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Crimen de Ersélide Dávalos: la Corte anuló las condenas

10 abril, 2015

POSADAS. Ricardo Omar “Kolyno” Jara, Cristina Liliana Vázquez, conocida como “la reina del martillo”, y Cecilia Rojas, condenados a prisión perpetua en 2010 por el aberrante homicidio de Ersélide Dávalos, podrían recuperar la libertad en breve después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anulara la sentencia confirmatoria del Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ).Dávalos, de 79 años, fue ultimada a fierrazos la noche del 27 de julio de 2001, en su casa de avenida Trinchera de San José y calle San Marcos. Los tres fueron sentenciados a perpetuidad por el delito de “homicidio criminis causae”. Es decir, asesinaron a la víctima para ocultar el robo.Tras el fallo de primera instancia, las respectivas defensas apelaron y la causa fue a parar el STJ, que lo confirmó en todas sus partes.Sin embargo, Cecilia Rojas, a través del defensor oficial Marcelo Ozuna, presentó un recurso in pauperis ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).El 17 de marzo pasado, el máximo órgano judicial del país dio a conocer su veredicto: declaró la nulidad de la resolución condenatoria del STJ y dispuso que dicte una nueva.Mientras esto ocurra, todo indica que los tres detenidos recuperarán la libertad.El falloEl veredicto lleva la firma de los ministros de la Corte Carlos Fayt, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco.En su parte pertinente indicó: “…por ello se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y con el alcance indicado, se deja sin efecto el pronunciamiento apelado. Vuelvan los autos al tribunal de origen con el fin de que por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Hágase saber, acumúlese la queja al principal y cúmplase”.En otros términos, la Corte anuló la sentencia del STJ pero no la causa. Es decir, Jara, Rojas y Vázquez continúan con una condena en su contra en primera instancia, que no está firme, razón por la que persiste el estado de prisión preventiva, con los plazos completamente vencidos, según el criterio que persigue la defensa.Esta situación haría posible su salida en libertad, hasta que el STJ dicte una nueva resolución. Si ésta es confirmatoria de la prisión preventiva, los tres regresarán a la cárcel para completar sus penas por el homicidio de Ersélide Dávalos.Ahora el expediente regresará a Misiones para que reinicie su periplo por el STJ, que no se caracteriza precisamente por su celeridad a la hora de definiciones. Llama la atención, asimismo, que el alto cuerpo haya cometido un mismo error en dos casos diferentes. El antecedente de la causa ArtymyszynLa resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en la causa Ersélide Dávalos trajo el recuerdo de lo sucedido en el caso de Violeta del Carmen Artymyszyn, condenada a prisión perpetua por el homicidio de su esposo Nicolás Esteban Hrenessen, ocurrido el 29 de diciembre de 2002.En ambos casos la CSJN revocó el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) porque no actuó como órgano de revisión de la condena, otorgando un tratamiento superfluo a la cuestión de fondo.El dato no es menor; porque se considerada violentada la garantía de la segunda instancia, de debido proceso que protege a cualquier persona acusada de un delito.Al no haber Cámara de Casación en la provincia, el STJ adopta esa responsabilidad, la de revisar en profundidad la causa como si no hubiera existido una primera condena, para ver si arriba a la misma conclusión.Para la Corte Suprema en ninguno de los dos casos se dio esta situación. Por eso, antes en el caso Artymyszyn, y ahora en el de Dávalos, revirtió la confirmación de la resolución, adoptada por el Tribunal Penal 1 en mayo de 2010, que condenó a Vázquez, Rojas y Jara a prisión perpetua.  ReconocimientoMarcelo Ozuna, en ese entonces defensor por subrogación legal de Cecilia Rojas, fue quien presentó el recurso “in pauperis” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) después de que el STJ de Misiones ratificara la condena a perpetuidad contra su representada.La presentación “in pauperis” tiene la particularidad de que no está sujeta a lineamientos o encuadres legales y puede ser escrita de puño y letra por la misma persona encausada.Ozuna, curiosamente, también representó a Violeta del Carmen Artymyszyn con otro planteo similar que también prosperó en la CSJN.Claro que la mujer debió regresar a prisión después de que el STJ cumplió con lo dispuesto por la Corte.  Fueron notificadas en estrados judicialesCecilia Rojas y Cristina Liliana Vázquez fueron trasladadas ayer, alrededor de las 9, a los estrados judiciales de calle Santa Fe, donde se las notificó de la resolución de la Corte Suprema por sus respectivas defensoras oficiales, Criseida Moreira y Celina Silveira Márquez.Ambas fueron conducidas a las oficinas de las defensorías por personal femenino del Servicio Penitenciario Provincial.Silveira Márquez y Moreira avanzarán ahora con sendos hábeas corpus para lograr su libertad, mientras aguardan una nueva resolución del Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ).Una situación similar ocurrió con Violeta del Carmen Artymyszyn, cuyo defensor, Marcelo Ozuna, pidió su excarcelación por idéntica vía.El defensor presentó el Hábeas Corpus ante el juzgado de Instrucción 1, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, y ante el rechazo, apeló a la siguiente instancia recursiva.Entonces se conformó un Tribunal integrado por el juez de Instrucción 3, Fernando Luis Verón, y sus pares Selva Raquel Zuetta y César Yaya.La terna entendió que debía concedérsele el beneficio sujeto a determinadas exigencias: fijar domicilio fijo en Posadas; presentarse una vez por semana en la comisaría jurisdiccional a esa dirección y la prohibición de salir de la provincia y el país.En el caso de Verón, ahora no podrá entender porque integró el Tribunal que condenó a Vázquez, Jara y Rojas a prisión perpetua, consignaron las fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN.   Vázquez debía salir en 2032; Jara y Rojas en 2029  La defensa de Vázquez podría pedir que el cómputo efectuado en su momento contra su defendida, que estableció que debía permanecer en prisión hasta el año 2032, quede sin efecto. Al menos era una de las alternativas que analizaba la defensora oficial Celina Silveira Márquez.En aquel cómputo de penas, efectuado por el TP 1 de Posadas, se estableció que “Kolyno” Jar
a y Cecilia Rojas podían acceder al beneficio en el 2029. La diferencia entre Vázquez y los otros dos es que la primera estuvo prófuga de la Justicia.   

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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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