BUENOS AIRES (DyN). El juez Ariel Lijo, que investiga al vicepresidente Amado Boudou por la causa Ciccone y por supuesto enriquecimiento ilícito, fue “retado” por un tribunal ad hoc de la Cámara Federal en el marco de la investigación abierta por el encubrimiento del atentado contra la Amia.El juez Lijo fue amonestado por haber entendido que no había pruebas contra el exministro del Interior Carlos Corach, el mismo al que en los años ‘90 se le atribuyó jactarse de controlar a los jueces de Comodoro Py y de escribir sus nombres en una servilleta.También se lo retó por haber entendido que los secretarios de la causa Amia que intervinieron en el momento de las irregularidades de la causa sólo cumplieron órdenes de quien era el jefe de la investigación, el destituido juez Juan José Galeano.Fue la hoy presidenta Cristina Fernández la que, siendo integrante de la comisión bicameral que investigó los atentados de la embajada de Israel y de la Amia, la que respaldó -casi a título personal- los dichos del entonces prosecretario de la causa Amia, Claudio Lifschitz.Y quien se enfrentó a Galeano pidiéndole explicaciones de la causa cuando todavía el juez recibía el respaldo de sus superiores sobre la orientación de la causa.Hoy, más de diez años después de aquella reunión caliente en los tribunales federales, Galeano fue destituido y espera el juicio oral, mientras que Cristina, como jefa de Estado, enfrenta a lo que ella ha denominado a los “sicarios mediáticos y secuaces judiciales” por la “persecución y hostigamiento” contra miembros del Poder Ejecutivo.A su lado estaba sentado el vicepresidente Boudou, quien la semana pasada fue enviado a juicio oral por el juez Claudio Bonadío, quien -a su vez- también investiga a la empresa Hotesur, propiedad de la familia presidencial.Bonadío mandó a juicio a Boudou por los papeles truchos de un auto, mientras que su colega Lijo fue el primero que lo procesó por “negociaciones incompatibles con la función publica y cohecho” en la causa Ciccone, en un fallo que -se cree- sería confirmado en los próximos días por la Cámara Federal.En medio de esas noticias que preocupan al oficialismo, un tribunal ad hoc que, desde hace años, revisa las irregularidades cometidas en la causa Amia, decidió reprender en duros términos a Lijo.Y también ponerle un plazo de quince días (antes de fin de año) para que cumpla con una serie de diligencias en una causa que “tiene 92 cuerpos, con múltiples incidencias ya resueltas, ligado a causas conexas pero no acumuladas materialmente y que ya lleva más de diez años de trámite”.
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