de embargo judicial a las cuentas del IAES, “esa entidad bancaria no tomó razón del embargo y devolvió el oficio porque en esa cuenta había fondos públicos que correspondían a un envío en el marco de un programa para mejoras proveniente del Instituto Nacional de Educación Técnica (Inet). Esos fondos vienen con un destino específico”, detalló el profesional que acompaña a los asesores legales de las instituciones educativas “estamos colaborando entre todos para tratar de salir lo mejor posible de esta situación”. Al ser consultado sobre las acciones que planean llevar adelante las instituciones educativas afectadas, Luengo señaló que hay varias alternativas, “una es pedir a los jueces federales de Misiones que se declaren competentes en esta cuestión y pidan la remisión de las actuaciones de Ciudad de Buenos Aires a Posadas u Oberá, como es en el caso del IAES. La otra posibilidad, de la que soy más partidario, es que nos presentemos en Buenos Aires y planteemos una inhibitoria para que el juez se declare incompetente y el expediente se remita a la provincia”. Los más afectados El Soeme inició el mismo reclamo a instituciones educativas de gestión privada de todo el país, “pero las de Misiones y La Plata, lastimosamente, estamos haciendo punta porque en estos lugares los trámites irregulares del Soeme están más avanzados. Por ello, estamos en permanente contacto con los abogados de las instituciones de La Plata”, señaló Luengo. Según recordó, el conflicto con el Soeme comenzó en 2014 con una citación a audiencia conciliatoria en Buenos Aires, “no asistimos porque esa jurisdicción no nos corresponde”.
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