COLONIA GUARANÍ. La investigación por la muerte del changarín Julio Antonio Lloret (25) sumó en las últimas horas un nuevo capítulo, una vez que las autoridades visitaron la comisaría de Guaraní, donde realizaron una inspección y secuestraron el libro de guardia, entre otros documentos.Las fuentes le confirmaron a PRIMERA EDICIÓN que el procedimiento duró varias horas y que los detectives de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) del Poder Judicial incautaron esos papeles en busca de elementos de prueba en la causa.Este diario pudo saber que, al menos en principio, no se habrían encontrado rastros que pudieran permitir pensar que existió una golpiza dentro de la delegación policial. Sin embargo, en el libro de guardia y demás documentos sí estaría claro que hubo errores administrativos.Por ejemplo, los investigadores habrían descubierto que Lloret jamás fue revisado por el médico policial cuando fue liberado luego de pasar siete días encarcelado por un hecho de hurto, entre el 14 y el 20 de febrero pasado.Así también existirían faltas en lo concerniente a la atención de la víctima, el viernes 27 de febrero, una vez que un colectivero lo llevó hasta la comisaría tras encontrarlo abandonado bajo la lluvia en el acceso al pueblo. Allí tampoco se habría solicitado atención médica.Establecer qué fue lo que sucedió durante los siete días de encierro de Lloret así como en los siete días siguientes, desde que recuperó la libertad hasta que murió, es la clave que intentan dilucidar los detectives y el magistrado Horacio Heriberto Alarcón, juez subrogante del Juzgado de Instrucción 1 de Oberá.Mientras tanto, las actuaciones de la Dirección de Asuntos Internos y de la Unidad Regional II continuaban ayer en lo tendiente a establecer en qué tipo de faltas administrativas incurrieron los uniformados. Por eso es que ocho efectivos fueron sumariados y pasados a disponibilidad, entre ellos un médico de la UR-II.Lloret falleció en la noche del 27 de febrero y fueron sus familiares quienes denunciaron ante la fiscalía de Instrucción 1 de Oberá, a cargo de la doctora Myriam Silke, que sospechaban de una agresión policial.Entonces, la agente fiscal ordenó la exhumación del cadáver, que se realizó a las pocas horas, para una nueva autopsia. Ese examen habría arrojado como resultado “hematomas en distintas partes del cuerpo -que se corresponden con golpes-, fisuras en las costillas y pérdida de piezas dentarias”, razón por la que los policías fueron apartados.
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