SAN VICENTE. Esta ciudad tiene un déficit habitacional de más de mil viviendas, según advirtió el intendente local, Waldomiro Dos Santos. Además, el sector con menos recursos económicos es el que más siente el déficit y, a la vez, el que menos acceso tiene a los programas nacionales. Eso desemboca en las crecientes ocupaciones de tierras públicas y privadas, que en el municipio alcanzan ya la cifra de siete asentamientos irregulares.El jefe comunal advirtió en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante que hay una demanda de más de mil viviendas en esta ciudad y aseguró que se está trabajando para cambiar esa realidad. Hace dos años PRIMERA EDICIÓN contó en sus páginas que el déficit habitacional en la Capital Nacional de la Madera era superior a 1.500 casas en ese entonces y que el Gobierno no llega a abastecer ni el 10% de esta demanda cada año, mientras que las necesidades aumentan en un porcentaje más alto.Esta demanda sigue en crecimiento y el sector que más siente la falta de viviendas es el más humilde, que no puede acceder a los planes nacionales y provinciales de viviendas por no tener los ingresos económicos que exige el Estado. En este sentido, Dos Santos aseveró que se están construyendo veinte viviendas sociales, que se entregaron veinte en diciembre del año pasado y que éstas tienen bajos costos para que pueda acceder a ellas gente con bajos ingresos económicos.Sin embargo, las que se entregaron en diciembre marcaron un claro clientelismo político: los beneficiarios son familiares directos y allegados a los dirigentes municipales de la renovación y en particular al grupo político del intendente. En algunos casos, los dos integrantes del matrimonio trabajan y tienen ingresos económicos.El sector más humilde de la sociedad vive en alquileres de casas muy precarias cuyos costos, en la mayoría de los casos, representan la mitad de los ingresos de esas familias. Esto desemboca finalmente en las tomas de espacios públicos y privados para instalar precarios asentamientos. En San Vicente hay hoy siete ocupaciones irregulares, con denuncias judiciales de ocupación. En la mayoría de los casos los intrusos son familias de jóvenes matrimonios con ingresos económicos magros como para comprar un terreno o acceder a una vivienda del Iprodha.Dos Santos resaltó en su discurso que se están gestionando viviendas sociales para construir en San Vicente, financiadas por la Nación y más económicas que las del Gobierno provincial. Sin embargo, los que acceden a estas casas no suelen ser personas necesitadas, sino que las consiguen por “acomodos” políticos.En las últimas horas se conoció que la Anses compró 24 hectáreas de tierras por 33 millones de pesos para la construcción de esas viviendas solidarias. Hay mucha expectativa por esta información, ya que podría dar solución a muchas personas de bajos recursos. Más allá del precio elevado de la tierra, esta puede ser una solución habitacional que requiere la gente.En este año político está prevista la entrega de veinte viviendas sociales que se están construyendo en un espacio verde en un loteo sobre la calle Guaycurary y Cien Viviendas del Iprodha, que avanza su construcción en el kilómetro 1.263, detrás del barrio Sarmiento. Pero esto representa menos del 10% de la demanda actual.
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