POSADAS. La venta de cincuenta cuatriciclos sin licitación por 3,5 millones de pesos que la empresa Segimis SRL realizó al Gobierno provincial, como informó ayer PRIMERA EDICIÓN, no fue la única operación “poco clara”, sino que ya en noviembre de 2013 la misma firma había cerrado otra “venta directa” de 3.500 cascos para motocicletas por la suma de 560 mil pesos, a valor de 160 pesos por unidad.Aquella transacción se autorizó mediante el decreto 1.504/2013, publicado el 11 de noviembre de ese año en el Boletín Oficial, al que tuvo acceso este diario. Al igual que en el caso de los cincuenta cuatriciclos, el Gobierno no pasó por el trámite de la licitación obligatoria que establece la ley de contabilidad.Hasta ahora son solamente dos las operaciones conocidas a través de decretos que esta empresa realizó con la Provincia y en los dos casos fue por “compra directa”.Lo curioso es que, como puede observarse en la imagen que acompaña a esta nota, la empresa no tiene un local de venta de motos y sus accesorios, sino que en su dirección legal y fiscal, declarada ante la Afip y ante el Gobierno misionero, funciona un estudio contable, en la calle Salta 272 de Oberá.Los cascos que compró el Gobierno fueron regalados a motociclistas “en el marco del Plan de Seguridad y Prevención de los accidentes de tránsito”, describe el decreto de compra directa.La adquisición se realizó en el marco del Acuerdo de Participación para la Implementación del Proyecto Seguridad Vial, financiado parcialmente por el Banco Mundial.El pago se efectuó por medio de la Dirección del Servicio Administrativo de Gobierno, Trabajo y Empleo y Derechos Humanos, con cargo de imputación a la Codificación 03-01-2-01-1-90-1-03-031-03160 S.C.D. 0 – 01 Transferencias de la Unidad – Cuenta Especial 01 – Fondo Especial de Seguridad Vial. La dudosa maniobra despertó enseguida la reacción de empresarios del rubro de motocicletas y diputados de la oposición, que señalaron los aspectos sospechosos del hecho, como por ejemplo que la empresa no tenga local de motos, que la venta se haya hecho sin licitación y que no se haya tenido en cuenta a otros concesionarios con años de trayectoria.En este sentido, desde el partido Trabajo y Progreso se presentó un proyecto legislativo reclamando información al gobernador Maurice Closs sobre los aspectos que se evaluaron para realizar la compra, el precio unitario de cada vehículo, las razones que llevaron a elegir a esta empresa y por qué no hubo licitación de precios.
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