LONDRES, Inglaterra (Agencias y diarios digitales). La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) constató en 2014 un deterioro de la situación que vive la población civil afectada por los diversos conflictos activos.En su informe anual sobre el estado de los derechos humanos, AI criticó ayer la inacción de los Gobiernos para proteger a los civiles y pidió una reforma del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para dar respuesta a situaciones de genocidio y “atrocidades”.Según los datos de la organización, cerca de quince millones de personas se vieron obligadas a desplazarse el año pasado para huir de la violencia, el mayor número de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial (1939-45).El secretario general de AI, Salil Shetty, sostuvo en la presentación del informe en Londres que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un órgano “creado para proteger a los civiles”, ha fallado en su cometido.“Los cinco miembros más poderosos del Consejo, los que tienen derecho a veto (China, Rusia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos), han abusado de su poder y su privilegio para promover sus propios intereses geopolíticos”, indicó.En concreto, el documento de la organización humanitaria cita las crisis de Siria, Irak, Gaza y Ucrania como situaciones en las que el Consejo de Seguridad ha evitado aportar soluciones debido a “intereses creados o conveniencias políticas”.Por esta razón, Amnistía promete adoptar “un código de conducta” para que los “miembros del Consejo de Seguridad renuncien voluntariamente a hacer uso de su derecho a veto para bloquear la acción del Consejo de Seguridad en caso de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad”.Esta propuesta no es nueva, pero Amnistía espera hacer avanzar la idea con el apoyo de sus siete millones de miembros en el mundo.“Al renunciar a su derecho a veto, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad ampliarían el margen de maniobra de Naciones Unidas y enviarían un mensaje a los responsables de las atrocidades masivas que el mundo no permanecerá con los brazos cruzados”, estima Shetty.Para Philip Luther, director para Oriente Medio y África del Norte de Amnistía, una renuncia de este tipo habría permitido, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional perseguir a los responsables de los crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad en Siria.La organización humanitaria puso el acento asimismo en la necesidad de restringir el comercio de armas en el mundo para evitar que caigan en “manos equivocadas” y se utilicen para vulnerar los derechos humanos.“Debemos proteger a los civiles, por supuesto, pero sin violar derechos fundamentales. Sabemos lo que pasó después del 11-S, las medidas draconianas que se tomaron, como la vigilancia masiva y la creación de la base de Guantánamo. Eso no debe volver a ocurrir”, señaló el secretario general de Amnistía.Para paliar una situación que corre el riesgo de agravarse si no se toman medidas urgentes, la organización urgió a los países ricos a asignar recursos políticos y económicos para ayudar y proteger a aquellos que huyen de los conflictos.“Los Gobiernos deben dejar de fingir que la protección de civiles no está a su alcance y ayudar a reducir el sufrimiento de millones de personas”, sostuvo Neistat, que urgió a los dirigentes mundiales a “asumir un cambio fundamental en su manera de responder a las crisis mundial”.Impunidad reinanteAmérica Latina sufre una “falta de justicia histórica” que permite que estados y criminales perpetren con impunidad crímenes contra los derechos humanos, señaló la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara. “Lo más preocupante en la región es el profundo nivel de impunidad que existe en cada uno de los países. Es un legado que hemos ido acumulando a través de los años y que hoy en día se refleja en sistemas de justicia debilitados, sin capacidad de proteger a los ciudadanos y ciudadanas”, expresó Guevara en la sede de la organización en Londres.En su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo durante 2014, Amnistía Internacional subraya el asesinato de 43 estudiantes en México el pasado septiembre, que “no sólo ha conmocionado a la sociedad mexicana, sino al planeta”, describió esta portavoz. “Resulta impactante que hasta el día de hoy nadie ha sido llevado ante la Justicia y acusado por los graves delitos contra esos estudiantes. Ese extremo refleja la realidad crítica que vive el país en materia de derechos humanos”, razonó Guevara. La experta de la organización humanitaria destacó además las desigualdades sociales y económicas que alimentan los conflictos y la violencia en el continente sudamericano. “Esa brecha tan agresiva entre pobres y ricos, en un contexto de corrupción e impunidad, lleva a la gente a salir a la calle para pedir a los estados que rindan cuentas y protejan sus derechos fundamentales”, explicó. Lejos de encontrar respuesta a sus demandas, la población encuentra “una contestación opresiva por parte de sus estados y violencia por parte de las fuerzas del orden público, ya sean policías o militares”, dijo Guevara. Entre las situaciones en las que se produjeron graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de protestas ciudadanas en 2014, la responsable de AI citó los casos de Brasil, durante las manifestaciones con motivo de la Copa del Mundo de fútbol, y Venezuela, en las marchas políticas a favor y en contra del Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Respecto a Brasil, que en 2016 acogerá los Juegos Olímpicos, Amnistía subraya que el Gobierno debe aclarar las denuncias sobre detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas que se produjeron a raíz de las manifestaciones de este año. “El Gobierno brasileño tiene mucho que aprender en vista de la respuesta militarizada que dio a las protestas. Tiene que garantizar el espacio democrático y la libertad de expresión”, argumentó Guevara. Según una encuesta que divulgó Amnistía Internacional este año, un 65% de los brasileños teme ser detenido porque cree que podría ser torturado, un dato que “refleja cómo las sociedades permiten la tortura y la normalizan”. La directora de AI se refirió además a Venezuela como uno de los ejemplos paradigmáticos de “reducción de espacio democrático” que se da en numerosos países de Am&am
p;eacute;rica Latina. En Caracas “parece que no hay espacio para la oposición, para la crítica frente a las políticas del Gobierno. En los últimos meses, hemos visto una serie de detenciones políticamente motivadas, como la del líder opositor Leopoldo López, del que hemos pedido claramente la liberación”, señaló. “El Gobierno de Venezuela tiene que garantizar el Estado de derecho. Tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que deben ser respetadas y debe someterse a las recomendaciones de órganos como las Naciones Unidas”, dijo Guevara, que lamentó la “falta de voluntad” del Ejecutivo de Maduro para cumplir esas pautas. Respecto a la práctica de la tortura en el continente, la directora de AI celebró que en América Latina y el Caribe se han hecho “grandes avances en las últimas décadas”.“Hoy en día no nos encontramos situaciones en las que la tortura sea una práctica sistematizada”, afirmó, si bien subrayó que en México, Brasil y Venezuela sí continúa siendo “generalizada en el contexto de las manifestaciones”.Es una “práctica permitida” por esos estados, dado que “no la previenen ni la sancionan, no envían una señal clara de que la tortura es un delito grave contra los derechos humanos. Es su responsabilidad prevenirla y responder frente a los casos que se producen”, afirmó.
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