POSADAS. El Gobierno pasó a situación pasiva a los 22 suboficiales, entre ellos cinco mujeres, que el martes pasado se atrincheraron en la comisaría de Santa Ana, en un claro intento por dar una imagen de robustez y de castigo ejemplar para los que osen adoptar una actitud similar en el futuro.Sin embargo, por apresurada y poco estratégica que pareciera la metodología adoptada para imponer el reclamo, por sí sola no deslegitima muchos de los puntos del petitorio. La renovación aprovechó la errónea lectura de los ideólogos de la protesta, de creer que con este foco de rebelión podría repetirse el histórico levantamiento de 2012, y no dejó títere con cabeza.Inició un sumario interno a todos los involucrados, los pasó a pasiva, y como si fuera poco, no dudó en tratarlos de “sediciosos” para que la Justicia penal pudiera intervenir.Para ayer, a las 8, el juez de Instrucción 7 de la Primera Circunscripción Judicial, Carlos Jorge Giménez, los tenía imputados del delito de “atentado contra los poderes públicos”. Si bien probablemente se equivocó el camino de la negociación, tampoco es para catalogar a los manifestantes como “locos de atar” que intentaron imponer un petitorio de utopías con un claro objetivo desestabilizador.Hacerlo sería seguir el juego a los mezquinos intereses de los acólitos de la renovación. Parte de lo que reclamaban los 22 atrincherados, que incluso hoy sostiene la Mesa de Enlace, órgano de debate y discusión en materia gremial y salarial entre la Policía y el Gobierno, pertenece a una realidad irrefutable. Nadie puede negar que son insuficientes los policías que trabajan en las comisarías; que los móviles no alcanzan para cubrir la jurisdicción de amplísimos conglomerados habitacionales y que el equipamiento policial está lejos de ser el ideal entre otros factores importantes para brindar un mejor servicio a la sociedad.De hecho, PRIMERA EDICIÓN publicó el martes pasado un informe que reveló que en jurisdicción de la Unidad Regional VIII de San Vicente hay un promedio de 250 efectivos para una población cercana a los 115 mil habitantes.La proyección se mantendría en otras unidades regionales, tan o más amplias que la de la UR-VIII, cuyas cabeceras son las localidades de San Vicente, El Soberbio, San Pedro y Dos de Mayo.El ministro de Gobierno, Jorge Franco, brindó una conferencia de prensa en la que se apresuró a explicar que en la manifestación no intervinieron solamente policías, sino también civiles.En ese punto habló de la presunta participación de un gremio de Posadas, en alusión a la UTA, porque el secretario general de esta entidad, Horacio Alvez, es hermano de Jorge Armando Alvez, sindicado como organizador de la movida del martes en Santa Ana.“Quiero aclarar que la inmensa mayoría de la Policía, porque tenemos 7.000 efectivos y estos fueron una veintena, estuvo a la altura de las circunstancias: trabajó, cumplió sus órdenes y puso en garantía la seguridad de los misioneros”, consignó. Diez mil inscriptos para agentesLa mejora salarial que tuvo la Policia, en sus distintos escalafones, después de la revuelta de 2012, que se inició en el Comando Radioeléctrico I pero rápidamente concitó la adhesión de efectivos del interior de la provincia, transformó a la institución en una de las principales opciones de salida laboral, sobre todo de los jóvenes que buscan hacer carrera y lograr un equilibrio económico. Una fuente cercana a la Mesa de Enlace contó ayer a este diario que el número de inscriptos para ingresar a la Escuela de Suboficiales y Agentes asciende a diez mil personas.Es la confirmación de que aquella mejora sustantiva es más que seductora para el amplísimo sector de jóvenes desocupados de la provincia.La misma fuente indicó que, antes de los incidentes en Santa Ana, el ministro de Gobierno, Jorge Franco, se comprometió a recibir, la semana próxima, a los integrantes de la Mesa de Enlace.Al parecer, el diálogo entre el Gobierno y los representantes de la Policía no era el mejor o no atravesaba su mejor momento.Lo dijo uno de ellos ayer, en un contacto telefónico con este diario: “El mensaje que daba (el Gobierno) era ‘te pagamos un buen sueldo, no me jodas por otras cosas’”, consignó.Esas otras cosas tenían que ver con las condiciones de trabajo y el suministro de equipamiento por parte del Gobierno.Anoche, en el último comunicado, el departamento Prensa de Jefatura informó que son 22 los efectivos pasados a situación pasiva y que padecerán el descuento del 50% del sueldo.La situación pasiva se produce cuando el policía investigado es privado de su libertad por orden judicial. Una vez que la recupere, entonces pasa a disponibilidad.Anoche, había sólo un prófugo. Se trataría del suboficial Rubén “Tito” González, quien era intensamente buscado por sus camaradas en servicio.Los 21 detenidos fueron alojados en los Escuadrones de San Ignacio y Oberá de Gendarmería Nacional y en una comisaría de Posadas, que se trató de mantener en secreto para evitar revueltas de los familiares.La Policía tiene un plazo de 72 horas para remitir las actuaciones al Juzgado de Instrucción 7 y luego el juez Carlos Giménez dispondrá la citación a indagatoria. No hay fecha estimativa de llamado a indagatoriasLa Policía tiene un plazo de 72 horas para remitir las actuaciones al Juzgado interviniente, en este caso el Instrucción 7 de Posadas, a cargo del magistrado Carlos Giménez.Por esta razón, aún no hay fecha estimativa de llamado a declaración indagatoria para los 21 detenidos que, por el momento, tiene la causa.Anoche, la Policía buscaba a un suboficial, único prófugo.Todo parece indicar, a este ritmo, que la comparecencia de los uniformados pasará para la semana próxima.Ayer, Jorge Franco subrayó la posibilidad de que sean imputados por el delito de “sedición”.Durante una conferencia de prensa, el titular de la cartera política no confirmó ni descartó que se hayan producido disparos de arma de fuego durante el atrincheramiento en Santa Ana.
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