POSADAS. Tras la denuncia del juez penal César Yaya que destapó el escándalo de la violación del Sistema de Gestión de Expedientes Judiciales (SIGED) y el acceso ilegal de personas desconocidas a los expedientes que se tramitan en ese Juzgado, ahora se supo que la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional de la provincia también fue blanco de idéntica situación. En el transcurso de ayer se especulaba con la posibilidad de que el presidente de ese Alto Cuerpo, José Alberto López, concurriera a la fiscalía de Instrucción 1, a cargo de Ama Benedicta Spinatto, para radicar la correspondiente denuncia, en consonancia con el juez Yaya.Fuentes consultadas por este Diario indicaron que, en el caso específico de la Cámara, los espías se limitaron únicamente a revisarlos.Defensa en el aireDistintas fuentes salieron ayer a respaldar al personal que trabaja en el departamento Informática del Poder Judicial, como si alguien en algún momento los hubiera acusado directamente.Se trata de una investigación que se encuentra en pleno trámite. Más aún, la fiscal Spinatto deberá analizar si hay elementos suficientes para pedir la instrucción formal.En este estadío, por el momento no hay nombres o sospechosos, pero lo cierto es que el juez Yaya confirmó, a través de la denuncia penal, el acceso de personas no autorizadas a expedientes que se tramitan en su Juzgado.No importa el motivo, personal, laboral o de la índole que fuere, ingresar a un expediente, a información privilegiada y reservada sin permiso ni habilitación, es ilegal y además, un delito. Y las reglas, sujetas a irrestricta legalidad, son -o deberían serlo- las mismas para el presidente de la República como para un ignoto desconocido.Lo más probable, por otorgarle una minúscula cuota de duda, es que la o las personas que quebrantaron el sistema informático, entendido como una plataforma digital, tenían un interés particular en hacerlo, no se trató de gente común o desinteresada ni de un accionar fortuito.Sólo en la jornada del viernes, en el Juzgado de Instrucción se detectaron seis casos de espionaje y al menos dos estaban vinculadas a investigaciones por delitos de índole sexual.Ahora, la Justicia tiene la palabra para arrojar un manto de claridad a un escándalo que se desató dentro de sus propias estructuras. Intervención especializadaEn su denuncia penal presentada el viernes pasado, el juez César Yaya sugirió a la fiscal Amalia Benedicta Spinatto apelar a los peritos informáticos de Gendarmería Nacional para rastrear a los “espías” que ingresaron a los expedientes digitales que se tramitan en su Juzgado.El dato no es menor. De se procedente el petitorio, otorgaría un marco de transparencia a la investigación que no dejaría lugar a dudas ante una potencial resolución judicial.Fuentes consultadas por este Diario indicaron que las sospechas se extienden más allá de las paredes del Poder Judicial, aunque siempre dentro de los operadores del sistema.Aún es temprano para presagiar los alcances de este escándalo y también, para determinar el objetivo de los infiltrados.Ojalá que la Justicia esté a la altura de las circunstancias.
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