POSADAS. El parentesco no redunda en responsabilidades pero exige la mayor de las transparencias en cualquier investigación, penal o administrativa. Sin ir más lejos, la amistad ya es motivo de apartamiento de un juez o de un fiscal, en cualquier expediente, justamente para garantizar el principio de imparcialidad que debe regir en cualquier diferendo jurídico, del fuero que sea.A cinco días de la implosión que sacudió los pilares del Poder Judicial de la provincia, con la denuncia radicada por el juez de Instrucción 2 de Posadas, César Yaya, por supuesto espionaje a los expedientes que se tramitan en ese Juzgado, trascendió que uno de los impulsores del Sistema de Gestión de Expedientes Digitales (Siged) es cuñado del ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) César Santiago.Nadie puede asegurar que el informático pueda tener vinculación con el escándalo, con la intromisión en expedientes de carácter reservado, pero su sola relación con el magistrado obliga a una profunda revisión de los caminos a seguir dentro y fuera del Palacio de Justicia para deslindar o atribuir responsabilidades.El STJ anunció ayer, a través de los medios oficialistas -en lugar de hacerlo de manera oficial, a través de una secretaría de Prensa, como corresponde-, que pidió la intervención de los peritos en Informática de la Corte Suprema de Justicia (ver la página siguiente): Habrá que ver qué ocurre en el sumario administrativo. La reacción del STJ, desde el momento en que trascendió el “caso Yaya”, fue más bien represiva que de apertura.Y en este tipo de lides, para algunos, en ocasiones es mejor desprestigiar al mensajero que reconocer o desmentir la realidad.El STJ, a través de sus acólitos, algunos de los que asumieron sin titubear el rol de voceros oficiales, primero dejó deslizar la teoría de una jugada política de los jueces de primera instancia en respuesta a una inminente sanción por el (des) manejo de los coches entregados en depósito judicial.En otras palabras, entró en el tome y traiga, “en el cara a cara y golpe por golpe”, como reza un famoso comentarista de boxeo, en lugar de disponer la inmediata investigación, al menos administrativa, de una denuncia de semejante gravedad institucional.No conforme con ello, en una clara muestra de falta de sensibilidad política, mandó callar a los jueces que, por convicción y obligación, según lo estipulado por el artículo 212 del Código Procesal Penal de la provincia, denunciaron esta oscura trama de supuesto espionaje.La orden fue de abstenerse de mencionar el caso a los medios de comunicación.Es decir, el Poder del Estado que debería bregar por la defensa irrestricta de los derechos inalienables al ser humano termina por cercenar dos de los más importantes: la libertad de expresión y el derecho a la información. El tema de los vehículos entregados en depósito judicial, cuyos límites y condiciones están estipulados en la ley, va en paralelo con la denuncia radicada por el juez Yaya y no justifica, bajo ninguna circunstancia, el espionaje o la intromisión en expedientes que conservan el estatus de confidenciales.Para el STJ, los jueces penales de Posadas, sobre todo de los Juzgados 1 y 3, habrían incurrido en irregularidades en la entrega de los vehículos.Puede que sea así, o no, pero es una cuestión ajena a la que se investiga.No son pocas las informaciones que intentan cambiar el escenario de la discusión. Un sector de la Justicia pretende imponer que no hubo modificación de expedientes, como relativizando el escándalo. Incluso, el STJ, en la misma resolución en que mandó callar a los jueces de primera instancia de Posadas, con excepción del titular del 7, advirtió que “se hace saber asimismo que la totalidad de los expedientes digitales se encuentran en soporte papel, lo que permite su verificación absoluta e inmediata, dando éste su nota de validez”.En otras palabras, se intenta soslayar que si alguien modificó una causa no importa, en el expediente papel se puede enmendar cualquier cambio.En realidad, la configuración del delito, tipificado en el artículo 153 del Código Penal, se produce en el mismo momento en que se accede a un expediente reservado, enajenadamente de cambios, en el momento de la violación del secreto profesional. Todo quedará dilucidado tras la investigación penal. “Es crucial que se sepa la verdad”“Nadie está en contra del sistema (Siged), sino de la violación del mismo; es gravísimo que una persona ajena al Juzgado que interviene en la causa pueda acceder al expediente. No importa si modificó algo o no, el delito se constituye en el mismo momento en que ingresan ilegalmente al expediente”, indicó el abogado penalista Ramón Moisés Grinhauz en una entrevista mantenida ayer con este diario.El letrado agregó que “este tipo de situaciones se produce porque el STJ no posee especialistas en materia penal. Si los tuviera, muchos problemas se podrían solucionar de antemano. Sería bueno que se analizara la posibilidad de ampliar el número de miembros para que esto pueda suceder. Hay que conocer la labor de los jueces de Instrucción para comprenderlos, ellos son la imagen de la Justicia. Si sospechan que se encuentran ante un posible delito, tienen la obligación de denunciarlo”,consignó. De vuelta al escándalo que sacude por estas horas al máximo órgano judicial de Misiones, Grinhauz señaló que “es difícil de entender por qué se reaccionó con tanta severidad. Los jueces hicieron lo que debían hacer; ahora la Justicia tiene que investigar. Nadie habló de culpables, sino de la probabilidad de un delito. Lo que se pide es que el caso sea investigado y que, de haber irregularidades, se identifique a los responsables”.En el fondo de la cuestión, varias fuentes coincidieron en manifestar que el problema entre el STJ y la Justicia de Instrucción refleja una dura puja de poder en las más altas esferas del STJ, aunque por lo bajo lo desmientan.La Justicia tiene en sus manos una denuncia. El tiempo, juez imparcial e irrefutable, tendrá la última palabra. Mientras, la transparencia es el camino más corto a la verdad. Prevén una catarata de inhibiciones en el casoTras el alejamiento de la fiscal de Instrucción 1 de esta ciudad, Amalia Benedicta Spinatto, todo indica que se producirá una catarata de inhibiciones.No trascendieron detalles respecto de los fundamentos que llevaron a Spinatto a no intervenir en la causa pero, como seguramente sucederá en la mayoría de los casos, el argumento de la amistad tendrá su propio peso específico.La denuncia del juez Yaya experimentará un largo derrotero por l
os juzgados de Instrucción y seguramente pasará al fuero en lo Correccional y de Menores. Ahí se verá qué sucede.Lo cierto es que, por el momento, hay cuatro denuncias por supuesto espionaje. Corresponden a los jueces de Instrucción Marcelo Cardozo, el citado Yaya, Ricardo Walter Balor y Fernando Luis Verón.Los cuatro no hablaron de culpables ni aseguraron nada, sencillamente se limitaron a cumplir con su obligación: efectuar la correspondiente denuncia ante la sospecha de la posible comisión de un delito.El STJ debe llamarse a la calma y administrar los mecanismos para otorgar la mayor transparencia posible a la investigación.Así como se pide celeridad y eficiencia a los jueces de Instrucción en la tramitación de las distintas causas, idéntica probidad debería demostrar el máximo órgano judicial de la provincia, obviamente puertas adentro, en la sustanciación del sumario administrativo.No queda otro camino, para corroborar la veracidad o no de la denuncia, que el de la transparencia, sin represalias ni rencores.
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