POSADAS. Por disposición del Juzgado de Instrucción 7, recuperaron en las últimas horas su libertad los tres detenidos bajo sospecha de integrar la banda acusada de falsificar oficios judiciales en esta capital para “legalizar” automóviles robados en Buenos Aires, señalaron fuentes oficiales. Se trata de los mismos que la semana pasada comenzaron una huelga seca -no consumían líquidos- en reclamo de agilidad a la Justicia.El caso salió a la luz a principios de noviembre pasado, cuando el magistrado del mencionado Juzgado, Carlos Giménez, ordenó una serie de allanamientos que derivó en cinco detenciones y el secuestro de varios automóviles que circulaban con oficios truchos en los que constaban firmas falsificadas de distintos jueces de la Primera Circunscripción Judicial. Los presuntos integrantes de la banda fueron recuperando la libertad, hasta que finalmente la investigación quedó sin detenidos, aunque seguirá avanzando, en virtud de que los involucrados continuarán supeditados a la causa. Cabe recordar que el primero en ser excarcelado fue un sujeto de 32 años. Este individuo -señalado por los investigadores judiciales como el presunto cabecilla de la organización- está imputado por el delito de “falsificación de instrumento público”.Luego corrió igual suerte un productor de seguros, quien también estaba bajo la lupa en esta causa. Mientras que ahora quedaron en libertad los dos responsables de la serigrafía céntrica allanada por las autoridades al comenzar la investigación, como así también un familiar de éstos. Los primeros son investigados por “facilitación y utilización de instrumentos públicos”, en tanto que al tercero se lo investiga por “encubrimiento”. A entender del mencionado juez, estos individuos pueden permanecer en libertad porque cesó el riesgo procesal y no hay peligro de que entorpezcan la investigación o se fuguen.Los acusados tienen que cumplir con ciertos requisitos que les exigió la Justicia, como ser la restricción de salir de la provincia y presentarse en la comisaría que corresponde a la jurisdicción de sus domicilios cada quince días. La maniobra y presuntos roles Según la investigación, esta organización operaba desde 2011, cuando la Justicia Penal efectuó un control y monitoreo de cuántos automóviles había en plaza cedidos en depósito judicial a terceros. Se cotejó el pago del correspondiente “seguro” por parte del adjudicatario y el vehículo volvía a sus manos. Uno de los beneficiados habría sido un allegado a los juzgados de Instrucción, que explotaba el estacionamiento ubicado en la esquina de las calles Buenos Aires y Santa Fe, donde además poseía un lavadero de autos (se trata del supuesto cabecilla). Este hombre habría sido uno de los primeros impulsores de la maniobra, en sociedad con el propietario de una tienda de modas ubicada a la vuelta de los juzgados penales de calle Santa Fe. Fue el inicio de una operación delictiva que a medida que avanzó la investigación terminó con cinco detenidos. Se cree que comercializaron numerosos vehículos. Hasta ahora se incautaron por orden judicial seis rodados.
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