COLONIA DELICIA. Todos. No faltó ni uno solo. Cuando recibieron la comunicación por parte de la supervisora zonal de que la Escuela 526 “Juan José Castelli” perdería su categoría de escuela núcleo para pasar a ser un aula satélite, toda la comunidad del paraje Yacutinga por entero, alumnos, directora, exalumnos y vecinos decidieron movilizarse en reclamo a las autoridades provinciales.Pasa que la institución lleva 50 años comprometida con la educación y la formación de los jóvenes provenientes de Yacutinga, y la noticia de que pasaría a depender de otra escuela situada a diez kilómetros del lugar, los enojó. “Nuestra escuela es el centro de la comunidad. No sólo forma a los jóvenes, también nuclea a la comunidad. En ella, de las reuniones que tenemos, nació la idea de formar la cooperativa productiva”, indicó Rosana, una vecina a PRIMERA EDICIÓN.La explicación que dieron las autoridades fue que no podían sostener la institución debido a la falta de matrícula, ya que a la Escuela 526 sólo van 24 alumnos. Pero “quieren que seamos aula satélite de una escuela que tiene mucha menor matrícula. Quieren que nuestra escuela, que tiene 50 años de existencia, que es pionera en nuestra localidad pase a depender administrativamente de otra institución que no tiene idea de nuestras necesidades”, remarcó. “Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para mantener a nuestra escuela. Esta pelea no es política, es para defender el derecho a la educación de nuestros hijos”, cerró Rosana. Marchas y represiónLuego de vanos intentos para dialogar con autoridades educativas, la comunidad escolar decidió movilizarse con la intención de hacer visible su protesta y así, lograr que su reclamo sea atendido. “Tomamos esta decisión en asamblea porque no obtuvimos respuestas”, explicó la docente Sandra Melgarejo.“Al segundo día de movilización -martes-, fuimos reprimidos por la policía, que incluso lastimó a tres personas, una de ellos una mujer a quien le pegaron violentamente”, denunció Marta Lousada, una de las madres. “La represión no se corresponde con un gobierno democrático. Había policías que reprimieron con elementos que ni siquiera forman parte con el equipamiento oficial de la policía, había un efectivo que tenía un hierro y con eso reprimió”, atestiguó Sergio Soto, periodista presente.Según expresaron los manifestantes, la represión cesó con la llegada de algunos medios (entre ellos PRIMERA EDICIÓN). “Si no hubieran llegado, nos hubieran seguido ‘garroteando’. Es increíble cómo nos atacaron y no se acercó ninguna autoridad. Creíamos que el intendente iba a estar con nosotros, porque había dicho que nos iba a acompañar, pero no apareció ni siquiera cuando nos golpeaban, esto era tierra de nadie”, afirmó Antonio Morales, otro de los manifestantes.La razón porsobre la fuerzaA pesar de la represión sufrida el martes, el jueves los vecinos decidieron volver a manifestarse para insistir con su reclamo: “Nos asiste la razón, defendemos el derecho a la educación. No nos asustan los palos ni la represión, no somos delincuentes, somos una comunidad que pelea por la educación y seguiremos hasta que sea necesario”, explicó Marcelo Suárez.Alrededor de las 15, se nuclearon en el arco que marca la entrada al pueblo y decidieron marchar por la ruta 12 con sus estandartes, esta vez los efectivos policiales (más de 60) se limitaron a custodiar la seguridad de los manifestantes. Apertura del diálogoDurante la marcha de los vecinos por la ruta, se comunicó telefónicamente el ministro de Salud, Oscar Herrera Ahuad, que se encontraba en la zona por la inauguración de una sala de atención primaria. Enterado de la situación, se puso a disposición y luego de hablar con autoridades de la cartera educativa garantizó una mesa de diálogo para dar solución al conflicto. Entonces, se acordó entre manifestantes y funcionarios que, por un lapso de diez días, no se tomaría ninguna decisión administrativa sin antes dialogar entre todas las partes. En el acta firmada, la comunidad educativa se comprometió a levantar la medida de fuerza y retomar las actividades de manera normal hasta el día de dicha reunión. Esperan que haya sancionesLas imágenes muestran a un efectivo policial que agrede a una manifestante con un objeto aparentemente de hierro que no pertenece al equipamiento policial. “La portación de este elemento y su utilización es, obviamente, ilegal”, dijeron. Entonces, la comunidad de Yacutinga, espera sanciones. “Hemos quebrantado todos los límites legales, es increíble que en democracia y al amparo de la ley, pueda haber un efectivo policial en un operativo oficial con un elemento punzante, un arma ilegal, un hierro que utiliza para agredir a los manifestantes. Acá debe haber sanciones ejemplares. No puede un efectivo de la policía provincial concurrir munido de cualquier tipo de elemento a un operativo, esto es aberrante y la sanción debe ser contundente. Se debe aplicar todo el peso de la ley, no se puede ni imaginar que esto suceda y menos aún que se repita por falta de sanción”, pidieron.
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