Pierde fuerza la denuncia contra policías por supuestos apremios

GUARANÍ. El juez que sigue la investigación por la muerte de Julio Antonio Lloret (25) en esta ciudad remitió anoche los resultados de las medidas preliminares que solicitó la Fiscalía de Instrucción 1 de Oberá en el marco de una denuncia por supuestos apremios policiales, señaló una fuente del caso.  Lo que se pudo determinar -en base a información que obtuvo este diario- es que, más allá de establecerse que la víctima falleció de un golpe en la cabeza, dentro de las citadas actuaciones que elevó el magistrado no existirían elementos de peso para vincular a los ocho efectivos puestos en disponibilidad con la muerte del infortunado changarín. No obstante, la investigación no está cerrada, teniendo en cuenta que la fiscal debe analizar todas las pruebas colectadas por los pesquisas -en este caso de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas del Poder Judicial (Saic)- y, cuando lo disponga, puede requerir nuevas medidas al Juzgado, según explicaron las fuentes consultadas. El caso se inició el pasado viernes 27 de febrero, día en que un móvil policial trasladó a Lloret supuestamente hasta el hospital Samic de la Capital del Monte.Los familiares denunciaron que  el joven fue brutalmente golpeado por al menos cuatro hombres con borceguíes, dejando deslizar la posibilidad de que pudieran ser policías. Esto les habría sido confiado por el mismo Lloret antes del trágico desenlace. La denuncia fue radicada ante la fiscal de Instrucción 1 de Oberá, Myriam Silke, quien pidió la exhumación del cuerpo para determinar las circunstancias de la muerte. El médico policial, aparentemente, había dejado constancia de que el fallecimiento de Lloret se produjo como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, debido a una enfermedad de larga data. Pero la autopsia indicó lo contrario: que la víctima murió por un severo golpe en el cráneo.Luego de conocerse el resultado de la necropsia, la Jefatura de Policía dispuso el pase a disponibilidad de ocho de sus hombres, que prestaban servicios en la comisaría de Guaraní, en el destacamento del paraje Villa Industrial y en la Unidad Regional II. Posteriormente personal de la Saic inspeccionó la comisaría de Guaraní y secuestró el libro de guardia, entre otros documentos. Seguidamente, el juez instructor de Oberá, Horacio Alarcón, tomó declaración como testigos a los familiares de la víctima.