La alcaldesa de Baltimore ordenó el cese del toque de queda

BALTIMORE, Estados Unidos (AFP-NA). Las autoridades de Baltimore ordenaron ayer la suspensión inmediata del toque de queda declarado en la ciudad estadounidense, luego de que manifestaciones derivaran en disturbios tras la muerte de un joven negro bajo custodia policial.“Con efecto inmediato, he rescindido mi orden instituyendo el toque de queda en toda la ciudad”, escribió en Twitter la alcaldesa de Baltimore (este), Stephanie Rawlings-Blake.Poco después el gobernador de Maryland, Larry Hogan, anunció que comenzó el retiro de unos 3.000 efectivos de la Guardia Nacional que fueron desplegados para reforzar la seguridad en la ciudad portuaria. “Los camiones se van esta mañana pero todo esto va a llevar un poco de tiempo”, dijo en rueda de prensa.El toque de queda regía en Baltimore desde las 22 hasta las 5 de la madrugada desde el martes pasado, un día después de que las protestas desembocaran en caos, enfrentamientos entre manifestantes y la policía, el saqueo de tiendas y la quema de vehículos y patrullas policiales.Las protestas se tornaron violentas luego del funeral de Freddie Gray, de 25 años, quien murió el 19 de abril tras sufrir lesiones graves en la cervical durante su traslado en un vehículo policial sin cinturón de seguridad y con los pies y manos esposados.“Quiero agradecer a los habitantes de Baltimore por su paciencia durante esos momentos difíciles”, agregó Rawlings-Blake en un comunicado.Tras los disturbios del lunes por la noche, las manifestaciones fueron más pacíficas, a medida que crecía el clamor de la comunidad de Baltimore y los dueños de comercios para que el toque de queda se levantara.El viernes, la fiscal de Maryland, Marilyn Mosby, imputó a seis policías -tres blancos y tres negros- con varios delitos, entre ellos asesinato en segundo grado, por la muerte de Gray. La familia de la víctima y la comunidad de Baltimore celebraron la decisión.La fiscal indicó que Gray no debió ser arrestado y que no había cometido ningún crimen. Pero el sindicato de policías, que defendió a los imputados, condenó la decisión como un “apresurado juicio”.