POSADAS. El caso involucra al director de Asuntos Jurídicos del Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ), al que un empresario posadeño denunció por el supuesto delito de estafa, en la especialidad de estelionato, por la venta de 218 hectáreas de tierra en El Soberbio. El expediente se tramita en el Juzgado de Instrucción 1 de Oberá, a cargo de la jueza Alba Kunzmann de Gauchat, a partir de una denuncia efectuada por el empresario, vinculado a la producción y comercialización de té, Carlos Humberto Castro, contra el responsable de asuntos legales del STJ, José Gustavo D’Aloia, su esposa, un supuesto testaferro y un abogado identificado como Hugo Romero.La causa se inició en 2010, cuatro años después de que Castro comprara a D’Aloia las tierras en nombre y representación de la firma Baum SRL. Se encontraba en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional de la provincia con la oposición de la defensa de Romero al auto de prisión preventiva y pedido de detención formulado en su contra por el fiscal de Instrucción 1 de Oberá, Elías Estanislao Bis.Sin embargo, los camaristas no alcanzaron siquiera a analizar la apelación de la defensa de Romero porque encontraron errores garrafales en la sustanciación del proceso, en la faz técnica, que obligaron a declarar la nulidad de casi todo lo actuado, desde las indagatorias pasando por todos los actos subsiguientes.El fallo, dispuesto por la Sala I, conformada por los jueces Ricardo Venialgo y Marisa Dilaccio, declaró nulas las indagatorias recepcionadas a los imputados y todo lo que se produjo después.El motivo habría sido que los encausados no fueron notificados claramente de los delitos que les endilgaban ni informados de las pruebas existentes en su contra.Con esta resolución, el expediente vuelve al Juzgado de origen para empezar prácticamente de cero, con nuevas indagatorias a cada uno de los encausados.Un escándalo, pero no es nuevo en el Instrucción 1 de Oberá. La misma Cámara revocó, tiempo atrás, el auto de procesamiento dictado por Gauchat contra el locutor obereño acusado de abusar sexualmente de una niña, porque no dio intervención a la defensa en la Cámara Gesell efectuada a la supuesta víctima. La denunciaLa denuncia del empresario, Carlos Humberto Castro, vinculado al rubro de la producción y comercialización de té, apunta como supuesto responsable, entre otros, al actual director de Asuntos Jurídicos del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, José Gustavo D’Aloia, al que acusa del delito de “estafa especializada de estelionato”.Según Castro, el funcionario le vendió 218 hectáreas en El Soberbio y luego orquestó una maniobra irregular e ilícita -en la que habría recurrido incluso a los favores de un juez de Paz- para volver a vender la propiedad.Para el denunciante, no fue casualidad: D’Aloia y los otros involucrados en la operación sabían lo que hacían, que incurrían en un delito.Castro adquirió la chacra en calidad de apoderado de la firma Baum SRL, dedicada a la explotación y comercialización de té, en la suma de 270 mil pesos. Cuatro años después, su cotización alcanzaba los cuatro millones de pesos.Entre otras mejoras, había recuperado ochenta hectáreas de té, aptas para la cosecha y posterior comercialización, en este caso al mercado europeo.Para 2010, pese a que la propiedad estaba valuada en cuatro millones de pesos, en los papeles figura que D’Aloia la habría vendido en 250 mil pesos a Hugo Romero, quien al parecer intervino en la negociación en nombre y representación de la firma comercial Valmitran SA, también dedicada a la explotación tealera. Las dos vías de un mismo casoHay dos denuncias sobre la misma cuestión. Una está radicada en el Juzgado de Instrucción 1 de Oberá, a cargo de la jueza Alba Kunzmann de Gauchat, y tiene que ver con la supuesta comisión del delito de “estafa especializada de estelionato”.La otra fue tramitada en el Juzgado en lo Civil y Comercial 7 de Posadas, con la cuestión inherente a la escrituración de la propiedad.En ambos casos hay una medida cautelar, de no innovar, para no producir daños irreparables a los afectados.La primera posesión de las 218 hectáreas fue otorgada en 2006 y allanó el camino para la venta en la suma de 270 mil pesos a la firma Baum SRL, de acuerdo con la operación entre Castro, D’Aloia y el abogado Jorge Eduardo Cardozo, socio del anterior y también propietario del inmueble vendido.La segunda posesión fue otorgada, el 10 de junio de 2010, a Odilón Benítez, quien en las actuaciones judiciales aparece sindicado como supuesto testaferro de D’Aloia. Castro contó a PRIMERA EDICIÓN que D’Aloia no es el único involucrado en la maniobra: “En la misma aparece su esposa, su testaferro Alberto Odilón Benítez y Hugo Romero”, consignó.La maniobraDe acuerdo con la denuncia del empresario tealero Carlos Castro, el contrato de compraventa tenía una cláusula que supeditaba la cancelación del precio pactado por las 218 hectáreas a que no hubiera intrusos (ocupas) en la propiedad, circunstancia que debía garantizar el vendedor (en este caso D’Aloia).Esto no ocurrió y Castro frenó el último desembolso por un saldo de 56 mil pesos. Tres años después, recibió una carta documento del ahora funcionario del STJ, que lo intimaba a cancelar la deuda (capital más intereses).“Se me intimaba al pago atento a que el 19 de diciembre de 2008 se habría librado un acta judicial donde se constataba que el inmueble había sido desalojado”, resumió Castro.De alguna manera, esa acta, realizada in situ por el juez de Paz Natalio Héctor Giménez, hacía caer el contrato rubricado con Castro, por supuesto incumplimiento de pago (“el incumplimiento era de la vendedora, porque aún había intrusos”, señaló el empresario), y abría el camino para que el Juzgado en lo Civil y Comercial 7 restituyera la posesión de la propiedad en este caso no a D’Aloia, que no podía quedar expuesto, sino a Odilón Benítez, sindicado en el expediente como su supuesto “testaferro”.Otorgada la segunda posesión a Odilón, la venta a Valmitran SA, a través de Romero, quedó sellada el 29 de julio de 2010. El 2 de agosto siguiente, Castro denunciaba a D’Aloia, a su esposa, a Odilón Benítez y Hugo Romero por “estafa especializada de estelionato”, calificación que el fiscal Bis pidió cambiar por la de “estafa en concurso real con el de
falsedad ideológica y asociación ilícita”.DudasEn aquella denuncia, Castro, entre otras fundamentaciones, cuestionó el acta de constatación realizada por el juez de Paz de El Soberbio, en el que indicó que no había intrusos en las 218 hectáreas, pero luego reconoció en sede judicial que sólo recorrió los lotes y lugares que le indicaron D’Aloia y su socio Cardozo.Con posterioridad a esta inspección, Castro efectuó una propia con presencia de la escribana María del Carmen Marottoli, quien dio fe de que en el lugar aún vivían ocupantes ilegales, a los que identificó como Roque Sturmer (lote 106), Everaldo Sturmer y Rosa Schmidt (lindante al lote 106) y Gilberto Gómez Muller (lote 51). Disparidad en el STJEl empresario Carlos Humberto Castro denunció al asesor legal en el mismísimo Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ), pidiendo incluso sanciones administrativas para él.El Superior se dividió en ese 2012: Rubén Uset, Cristina Leiva, María Laura Niveyro, Humberto Schiavoni y César Santiago votaron por mantener la denuncia en secretaría hasta que la Justicia Penal resolviera la situación procesal de D’Aloia.Manuel Augusto Márquez Palacios coincidió en que no se podía adoptar una sanción disciplinaria sin una resolución penal previa, pero aclaró que tratándose de “un funcionario de alta jerarquía, que está prestando nada menos que asesoramiento legal al Poder Judicial, y que precisamente por sus funciones es de toda necesidad que no se encuentre vinculado indefinidamente a delitos como el que se denuncia (…) resulta necesario requerir informes periódicos sobre el desarrollo de ese proceso al juez de la causa e instar al funcionario involucrado a que con urgencia impulse la resolución de su situación personal”.Lo curioso es lo que Márquez Palacios opinó en último término: “También es necesario notificar al denunciante la resolución que surja de la causa, ya que el mismo tiene derecho a recibir una respuesta concreta a su denuncia”.Por fortuna para él, el ministro no habló de fechas ni plazos. Pasaron dos años de esa notificación del STJ y la causa continúa en primera instancia, ahora en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional. A esta última moción adhirieron los magistrados Ramona Velázquez, Froilán Zarza y Jorge Antonio Rojas.A casi cinco años, no se resolvió siquiera el auto de encausamiento de los acusados: es decir, la imputación definitiva o el sobreseimiento por falta de mérito. Pedido fiscal que no fue A casi cinco años de la denuncia, la causa está más lejos que nunca de ir a la instancia de debate oral y público.A fines del año pasado, se produjo una novedad significativa para su avance: el fiscal del Tribunal Penal 1 de Oberá, Elías Estanislao Bis, pidió la prisión preventiva para Hugo Romero y el cambio de calificación de los cargos en su contra por “estafa en concurso real con el de falsedad ideológica y asociación ilícita”.Hasta ahí, Romero como el resto, estaban sospechados de “estafa especializada de estelionato”. El representante del Ministerio Público rechazó de esa manera el pedido de sobreseimiento efectuado por la defensa de Romero, aclarando que, pertinentemente, en el requerimiento de elevación a juicio oral y público, definiría la acusación y responsabilidad penal de los otros involucrados en la maniobra, entre ellos D’Aloia.Ahora, el planteo del Ministerio Público pasó a un segundo plano, después de que la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional de la provincia declarara la nulidad de todo lo actuado en la causa, a partir de las declaraciones indagatorias tomadas a los imputados en la causa.Fuentes judiciales aclararon que este retroceso en la instrucción no significa, de ninguna manera, la extinción del delito investigado.El expediente vuelve al Juzgado de Instrucción 1 de Oberá, para que se proceda nuevamente a citar a los sospechosos para declaración indagatoria.Carlos Castro, por su parte, adelantó que insistirán en que Romero sea citado a declarar, ya en calidad de detenido, según indicó a este diario.
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