POSADAS. El representante del Ministerio Público, el fiscal Juan Stuber, solicitó ayer una pena de prisión de cuatro años y medio para el prefecturiano Jorge Lezcano (44) y de cuatro años y tres meses para Hugo “Tyson” Alfonso (36), por el delito de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas”, además de la inhabilitación por siete años (para ambos) para ocupar cargos como empleados públicos. Fue en el marco de los alegatos por el juicio oral y público que se le sigue a los dos acusados por la “Tragedia del Paraná”, ocurrida el 16 de enero de 2010 y donde fallecieron ocho deportistas. También, y dentro de la etapa de conclusiones, que comenzó ayer en la sala de audiencias del Tribunal Federal de Posadas, el abogado querellante Rodrigo Bacigalupi solicitó la máxima pena para este tipo de delitos, es decir cinco años de cárcel. Cabe recordar que el prefecturiano estuvo a cargo del operativo en aquella fatídica jornada, mientras que “Tyson” Alfonso fue el organizador de la competencia. “Culpas acreditadas”El fiscal Stuber relató los pormenores del día del hecho, haciendo hincapié en que “la culpa de ambos imputados está acreditada, teniendo en cuenta que al tener un mayor conocimiento del río tendrían que haber advertido a los deportistas de la presencia de las barcazas en la cancha de nado”. Además agregó que lo correcto hubiera sido que “recorran la zona y de esta manera detectar el potencial peligro de las formaciones y prevenido la pérdida de vidas humanas. Proteger esas vidas en dicho evento era su obligación”.El representante del Ministerio Público construyó cada punto de su acusación basado en testimonios escuchados durante el juicio, por lo que se desprendió de los tecnicismos judiciales para pasar a un campo más práctico. Esto hizo que sus conclusiones fueran más contundentes. De esta manera apuntó a que hubo “negligencia, imprudencia, desconocimiento, que causó la muerte de ocho personas. En el caso de Alfonso era un hecho que estaba al frente de la Asociación Mercosur de Aguas Abiertas y que llegó a la presidencia de esa organización en forma irregular: cuando el titular saliente se retiraba del cargo, preguntó quien se quería hacer cargo y él dijo que tomaba la posta”. Luego, y en base a las documentaciones que obran como evidencias, Stuber explicó cuál fue el rol de Alfonso en la organización: “Envió notas a distintas entidades, salió en los diarios, es decir, que organizó el cruce en carácter de presidente. Era la cara visible y confiaban en él porque era conocido de muchos competidores”.“Incluso desoyó las sugerencias del anterior presidente de la citada asociación, Pedro González, de que necesitaba más embarcaciones de apoyo, más salvavidas circulares. Esto hizo que González se alejara y se separara del carácter de colaborador. Había improvisación a tal punto que el día del hecho nadie entendía la charla técnica de Alfonso y se hizo cargo (Mauro) Bacigalupi de dirigirse a los nadadores. Por su parte, varios de los palistas que acompañaban se sorprendieron de que no hubo charla técnica para ellos. Las situaciones lo superaban a Alfonso y él las dejaba pasar. No marcaron la cancha de nado o el canal con boyado, tampoco la presencia de las barcazas u otros obstáculos, como se hace en casi toda la región en este tipo de eventos. No hubo aviso, ni previsión”, resumió. El prefecturianoCon respecto a Lezcano, el fiscal dijo que “este hombre insiste en que había llegado a Misiones hacía 16 días y no se preocupó por pedir sugerencias a otro camarada de la fuerza con más experiencia en este tipo de competencias. Prefectura no hizo un despliegue suficiente de medios, no hizo controles efectivos a los palistas y nadadores. En las fotos y videos se nota que hay piragüeros sin chalecos salvavidas, es evidencia de que no hubo controles estrictos. Era obligación de Prefectura exigir la utilización de estos elementos de seguridad. Quedó probado que los prefecturianos que intervinieron tenían poca capacitación para situaciones de riesgo, algunos no sabían hacer reanimaciones a las víctimas. Además del poco conocimiento de las barcazas y el peligro que representaban”. “Uno de los jet ski de Prefectura tuvo un desperfecto mecánico y llegó cuando la situación en las barcazas ya había comenzado. Ambos imputados, que tenían un mayor conocimiento standard que los competidores, omitieron informar de la presencia de las barcazas”, acusó. Máxima pena La querella a cargo del abogado Rodrigo Bacigalupi pidió, al cierre de esta edición, “cinco años de prisión para ambos imputados con inhabilitación por diez años para ocupar cargos como empleados públicos”, es decir, la máxima pena para el delito por el cual se los juzga (homicidio culposo). En su alegato, el letrado indicó que hubo negligencia por parte de la organización del evento y de Prefectura, falta de coordinación de esta fuerza con la Armada paraguaya, escasez de medios y recursos humanos, que -apuntó- no eran suficientes para cubrir el evento. Cuestionó además que solamente nueve prefecturianos navegaron en tres embarcaciones y calificó como “muy criticable” que fuera afectada a la seguridad de 150 participantes, entre nadadores y piragüeros solamente, esta cantidad de efectivos. Anoche el Tribunal Federal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy a las 8.30, para seguir escuchando los alegatos, esta vez de los abogados de los imputados y de los querellantes Eduardo Paredes y José Luis Rey, que quedaron pendientes. Luego serán las réplicas y las dúplicas. “Pediré la absolución”“Fue un hecho muy lamentable. Murió una cantidad de personas que puso de luto a la sociedad y a las familias de las víctimas. En ese marco, la Prefectura se siente integrante de esa comunidad. En mi alegato explicaré la mecánica de este accidente. Mi defendido fue herido en su susceptibilidad por los reclamos que hubo hacia Prefectura. Pero acá se le achacó todo a una persona, no hubo acto imprudente o negligente. Su declaración fue auténtica. Se debe resolver los límites geográficos y en función de la mecánica del accidente no se lo pudo haber previsto. Las barcazas siempre estuvieron ahí”. Lo dijo ayer el
abogado de Lezcano, el letrado Juan Carlos Maggi, anticipando que pedirá la absolución del prefecturiano. “Convencido de su inocencia”Por su parte, el letrado Eduardo Mouesca (en la foto junto a su defendido), adelantó ayer que está convencido de la inocencia de Hugo “Tyson” Alfonso y destacó que “su ampliación de la declaración fue muy precisa y aclaró muchos puntos que el Tribunal y algunas de las partes no tenían muy en claro”. Luego el abogado consideró que “Alfonso debe ser absuelto” y resaltó que la labor del cuerpo tribunalicio durante el debate fue “muy mesurada, con capacidad e inteligencia, como es de práctica, y con armonía con otras partes y representantes del Ministerio Público Fiscal”.
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