BUENOS AIRES (NA por Gabriel Profiti). El control de la calle y de la agenda fue una obsesión de los sucesivos gobiernos kirchneristas desde que Néstor Kirchner asumió en 2003 sobre las brasas de las manifestaciones populares que consumaron la caída de Fernando de la Rúa.Luis D’Elía, protagonista central de estas jornadas ajetreadas vinculadas con la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), Irán y la muerte del fiscal Alberto Nisman, suele recordar en privado que el ya expresidente le pidió contrarrestar una marcha de ruralistas enfervorizados con la resolución 125. “No se puede perder la calle”, le encomendó. La incursión callejera de D’Elía -al estilo D’Elía-, terminó con una piña a un manifestante, hecho por el que está procesado.El cinematográfico final de la resolución 125 con el voto no positivo de Julio Cobos sumió al Gobierno en un trance inicial -se barajó la posibilidad de “tirarles el Gobierno por la cabeza a los opositores”-, pero enseguida los Kirchner retomaron la iniciativa y anunciaron la renacionalización de Aerolíneas Argentinas.Aquella crisis del campo marcó una de las bisagras de este proceso, pero en definitiva era una pulseada por el reparto de riquezas (la soja estaba en 600 dólares la tonelada) y el Gobierno quería fijar retenciones móviles elevadas. Después hubo valles y picos -la muerte de Néstor, la reelección de Cristina, entre otras- hasta que el caso Nisman, con sus múltiples derivaciones, lo metió en un corral informativo y político justo en el inicio del último año de mandato K.La Presidenta no logró sortear el shock inicial por la muerte del fiscal que acababa de denunciarla. Publicó dos cartas contradictorias en Facebook y comenzó a revolear hipótesis sin reparar en su condición de jefa de Estado. Otras veces le había salido bien dar batalla, pero esta es otra historia.Así terminó moldeando la tesis de que a Nisman lo mataron sectores de inteligencia -en su último discurso apuntó a grupos internacionales- para perjudicar a su Gobierno.Paralelamente el Gobierno comenzó a apuntar todos sus cañones contra Diego Lagomarsino, el excolaborador de Nisman, quien admitió haberle prestado el arma que concluyó con la vida del fiscal.Lagomarsino fue acusado de ser un agente de inteligencia, opositor y con llegada al grupo Clarín. Incluso la Presidenta habló de que mantenía una relación “íntima” con Nisman. Pero por ahora la fiscal interviniente, Viviana Fein, lo imputó sólo por el delito de haber prestado el arma a quien no era su titular.El ingeniero informático contrató a un abogado caro, Maximiliano Rusconi, y rompió el silencio, aunque no aclaró algunas dudas, como si efectivamente Nisman le transmitió que el exhombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) Antonio “Jaime” Stiusso le dijo que cuidara a sus hijas. La hipótesis del crimen también es sostenida por la familia y quedó claro en la ceremonia de despedida del fiscal cuando su exesposa, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, dijo que tenía certeza de que la muerte había sido “obra de otras personas”. Sin embargo, la fiscal Fein por ahora no encontró elementos para sostener la teoría del homicidio. De hecho, el resultado de una pericia arrojó que en el lugar donde el fiscal Alberto Nisman apareció sin vida sólo había rastros de ADN correspondientes a su perfil genético.Diversificar la agendaEn los últimos días, Cristina Kirchner buscó diversificar la agenda política y mediática con la apertura de debates en el Congreso y noticias favorables. Se acumulan en esa serie, el envío al Congreso de un proyecto para disolver la Secretaría de Inteligencia y crear una Agencia Federal de Inteligencia (AFI); la propuesta del joven penalista -muy cercano al Gobierno- Roberto Carlés para completar la Corte Suprema de Justicia y el anuncio de un aumento de jubilaciones de 18,26%, por encima del que se venía dando semestralmente.Una semana en China, blindando reservas y anunciando inversiones, seguramente permitirá al Gobierno contrarrestar las derivaciones del caso Nisman. La polémica por la designación de Carlés -comparado con el frustrado procurador Daniel Reposo por su kirchnerismo declarado- ingresará al Senado, donde se necesitan dos tercios para su aprobación, mientras que la creación de la AFI también generará cruces picantes entre oficialismo y oposición en las próximas semanas, pero no resultará sencillo sacar de cartel a Nisman.“Ya el primer día, el nivel de conocimiento del caso superaba el 98%, lo cual es mucho”, aseguró la socia de la consultora Management & Fit, Mariel Fornoni, con relación a la muerte del fiscal.La firma agregó que en ese relevamiento se registró que “poca gente creía que el caso iba a ser aclarado” y el 84% contestó que en alguna medida el caso iba a afectar la imagen de la Presidenta.A la causa por la muerte se le sumará ahora el inicio de la investigación de la denuncia por encubrimiento que presentó Nisman. El juez federal Ariel Lijo debe definir si acepta tomarla o si la devuelve a la Cámara Federal para que intervenga otro magistrado, que es lo más probable.En ambos casos se vislumbra un calvario para el Gobierno sin esclarecimiento rápido. Nisman no era un intachable dentro de la Justicia, pero había recolectado apoyos y prestigio por su empeño en el trabajo. Su muerte retumba como un magnicidio. Semana de definiciones en la causa que inició Nisman contra CristinaLa feria judicial terminó y una de las primeras decisiones del 2015 será el curso de la denuncia hecha por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de los sospechosos iraníes del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) en julio de 1994.Fuentes judiciales informaron a NA que el juez federal Ariel Lijo ya evalúa que otro magistrado sea quien se haga cargo de la causa, aunque esta misma semana iniciará los pasos habituales que se activan ante cada presentación. La denuncia hecha por Nisman fue presentada el 14 de enero pasado y él optó por hacerlo en el juzgado de Lijo, pues éste viene investigando supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la Amia, de la cual una parte sigue en curso y otra ya está en etapa de juicio oral y público con el expresidente Carlos Menem como principal imputado. Para ese entonces y antes de que Nisman fuese encontrado sin vida en su departamento, el magistrado
estaba de licencia y lo reemplazaba María Servini de Cubría: ella había resuelto no habilitar la feria judicial para tratar este expediente.Pero la muerte del titular de la Unidad Especial Amia precipitó los hechos: Lijo regresó abruptamente de sus vacaciones y se hizo de la denuncia de unas 300 carillas y de las escuchas, unas 5 mil horas en total, con las cuales el fiscal basó su denuncia.No obstante, el juez resolvió no habilitar la feria y posponer para febrero la definición sobre quién debía ser el juez que la investigara.Según adelantaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, en los primeros días de esta semana el juez le correrá vista al fiscal federal Ramiro González: esto es, le pedirá opinión sobre si por “conexidad” la causa se la deben quedar ellos o, caso contrario, enviarla a la Cámara Federal para que por sorteo se determine qué juez deberá intervenir.Si bien Lijo aguardará la opinión del fiscal -la cual no es vinculante- fuentes del caso aseguraron a esta agencia que el magistrado ya evalúa enviarla a la Cámara Federal para que otro juez sea el que la investigue, al considerar que se trata de un hecho distinto al que él lleva adelante.Incluso, las fuentes consultadas aseguraron que en esta etapa incipiente de la causa no será necesaria una revisión exhaustiva de las 5 mil horas de escuchas telefónicas aportadas por Nisman, sino que es algo que podría ir analizándose con el correr de los días.En el tramo que viene investigando, Lijo apunta la investigación -tal cual se lo ordenó la Cámara Federal- a exsecretarios del exjuez Juan José Galeano, el que investigó el caso Amia tras producirse el atentado contra la mutual judía; y el exministro del Interior menemista Carlos Corach. Nisman denunció que la Presidenta, el canciller Héctor Timerman, el dirigente kirchnerista Luis D’Elía, el líder de Quebracho Fernando Esteche y el exjuez Héctor Yrimia serían parte de un entramado para encubrir a los cinco exfuncionarios iraníes sospechados de haber perpetrado el ataque terrorista el 18 de julio de 1994.También involucró al dirigente islámico argentino Jorge “Yussuf” Khalil, quien sería una suerte de representante de los iraníes en Buenos Aires, y sobre quien pesan escuchas telefónicas con el líder del Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social (Miles) en las que se refieren a la aprobación del Memorándum de Entendimiento con Irán.Denuncia eclipsadaLa Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) advirtió ayer que “todavía quedan muchas dudas” sobre la muerte del fiscal especial Alberto Nisman y señaló que eso perjudicó a la investigación por el atentado a la Amia.Luis Czyzewski, de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la Amia, afirmó que “la muerte del fiscal eclipsó su denuncia” contra la jefa de Estado que la acusaba por haber buscado fabricar la inocencia de Irán.“Lo que sabemos es que (Nisman) murió después de la denuncia que había hecho, de una gravedad inusitada, y esa gravedad fue potenciada por la reacción del Gobierno, que reaccionó como no debía reaccionar, desacreditando a la persona que hizo la denuncia”, expresó Czyzewski, padre de una joven que integra la lista de 85 muertos en el atentado perpetrado en 1994.
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