POSADAS. El caso es de una gravedad institucional escandalosa e indigno de justificativos. El juez de Instrucción 2 de la Primera Circunscripción Judicial, César Yaya, denunció ante la fiscal Amalia Benedicta Spinatto el sabotaje del Sistema de Gestión de Expedientes Judiciales, conocido en la jerga como SIGED, y el acceso de personas desconocidas a los expedientes que se tramitan en ese cuerpo, que conservan el estatus de confidenciales y reservados únicamente a las partes. Más aún tratándose de causas que investigan delitos contra la integridad sexual.Se trata de un escándalo que vulnera los principios de confidencialidad y quebranta la garantía del debido proceso que debe imperar en todo entuerto judicial, en cualquiera de los fueros. La denuncia del magistrado fue formulada ayer en la Fiscalía de Instrucción 1 de Posadas, actualmente en turno, que deberá merituar los elementos objetivos para solicitar la formal instrucción de la causa. Un día antes, el 7 de este mes, el mismo magistrado, con la adhesión de su par del Instrucción 1, Marcelo Cardozo, cursaron una nota, con la firma de ambos, a la presidencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para ponerla al tanto de la situación.De acuerdo con datos de la denuncia radicada ante la fiscal Spinatto, hasta el momento se detectaron seis casos de espionaje. El más remoto en el tiempo data del 11 de mayo de 2014. El más reciente, del 26 de enero de este año.Los espías utilizaron dos modalidades para filtrarse en los expedientes del Juzgado de Instrucción 2. Por un lado, crearon una cuenta de correo electrónico paralela ([email protected]) a la que la Secretaría de Informática del Poder Judicial otorgó a Yaya ([email protected]).La operación de engaño radicó en darle el rango de cuenta oficial, pero solamente los espías ingresaban porque conocían el password.En otras palabras, sin que lo supiera, el juez tenía dos cuentas oficiales. Ingresaba solamente a una, pero ambas operaban para todo tipo de novedades.La otra arista de la aparente maniobra ilegal, que seguramente la fiscal Spinatto pedirá investigar, tiene relación con la violación de los expedientes que se tramitan en el citado Juzgado. En una sola jornada, la de ayer, se detectaron seis casos de presunto espionaje; en las siguientes fechas y horarios: 26/01/2015 (09:11:45);29/10/2014 (21:28:15);29/10/2014 (20:21:50); 29/10/2014 (20:21:50);05/09/2014 (08:06:13);11/05/2014 (19:37:14).Yaya atribuyó esta intromisión ilegal a los funcionarios (y habló de funcionarios) con las siguientes cuentas: “pediedrich; fjkorol, postgres”.Los dos expedientes a los que ingresaron corresponden a causas por delitos contra la integridad sexual; pero uno es especialmente trascendente: tiene al hijo de una exfuncionaria del Iprodha (hoy trasladada a otra dependencia estatal) acusado de abusar de su pequeña hija.“Ingresaron de manera no autorizada e ilegal al SIGED y revisaron todos los documentos del expediente de referencia…”, indica la denuncia que ya está en manos de la fiscal Spinatto.“Ambos expedientes se encuentran en etapa de instrucción y conforme lo determina el Art. 212 del CPP, el expediente tiene el carácter de secreto para todos, excepto las partes y los abogados con un interés legítimo”, agrega en otro parágrafo.“Ninguno de los usuarios ‘pediedrich; fjkorol, postgres’ pertenece al Juzgado como instructores, personal de mesa de entrada, secretario o juez, como tampoco pertenecen a la Fiscalía o Defensoría Oficial”.La denuncia reseña que “si el personal que ingresó a revisar estos expedientes pertenecen como empleados o funcionarios del Poder Judicial del área o dependencia que sea, estamos ante la presencia de la conducta prevista en el Art. 153 b), segundo párrafo, ya que no estaban autorizados funcionalmente a acceder al sistema SIGED ni revisar, mirar, modificar, inspeccionar u obtener copias de los actos procesales que se sustanciaron en un expediente de trámite…”.Idéntica circunstancia sucedería si “los piratas” no fueran empleados del Poder Judicial de la provincia de Misiones.Por el momento, se desconocen los alcances y repercusiones de la maniobra, aún más repudiable si los “espías” pertenecieran a la Justicia. “No descarto que el acceso haya sido más amplio en otros expedientes o incluso, involucre y perjudique a otras dependencias (Juzgado de Instrucción; fiscalías, Cámara de Apelaciones en lo penal), todo lo cual reviste una gravedad institucional inusitada habida cuenta el posible tráfico de influencia, el acceso a datos privados y sensibles de las causas en trámite”, consignó el titular del Juzgado en lo penal 2. Según informaciones a las que PRIMERA EDICIÓN pudo acceder en la víspera, en los juzgados de Instrucción 1, 3 y 6, de los jueces Marcelo Cardozo, Fernando Luis Verón y Ricardo Walter Balor respectivamente, también se habrían detectado casos de espionaje judicial.Incluso, Cardozo y Verón habrían cursado notas al Superior Tribunal de Justicia para anoticiarlos de esta situación.En los puntos del petitorio presentado a la fiscal Amalia Benedicta Spinatto, Yaya soslayó: “Propongo a la señora agente fiscal, a los efectos de preservar la información que el servidor o Data Center utilizado como soporte para ambos sistemas sea intervenido y auditado por Gendarmería Nacional a través de la pericia informática que tenga en cuenta los siguientes puntos: A) Determinación de todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Misiones que tienen más de un correo electrónico oficial-Zimbra. B) Especificar fecha de creación de los correos electrónicos originales y duplicados, si el mismo fue utilizado, el listado de correos electrónicos entrantes y salientes; documentos adjuntos remitidos o recibidos. C) Determinar la contraseña o password de los correos electrónicos duplicados, desde qué terminal o computadora fue generado el usuario y la clave.D) Desde qué terminal, máquina o computadora se ingresaba al SIGED, a los expedientes del Juzgado de Instrucción 2”.La denuncia ya está en manos de la fiscal Spinatto y amenaza con sacudir los pilares del mismísimo Poder Judicial de la provincia.Ayer, versiones extraoficiales indicaron que el escándalo podría circunscribirse a una feroz interna dentro del propio Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ), en que dos sectores disputan la presidencia del Alto Cuerpo hace años.Al parecer, para uno de esos sectores, los jueces de primera instancia responderían a los intereses de la ministra Ramona Velázquez, razón por la que se intentaría acallarlos y sancionarlos.En los corrillos judiciales ayer la tensi
ón podía medirse en libras y no era para menos. No está en juego sólo la credibilidad de uno de los tres poderes del Estado en Misiones, sino las mismísimas garantías del sistema. Y si no hay seguridad jurídica, entonces el mismo sistema podría sucumbir.En este caso, el STJ debe ser el primero en brindar las herramientas y garantías necesarias para que la verdad salte a la luz.Así como en su momento se apuró en destituir a dos jueces por escuchas telefónicas clandestinas, ahora debería actuar con la misma celeridad para el total y definitivo esclarecimiento del caso. InjustificableAyer circuló un supuesto comunicado que, a manera de justificación, se intentó adjudicar al STJ, sin ningún tipo de confirmación oficial y por ende, carente de legitimidad.En el mismo se negaba la existencia de espionaje o sabotaje, sino que se habría ingresado al SIGED para efectuar actualizaciones y brindar una mejor administración de Justicia.Aún si fuera así, como señala Yaya en su denuncia penal, nadie podía ingresar a los expedientes sin autorización y esta situación torna injustificable cualquier ensayo defensa.El manejo de esa información permitía efectuar pedidos de informes, librar oficios, requerir datos sensibles, ordenar la libertad de una persona entre otros puntos. Incluso, saber qué orientación daba el juez a una investigación.
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