POSADAS. La empleada del Concejo Deliberante que reclama el pago de un juicio ganado y que realiza un acampe frente al edificio hace casi dos meses denunció que está sufriendo presiones por parte de las autoridades del cuerpo.Se trata de Mima Sequeira, quien tiene una sentencia judicial a favor por un reclamo laboral que ordena indemnizarla por el monto acumulado de dos categorías que le habían ascendido en el año 2006 y luego le quitaron, por lo tanto no las cobró. Es empleada de planta del Concejo y reclama el monto equivalente a poco más de 260 mil pesos según explicó su abogada, Carina Castillo.La letrada dijo ayer a PRIMERA EDICIÓN que Sequeira endurecerá su reclamo cortando todos los días la esquina de las calles Bolívar y Rivadavia, desde las 11, en protesta porque no le pagan el juicio ganado y porque la están presionando para doblegarla y hacer que abandone su accionar.Sequeira ganó un juicio que incluye a otras 26 personas que también deberían cobrar una suma similar, pero que no participan de la protesta porque “tienen parientes o familiares contratados”, agregó la abogada que aseguró que “en silencio, por lo bajo, los otros afectados apoyan el reclamo”. El Concejo Deliberante argumenta que el Municipio se encuentra en emergencia económica y por ello desobedece el fallo de la Justicia.Castillo contó que “en principio teníamos un canal de comunicación con la presidenta del Concejo Deliberante, Maggie Solari, a través del secretario del cuerpo, pero después desaparecieron y nadie más nos atendió”.“Lo que ocurrió ahora es que los empleados más cercanos a la presidenta la maltratan, la insultan y le quitaron la tarjeta para marcar, ella estaba marcando entrada y salida, como tiene problemas de salud estaba afectada a tareas pasivas, pero ahora no puede marcar la tarjeta porque se la quitaron. Además la intimaron a que se presente al Concejo a realizar tareas, pero ella está realizando una protesta en su legítimo derecho”, enfatizó.“Lo que están haciendo las autoridades del Concejo Deliberante es violencia institucional, es persecución política a una trabajadora que ganó un juicio donde ya no se puede apelar porque no hay instancia superior, es desobediencia judicial lisa y llana. Ella igual seguirá hasta las últimas consecuencias”, culminó la abogada de la empleada.
Discussion about this post