POSADAS. A 21 días de la denuncia que desató el escándalo en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ), ayer se puso en marcha la investigación por el presunto espionaje de expedientes en cinco juzgados de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial, pesquisa que estará a cargo del juez en lo Correccional y de Menores Nº 2 de Posadas, César Raúl Yaya.A pesar de que se dictó el secreto de sumario, averiguaciones efectuadas por este Diario establecieron que, finalmente, la fiscal de Instrucción 3 de Posadas, Adriana Herbociani, se hizo cargo de la causa después de que el juez, César Raúl Jiménez, rechazara su apartamiento. Al parecer, la representante del Ministerio Público Fiscal habría sostenido que era actora en algunos de los expedientes denunciados como “espiados” y por esta razón, no podía intervenir en la investigación que ahora está a cargo del magistrado en lo Correccional y de Menores de Posadas.Con el secreto de sumario sobre el expediente, fue imposible ubicar al magistrado.De acuerdo con otras fuentes consultadas por este Diario, la semana que viene se produciría la primera ronda de testimoniales.En este sentido, los primeros en dar su testimonio serían empleados que desempeñan funciones en la Secretaría de Informática, dependiente del Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ).Hay muchas expectativas sobre lo que puedan llegar a contar estas personas, porque conocen el Siged (Sistema Informático de Gestión de Datos) desde adentro y pueden aportar información reveladora.Habría que recordarles que, por sus funciones y ética, están obligados a decir la verdad y nada más que la verdad.El escándalo por el supuesto espionaje a los expedientes explotó el viernes 8 de este mes con la denuncia radicada por el juez de Instrucción 2 de Posadas, César Yaya.Con posterioridad se sumaron las de sus pares Ricardo Walter Balor (Instrucción 6); Marcelo Cardozo (Uno); Fernando Luis Verón (Tres) y Selva Raquel Zuetta, del Juzgado en lo penal 5 de Leandro N. Alem.En todos los casos afirmaron que ingresaron sin autorización a los expedientes que se tramitan en sus respectivos juzgados y no descartaron incluso que se hubieran efectuado modificaciones, al menos en los cuerpos digitales.
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