BUENOS AIRES (DyN-NA). La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recibió en las últimas horas tres denuncias penales en su contra por el nombramiento de 16 fiscales subrogantes de la entidad oficialista “Justicia Legítima” que realizó a fin de año.Fuentes judiciales informaron a DyN que las denuncias fueron presentadas en los tribunales de Comodoro Py 2002 por el dirigente peronista y empresario Juan Ricardo Mussa -titular de la ONG “Paso por Paso Argentina”-; el abogado vinculado al PRO Santiago Dupuy de Lome y el presidente de la ONG “Ciudadanos Libres”, José Magioncalda.Gils Carbó fue denunciada por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos e instigación a cometer delitos, entre otros.La procuradora designó a fin de año a 16 de los 17 fiscales generales nuevos en todo el país que creó el renovado Código Procesal Penal, que todavía no entró en vigencia.Además, nombró a dos fiscales federales subrogantes en los tribunales de Comodoro Py.Las designaciones más polémicas fueron las de Miguel Ángel Osorio y Miguel Palazzani como fiscales subrogantes ante la Cámara Federal porteña, el tribunal que define las causas por corrupción contra funcionarios nacionales.“Las designaciones de fiscales previstas en el Anexo II no están destinadas a funcionar con el Código vigente, sino a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación”, sostuvo Magioncalda en su denuncia.La designación de funcionarios en los nuevos cargos de fiscal, debiera obedecer, también, a las necesidades derivadas de la futura implementación del nuevo Código, no a las necesidades que el Ministerio Público Fiscal pudiera presentar respecto de la implementación del Código que rige actualmente”, ejemplificó.“No obstante lo dicho, la procuradora general de la Nación, en las resoluciones por las cuales designa fiscales ‘subrogantes’ para poner en funcionamiento las nuevas fiscalías, motiva sus decisiones en la necesidad de establecer una adecuada distribución del trabajo, y así posibilitar un mayor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles”, agregó.Según el denunciante, el procedimiento establece que la designación de fiscales es “por concurso, con la posterior elevación de ternas a la Presidenta de la Nación, para la designación del candidato que corresponda a cada terna por parte del Poder Ejecutivo Nacional”, y que “en los casos de autos no existe urgencia ni situación de excepción alguna que justifique eludir los pasos constitucionales y legales para designar a un determinado fiscal”.“El solo calificativo de ‘subrogante’ que Gils Carbó aplica a los fiscales designados resulta improcedente en estos casos”, determinó.“El proceder abusivo de la procuradora general de la Nación, aquí reseñado, le permite decidir quién y hasta cuándo está a cargo de impulsar una causa. Esto no sólo es ilegal e inconstitucional, sino que abre la puerta para la consolidación de un régimen cada vez más autoritario”, agregó.Por su lado, Mussa acusó a la procuradora de “instigación a cometer delitos a profesionales del estudio del Derecho”, al hacerlos “asumir cargos en forma totalmente irregular”. Ello, dijo, “los hace (a los nuevos funcionarios) cómplices de gravísimos delitos que pretende encubrir la denunciada”. La presentación de Mussa quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadío, actual “enemigo” judicial del Gobierno.En tanto, la denuncia de Dupuy de Lome recayó en el juzgado de Ariel Lijo y la de Magioncalda en el de Norberto Oyarbide. Impulsan juicio político Los legisladores Adrián Pérez y Graciela Camaño adelantaron que presentarán en el Congreso un pedido de juicio político contra la procuradora por mal desempeño en sus funciones.“La última designación masiva de fiscales afines al Gobierno y el desplazamiento de otros de forma arbitraria demuestra que el interés de Gils Carbó no es el de proteger los intereses del Estado y sus ciudadanos, sino los del Gobierno que la designó. Actúa más como un comisario político que cómo una funcionaria de la República”, resaltaron en un comunicado.En tanto, la diputada de Unión PRO Patricia Bullrich anticipó que también realizará una denuncia, al evaluar que “la designación de fiscales truchos es un intento más dentro de la estrategia kirchnerista de dominar y colonizar a la Justicia”.
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