POSADAS. Desde el Partido Agrario y Social (Pays) advirtieron ayer que el Ejecutivo capitalino y sus funcionarios estarían “incumpliendo deberes” y quedarían al borde de la comisión de delitos contra la administración pública si avalan un nuevo aumento del boleto de transporte urbano sin antes haber fundado el rechazo o falta de consideración de las conclusiones y observaciones emitidas por los ciudadanos en la audiencia pública que se desarrolló en Posadas el pasado 28 de noviembre. Es que “si bien la instancia no es vinculante (no obliga al Ejecutivo), el artículo 47 de la Carta Orgánica (COM) establece que sí los alcanza la obligatoriedad de explicar porqué no atendieron los múltiples planteos técnicos y jurídicos que se oponen a un nuevo atropello del grupo monopólico que explota el servicio en el área metropolitana”, señaló el titular del Pays, Isaac Lenguaza.Sostuvo que el referido artículo de la COM establece taxativamente que “las conclusiones y observaciones que se formulen en las audiencias públicas no tendrán carácter vinculante, pero su rechazo o falta de consideración deberá ser fundado”.Por lo tanto, el anuncio del nuevo aumento que en principio comenzaría a regir desde el 2 de enero “es ilegítimo y podría conllevar las conductas castigadas por los artículos 248 y 249 del Código Penal, que reprimen el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos”.Si bien aún resta la confirmación oficial del aumento mediante la publicación de los instrumentos legales, las versiones no negadas por los funcionarios de Transporte de la provincia y de los gobiernos municipales de Posadas, Garupá y Candelaria indican que a partir del 2 de enero, con Sube, el boleto pasará de $4,25 a $5,10 en Posadas, a $6,60 en Garupá y a $7,80 en Candelaria, mientras que aquellos usuarios que no posean la tarjeta pagarán $8 en Posadas, $10 en Garupá y $12 en Candelaria. El nuevo cuadro tarifario volvería a tener un incremento en julio, completándose una suba de casi 32% respecto al corriente año en el servicio, es decir, apenas un 8% menos que lo pretendido por las empresas.“Es gravísimo el aumento anunciado y no negado, tanto como lo es que no hayan explicado punto por punto por qué no atendieron las razones expuestas en la audiencia pública. Tienen que fundar, y fundar no es cualquier cosa: es detallar punto por punto que para el Ejecutivo es mentira lo que expresamos los ciudadanos, tienen que explicar que para ellos cada uno de los incumplimientos del servicio denunciados no existen o no revisten gravedad, y tienen que explicar por qué se justifica en el área metropolitana un boleto más caro que en el resto de las ciudades argentinas. Y lo tienen que hacer puntual y documentadamente, no en forma genérica. Sin esto, se configuraría el incumplimiento”, señaló Lenguaza.“Números ilegítimos”En tanto, la periodista e integrante del Pays Mónica Santos, también participante de la audiencia pública del 28 de noviembre, dijo que “expusimos la ilegitimidad de los números relacionados a la cantidad de pasajeros que se manejan oficialmente porque provienen de las propias empresas concesionarias, lo que hace sospechar de su veracidad. Demostramos que las empresas se controlan a sí mismas porque la firma Servicios Urbanos SA fue creada en 2007 con fondos de las empresas Tipoka, Don Casimiro y Nuestra Señora del Rosario, lo que consta en el acta de fundación del Registro Público de Comercio cuya copia mostramos en la audiencia”.Para Santos, “el Poder Ejecutivo Municipal tendrá que demostrar que esto no es así, que no es cierto lo que se expresó, que las empresas no se controlan a sí mismas y lo tendrán que hacer con documentos. Si no lo hacen, están incumpliendo lo que les manda la Carta Orgánica, estarían fundando sobre falsedades el nuevo aumento del boleto”. “Tolerar incumplimientos roza la complicidad”Lenguaza expuso en la Audiencia Pública que la no habilitación de la segunda estación de transferencia sobre la avenida Quaranta es, de por sí, justificativo suficiente para no avalar un nuevo aumento del boleto, ya que su inexistencia perjudica en forma directa a 60 mil usuarios que deben pagar dos boletos si quieren trasladarse, por ejemplo, desde Itaembé Miní a Villa Cabello o Villa Lanús.“Los reclamos formales de una segunda estación comenzaron en 2008, se licitó en 2011 con un presupuesto de siete millones de pesos, se adjudicó a la firma que iba a hacer las obras en Vialidad, se anunció que las empresas debían encarar las obras civiles y no pasó nada. En 2013 la Municipalidad ‘intimó’ a las prestadoras a realizar las obras y tampoco pasó nada. Si pueden esperar con paciencia y tolerar el incumplimiento en una conducta rayana en la complicidad, sin que les importe el perjuicio para los usuarios, lo justo sería que las empresas esperen con la misma paciencia un nuevo aumento hasta cuando cumplan con sus obligaciones”, finalizó.
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