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Judiciales denuncian “sueldos de miseria y acomodos” con un gremio ausente

14 abril, 2015

PUERTO RICO. Cuando el órgano de aplicación de la ley se convierte en el principal infractor, se cae en el desprestigio que afecta al Poder Judicial de nuestra provincia en la actualidad. Infraestructura obsoleta y desbordada, personal insuficiente y sin capacitación porque ocupa cargos a los que se accedió por acomodos políticos y no por formación; sueldos miserables y en negro; un gremio ausente y el poder político que “mete la cuchara” donde no debe, entre otras realidades, hicieron que un grupo de empleados judiciales del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en esta ciudad, revelara a PRIMERA EDICIÓN lo que definieron como “un llamado desesperado para que la sociedad sepa la situación miserable en la que se encuentra el Poder Judicial provincial”.Héctor Adolfo Yung cuenta con un historial de 38 años como empleado judicial y explicó a este diario: “Nos preocupa el estado general del Poder Judicial, yo trabajé acá toda mi vida y nunca vi un manoseo igual. Antes para mí era un orgullo ser empleado judicial; hoy, en cambio, me da vergüenza porque hemos caído muy bajo. Y esto principalmente por culpa de los políticos que se han metido y también por culpa de las autoridades judiciales que lo han permitido”.Agregó que “hoy hay magistrados que ya no consultan el manual de procedimiento, sino que llaman a su jefe político para saber lo que tienen que hacer y esto ocurre porque los cargos se entregan por acomodos políticos y no por concurso de antecedentes y oposición, como fue que accedimos nosotros a nuestros cargos. Para poder entrar a trabajar al Poder Judicial hay que tener una base, nosotros ingresamos todos por concurso, no por acomodo como es ahora”, protestó. En este mismo sentido, Atilano Villamayor, con 26 años de antigüedad, manifestó que “están acomodando a gente todo el tiempo en distintos cargos, toda gente política que no sabe del trabajo y nosotros les tenemos que enseñar, muchos abogados que además por tener título pueden acceder a los ascensos mejor que nosotros, dejando a los empleados viejos sin posibilidad de ascenso, además de que los concursos de antecedentes y oposición ya no se hacen: todos entran por política y eso le causa un daño muy grande al aparato de Justicia”. Julio Argentino de los Santos es otro empleado judicial que lleva 29 años de servicio y su denuncia se enfocó en lo mal representados que están por el actual gremio Unión Judicial de Misiones, cuya comisión directiva “por encontrarse acomodada con el poder de turno, responde a esos intereses y no al de los trabajadores”.La responsabilidad principal “recae en la figura del secretario general, Arcadio Lewin, en el sindicato desde hace 25 años pero con cuya dirección muchos trabajadores no se sienten representados”.“Esta comisión directiva no hace nada por los empleados judiciales, están acomodados con el Gobierno y en un tiempo en el que los distintos gremios están consiguiendo mejoras salariales, nosotros estamos estancados desde julio del año pasado, que fue la última vez que recibimos una mejora salarial del 6%. Además, la antigüedad está congelada y nos pagan el 70% de nuestro sueldo en negro. El tema salarial es desesperante para los empleados judiciales y es la realidad de todos. Sin embargo, no nos dejan manifestarnos ni tenemos derecho a hacer paro, por eso recurrimos al diario como un llamado urgente a los otros empleados judiciales para que nos unamos y juntos hacer algo para mejorar nuestra situación”, expresó De Los Santos. Mal pagadosSegún explicaron los trabajadores, el Poder Judicial de Misiones tiene los peores sueldos del país, situación que obliga a los empleados a realizar trabajos alternativos “en negro” para poder sobrevivir. Un empleado que recién se inicia como ayudante tiene un sueldo de $5.224,21, siendo el básico de apenas $220. En tanto un oficial mayor con casi 30 años de antigüedad gana 10.709,92 pesos, siendo su básico en blanco de apenas $447. De Los Santos explicó también que él integraba la lista ganadora de la última asamblea con el cargo de secretario de Deportes y Recreación, sin embargo, nunca fue convocado para asumir. “Pedí por escrito que se me notifique y se me haga aceptar el cargo, pero nunca me respondieron. Hice una denuncia en la Fiscalía de Puerto Rico que fue elevada a la Fiscalía de Posadas, que a la vez elevó la denuncia al Juzgado de Instrucción 3, secretaría 1, expediente 1810/13, a cargo de Fernando Luis Verón, pero fui citado a ratificar la denuncia y nunca más supe nada al respecto. En esa denuncia, yo no solamente ponía en evidencia mi caso particular, sino también le pedí a la Justicia que investigue a la Unión Judicial Misiones porque es un gremio que no realiza asambleas ni presenta balances de lo que hace con los fondos de los trabajadores, esto merecería una auditoría”. “Queremos que la sociedad sepa por lo que estamos pasando y que entre todos los empleados judiciales de la provincia nos unamos y que tomemos conciencia para mejorar nuestra situación que es desesperante, y si alguien va a tomar represalias contra nosotros, que también se haga lo mismo con la Unión Judicial por permitir que estemos en este lamentable estado, por no cumplir con sus obligaciones mínimas”, afirmó. “Queremos pedir que los cargos se entreguen por concurso como lo establece el reglamento y como siempre se hizo y no a dedo por acomodos políticos, porque se entregan trabajos delicados a personas que no están capacitadas para la función. Pedimos el descongelamiento de la antigüedad que no se reconoce desde el año 2000, pedimos un aumento salarial porque no se puede resistir más y le pedimos a los demás empleados que se unan a nosotros en este pedido desesperado”, manifestó.Finalmente el trabajador retirado afirmó que “cuando un ciudadano tiene una necesidad recurre a la Justicia, las personas que allí trabajan tienen una función social de suma delicadeza y responsabilidad; pero si en ese lugar de trabajo hay maltrato, condiciones insalubres, estrés y manoseo de todo tipo, donde los encargados de impartir justicia conviven, respiran y se alimentan de injusticia, es imposible”. Sin embargo, en estas condiciones es como desarrollan su trabajo magistrados, jueces, secretarios y empleados del Poder Judicial de Misiones. 

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
Investigadores del INTA impulsan desde hace un par de años la Agricultura 4.0 mediante el uso de inteligencia artificial, monitoreo satelital y modelos de bajo costo para pequeños productores. El objetivo es cerrar la brecha entre los pequeños yerbateros y los gigantes tecnológicos.
Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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