GUERRERO, México (Agencias y diarios digitales). La fiscalía mexicana aseguró por primera vez que tiene “certeza legal” de que los 43 estudiantes que desaparecieron en septiembre en Iguala (sur) fueron asesinados por sicarios del narcotráfico, pese a que sólo uno de ellos ha sido identificado mediante pruebas de ADN. Los avances de la investigación nos dan la “certeza legal de que los normalistas (estudiantes) fueron muertos en las circunstancias descritas”, dijo el fiscal general, Jesús Murillo Karam, responsable de investigar este crimen que conmocionó al país y la comunidad internacional.Las declaraciones del casi centenar de detenidos, los 487 peritajes y elementos materiales permitieron “llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, en ese orden”, afirmó Murillo Karam en una conferencia de prensa.“Es la verdad histórica”, recalcó el fiscal, que presentó un video con testimonios de detenidos e imágenes de las pesquisas en el terreno.Hasta ahora, la fiscalía consideraba oficialmente como desaparecidos a los jóvenes aunque ya había apuntado que probablemente fueron masacrados.De acuerdo con la reconstrucción oficial, los estudiantes de la comunidad de Ayotzinapa (Guerrero) fueron atacados a tiros la noche del 26 de septiembre por policías locales corruptos en la cercana Iguala, a dónde habían llegado para recaudar fondos para su escuela rural de magisterio.Tras el ataque, que dejó seis muertos, 43 estudiantes sobrevivientes fueron entregados por policías a sicarios del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron en un apartado basurero de la vecina localidad de Cocula, los incineraron en una gigantesca hoguera a 1.600 grados centígrados y arrojaron sus restos al río, siempre según la reconstrucción de la fiscalíaPor el momento, expertos de un prestigioso laboratorio de Austria sólo han identificado los restos mortales de uno de los estudiantes.Los otros 16 restos que se enviaron a Austria se encuentran tan calcinados que el laboratorio no pudo extraer suficiente ADN para las identificaciones y ahora les aplicará una técnica que conlleva el riesgo de que se consuman definitivamente. Los padres de las víctimas se niegan a creer la versión de la fiscalía y temen que el Gobierno pretenda echar el cierre a un caso que generó multitudinarias manifestaciones en México y reclamos internacionales al presidente Enrique Peña Nieto.“Hay muchas inconsistencias en la versión del procurador” (fiscal), se limitó a decir a la AFP Felipe de la Cruz, vocero de los padres, que emplazó a una próxima rueda de prensa.Los familiares y grupos sociales que les apoyan han tratado de mantener la presión sobre el Gobierno para que siga buscando vivos a los jóvenes.El lunes, al cumplirse cuatro meses del crimen, los padres lideraron una nueva marcha con miles de personas en Ciudad de México.“El Gobierno está tratando de darle salida al caso. La lógica indica que están muertos pero que no se encuentren los cuerpos complica probarlo. Están tratando de que los padres asimilen la realidad de que sus hijos están muertos”, dijo a la AFP el experto en seguridad Raúl Benítez Manaut.Hasta ahora, la fiscalía tampoco había manifestado su completa seguridad con respecto al móvil de la presumible masacre.Este martes, sus responsables dijeron que Felipe Rodríguez alias “El Cepillo”, detenido el 15 de enero, dio un testimonio “clave” que corrobora la hipótesis de que los estudiantes fueron señalados de ser miembros de Los Rojos, una banda rival de Guerreros Unidos.En sus declaraciones, algunos detenidos dijeron que había al menos tres “infiltrados” de Los Rojos entre los estudiantes, de lo cual la fiscalía no tiene pruebas.“No hemos podido determinar que (los estudiantes) fueran parte de ningún grupo delictivo. Yo creo que al contrario”, recalcó Murillo Karam.Según la fiscalía, “El Cepillo” era el jefe de sicarios de Guerreros Unidos en la zona y quien dio la orden de asesinar a los jóvenes e incinerarlos.La fiscalía presentará cargos por homicidio contra “El Cepillo” y otros supuestos responsables con penas de hasta 140 años de prisión.Al detenido alcalde de Iguala, José Luis Abarca, señalado de dar la orden inicial de atacar a los estudiantes, se le acusa de ser uno de los líderes de Guerreros Unidos.Minutos antes de la conferencia, Peña Nieto defendió en un evento público el “esfuerzo sin precedentes” de su gobierno para determinar lo que ocurrió en Iguala y para aplicar justicia. “Estoy convencido de que este momento de la historia de México de pena, de tragedia y de dolor no puede dejarnos atrapados, no podemos quedarnos ahí”, pidió el presidente.
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