POSADAS. El 4 de noviembre del 2014, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el decreto 1170/14 por medio del cual se ordenaba al Ministerio de Hacienda incrementar el presupuesto del Instituto de Previsión Social (IPS) para, entre otros temas, devolver el Iete (Impuesto Extraordinario y Transitorio de Emergencia) que se descontó a los trabajadores del Estado en la década de 1990, durante la administración de Ramón Puerta.En el mismo mes, el IPS envió una nota al Ministerio de Hacienda para solicitarle que remita “en forma perentoria los fondos para proceder a la liquidación y pago” del decreto.Entre los fundamentos del decreto se estableció que “se debe realizar el levantamiento de Residuos Pasivos Perimidos en relación al Expte. 726/09 Ref. Dr. Ricardo Martinez S/Débito Pago a Cta. Dto. 1996/99 por la suma de $1.604.000, para proceder al cumplimiento de lo dispuesto por Resolución N°804 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones”.Varios beneficiarios de esta medida se contactaron con PRIMERA EDICIÓN para manifestar su sensación de incertidumbre y solicitar, a través de este medio, que el Gobierno apure el pago de esa deuda, que ya tiene muchos años y que fue un manotazo al salario de los trabajadores, en aquel momento, de un porcentaje de 13%.Luego de la publicación del mencionado decreto no hubo novedad de parte del Gobierno, aunque en el medio transcurrió la feria administrativa de enero. Ahora los beneficiarios esperan que en el próximo mes, el organismo comience a depositar en sus cuentas lo adeudado.Según pudo averiguar este diario, desde el Gobierno explicaron extraoficialmente que el IPS pagaría todo lo acordado en el mencionado decreto a partir del próximo mes. “La primera parte se va a pagar con los haberes del mes de febrero”, explicó un funcionario, aunque no dio precisiones acerca de cuántas cuotas tendrá el pago.El Impuesto Extraordinario y Transitorio de Emergencia, conocido como Iete, fue un impuesto provincial que quitaba un porcentaje de entre el 11 y el 14% del salario de los docentes y trabajadores estatales de la provincia, con el objetivo de mantener el “déficit 0” y o superávit fiscal del Estado.





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