POSADAS. La causa que investiga el brutal homicidio del albañil Carlos Raúl Guirula, acaecido durante la madrugada del 19 de julio pasado, regresó ayer al Juzgado de Instrucción 1 procedente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional de la provincia, que confirmó las acusaciones contra los once policías involucrados en el hecho, con distintos grados de responsabilidad.Ahora, el juez Marcelo Cardozo deberá continuar con la pesquisa con el objetivo de cerrar la etapa de investigación y remitir el expediente a la fiscal Amalia Benedicta Spinnato para que formule el requerimiento de elevación a debate oral y público.Entre otros elementos, el magistrado aguarda el resultado de las pruebas de ADN para determinar, en forma fehaciente, si las manchas aparecidas en los uniformes de los policías se corresponden con el patrón genético de Guirula.El informe de autopsia fue concluyente respecto a la ferocidad con que atacaron al trabajador de la construcción. Guirula tenía nueve costillas rotas, hemotórax, aplastamiento de pecho y traumatismo de cráneo.Para la Justicia, la agresión comenzó en el motel de Andresito y Santa Catalina y recrudeció camino a la comisaría Decimotercera, donde arribó sin signos vitales, según las pesquisas. Once uniformados camino a debate oralCarlos Guirula murió en la madrugada del 19 de julio pasado. Lo arrestaron en un motel de la avenida Andresito porque se negó a pagar una botella de whisky y llegó a la comisaría seccional Decimotercera sin vida.Seis policías se encuentran privados de su libertad, aunque cinco son los que están en esa situación por el delito más grave: tortura seguida de muerte, que prevé la pena a prisión preventiva. Ellos son Lourdes Tabares, Claudio Marcelo Servián, Lucas Nahuel Saravia Allosa, Ricardo Rafael Escobar y Carlos Alberto Da Silva.El sexto, Carlos Alberto Sidorak, imputado por omisión funcional de evitar torturas, está encarcelado porque la Justicia entiende que hay riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.El resto de los policías se encuentra en libertad, aunque encausados: Jorge Barrios (26), Jorge Marcelo Bogado (27) y Sergio Damián Recalde (30), todos ellos por omisión de denunciar torturas; Javier Olmedo (28) y José Antonio Velozo (53), por encubrimiento. Tras la confirmación de la Cámara de Apelaciones, las respectivas defensas tienen una instancia más para recurrir: un planteo de casación ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ). De no haber contratiempos, todo indica que el caso se ventilará en audiencias públicas.
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