POSADAS. En medio del escándalo por las denuncias de espionaje radicadas por cuatro jueces penales posadeños, el Superior Tribunal de Justicia emitió una normativa interna de último momento en la que exigió a los magistrados que se “abstengan” de brindar declaraciones públicas, en lo que sería un claro intento por evitar que la “bola de nieve” en que se transformó el caso continúe tomando tamaño.Fuentes de la investigación confirmaron en las últimas horas a PRIMERA EDICIÓN que la “acordada”, como se denomina a las mencionadas notificaciones, fueron enviadas ayer a los distintos Juzgados de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial.Analistas del medio consideraron la acción como un intento por imponer un “bozal” a los magistrados que radicaron las graves denuncias, a los fines de evitar que el escándalo crezca en dimensiones y golpee todavía más al Superior Tribunal de Justicia.Según las fuentes, el alto órgano les exige a los jueces denunciantes que se “abstengan” de hablar con los medios de prensa y brindar declaraciones públicas. En caso de hacerlo, todo queda bajo “exclusiva responsabilidad” de los mismos. Pareciera más una amenaza que una recomendación.La solicitud camina claramente en contra de los paradigmas que se manejan hoy por hoy en el mundo judicial, afirman los especialistas, que sostienen que aquel viejo modelo de que “el juez habla por sus sentencias” ha sido reemplazado por la tendencia a transparentar “actos de gobierno” como los que realizan los magistrados, siempre y cuando no se obstaculice la investigación.Además, en el documento se habría informado a los magistrados que la misma división del Poder Judicial sospechada de ingresar al sistema para visualizar archivos confidenciales sería la encargada de llevar adelante las pericias técnicas de la investigación, una cuestión que por lo pronto resultaría descabellada desde la sana lógica.Mientras tanto, ayer se sumó al expediente la cuarta denuncia. A las presentaciones realizadas por los magistrados César Yaya, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Posadas; Ricardo Balor, a cargo del Instrucción 6; y Fernando Verón, responsable del Instrucción 3; se agrega ahora la denuncia de Marcelo Cardozo, al frente del Instrucción 1 de la capital provincial.Este diario pudo saber que el calibre de la misma es similar a la presentada el último viernes por Yaya, la primera de la serie, en la que se denunció la visualización de expedientes confidenciales por parte de cuentas no autorizadas para tal fin.Además, tal como sucedió con Yaya y Verón, Cardozo también habría denunciado la existencia de un “correo mellizo” a su nombre, del que -como sus colegas- no tenía conocimiento y mucho menos contraseña de acceso.Como este diario publicó, la primera denuncia fue radicada el último viernes y, desde entonces, otras tres fueron presentadas ante la fiscal Amalia Spinnato, titular de la fiscalía de Instrucción 1 de Posadas. La representante del Ministerio Público finalmente se inhibió ayer, por lo que ahora la causa pasará a otro agente fiscal. “La sociedad debe saber por qué accedieron quienes no debían”En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el abogado Rodrigo Bacigalupi, vicepresidente segundo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), indicó que es de vital importancia que se conozcan los pormenores y avances de la investigación.“Según los principios republicanos, entendemos que se debe dar publicidad a los actos de gobierno como los que lleva adelante la Justicia, claro que siempre y cuando no signifique un obstáculo a la investigación”, explicó el letrado, quien entonces opinó que “la sociedad debe saber qué pasó, por qué accedieron al sistema personas que no debían hacerlo, que no estaban autorizadas”. Bacigalupi entiende que resulta clave que se conozca la investigación por las denuncias de espionaje “porque esto repercute en personas que están en ese expediente y confían en la Justicia”.El abogado opinó luego que “evidentemente el sistema es vulnerable y alguien debe responder por eso”, y recordó que cuando se implementó, “desde el Colegio de Abogados sugeríamos que se tengan en cuenta sistemas que funcionan muy bien en otros distritos”, pero que en Misiones finalmente “se optó por crear uno nuevo”, que ahora “hay que corregir”.En relación al presunto ingreso de técnicos del propio Poder Judicial a los expedientes, Bacigalupi dijo que “es de una gravedad muy importante; si un técnico puede acceder, es gravísimo porque no tiene por qué hacerlo”.Por último, sobre el hermetismo con el que se intenta manejar la causa, el letrado afirmó: “Si el fin es ‘guarde silencio porque no quiero que hablen’, suena a un ‘bozal’ no fundamentado en ningún principio”.
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