BUENOS AIRES (DyN). Un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) entregó ayer a la justicia las declaraciones juradas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de su fallecido esposo, Néstor Kirchner, de sus hijos Máximo y Florencia, y del empresario Lázaro Báez.Fuentes judiciales informaron que el emisario del titular del organismo recaudador Ricardo Echegaray se presentó en el juzgado federal de Claudio Bonadio y dejó los documentos que el magistrado había mandado a buscar el jueves mediante un allanamiento en la Afip.Efectivos de la Policía Metropolitana fueron comisionados por Bonadio para presentarse ante la Afip y recabar las declaraciones juradas, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la empresa Hotesur SA, que administra el hotel Alto Calafate, perteneciente a la jefa de Estado.Echegaray aseguró que “toda la información que piden siempre se ha entregado a los juzgados” y tras evitar pronunciarse sobre si la empresa Hotesur mantenía alguna deuda con ese organismo, reiteró “que al juzgado le informamos todo”.La medida ordenada por Bonadio tiene que ver con las declaraciones de impuestos a los Bienes Personales y a las Ganancias e involucra también a Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista; a integrantes de la sociedad Hotesur, entre ellos Romina Mercado (hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, hermana del extinto mandatario) y directivos de Valle Mitre, una firma también vinculada con Lázaro Báez.Si bien la denuncia que formuló la diputada opositora Margarita Stolbizer (GEN) no tenía relación con Lázaro Báez sino con irregularidades registrales y contables de Hotesur, el juez dispuso ampliar la investigación y llevarla hasta el vínculo entre la familia presidencial y el empresario santacruceño.La semana pasada Bonadio allanó un departamento en la calle Lavalle al 900 de esta capital, donde según los registros funcionó la sede fiscal de Hotesur. Pero el lugar estaba vacío y ninguna documentación de relevancia obtuvo en ese procedimiento.Esta semana la Presidenta reveló en su cuenta de Twitter que Bonadio tiene el 20% de una empresa que, como Hotesur, tampoco presentó sus últimos balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ).Entonces el senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes denunció a Bonadio por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.La denuncia fue sorteada y quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini.Avanza la causa contra BonadioEl fiscal federal Eduardo Taiano pidió ayer que el senador Fuentes ratifique la denuncia que presentó contra el juez Bonadio por presunto enriquecimiento ilícito.Fuentes judiciales informaron que el fiscal, previo a decidir si impulsa la investigación en contra de Bonadio, pidió al juez federal Julián Ercolini que cite a ratificar la denuncia al senador oficialista.La denuncia contra Bonadio es por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes, luego de que la Presidenta acusara al magistrado de ser accionista de una empresa junto a un familiar directo, la cual no habría presentado balances en la IGJ.“No comments. Sin comentarios”, fue la respuesta de Bonadío, en inglés y también en castellano, al ser abordado por periodistas en los tribunales de Comodoro Py, que lo consultaron sobre su situación en la causa en la que investiga los vínculos de la Presidenta y sus hijos, Máximo y Florencia, con el empresario Lázaro Báez.Según la denuncia, Bonadío tendría una participación accionaria del 20” en la firma “Mansue SA”, dedicada a la venta de combustible, cuando el Reglamento para la Justicia Nacional establece que “los magistrados están especialmente obligados a no ejercer el comercio ni actividad lucrativa alguna sin autorización de la respectiva autoridad de superintendencia”, esto es la Cámara Federal.“El ladrón cree que todos son de su condición”La diputada del GEN Margarita Stolbizer consideró ayer un “disparate y una torpeza total” la denuncia por enriquecimiento ilícito presentada por un particular en su contra, que la legisladora atribuyó al “mismo Gobierno” nacional, y advirtió que “el ladrón cree que todos son de su condición”.Stolbizer adjudicó esa reacción a la “desesperación” que tienen en la Casa Rosada por su denuncia sobre irregularidades de una empresa hotelera propiedad de la Presidenta y advirtió: “A mí no me pueden encontrar absolutamente nada, vivo en la misma casa hace 23, 24 años”.En declaraciones a la radio Rock and Pop, la diputada juzgó una “torpeza total” por parte del Gobierno tanto las acusaciones en su contra por “enriquecimiento ilícito” como la embestida contra el juez Bonadio, que incluyó una denuncia por supuesto mal desempeño y un pedido de juicio político.“Pisamos un hormiguero: a esta gente la condena no solamente los hechos que han protagonizado, sino las reacciones que van teniendo y ayer fue una demostración de esto”, lanzó.La dirigente sentenció: “El ladrón cree que todos son de su condición; no solo son ladrones sino torpes, porque llevan a cometer este tipo de disparates como los del día de ayer”.La imputación contra Stolbizer la realizó un particular identificado como Santiago Mansilla ante el juzgado Criminal y Correccional Federal número 8, a cargo de Marcelo Martínez Giorgi.Stolbizer insistió en descalificar esa movida: “La denuncia que hacen en mi contra, además de un disparate, es una torpeza”, opinó y señaló que “las primeras denuncias que hicieron contra el juez y todo lo que agregaron ayer” hablan de “la propia desesperación que tienen y entonces salen para cualquier lado”. “Esa historia de los carpetazos ya la conocemos”, se lamentó la líder del GEN, aunque señaló que a Bonadio “no” lo conoce y que “cualquier mala conducta que exista en un juez, en un funcionario, en el que sea, tiene que ser investigada”.Stolbizer añadió: “Yo no voy a defender a Bonadio que, insisto, ni siquiera lo conozco. Si hay algo que ha hecho mal, deberá ser sancionado por eso”. La dirigente recordó que hace unos días la propia Presidenta “salió a decir que había 40 mil sociedades comerciales que tenían las mismas irregularidades que la de ella”, en alusió
;n a la empresa Hotesur. “Entonces, ante ese reconocimiento, ¿qué espera para sacarse de encima a los funcionarios de la IGJ, que son los que yo había denunciado? Porque la denuncia mía -evocó- fue por incumplimiento de los deberes de funcionario público de quienes debiendo controlar, no lo habían hecho”.En su embestida, la diputada puntualizó que “el Gobierno demuestra, además, impericia y complicidad porque llevan casi doce años gobernando y que vengan a decir a esta altura que hay gente que tienen cuentas afuera (en Suiza)…Pero, claro, ¿cuánto hace que venimos diciendo que se ha fugado plata de la Argentina de manera irregular durante todo este tiempo? Accionar que ellos han favorecido al no controlar”.Se defiendenEl jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, renovó ayer sus ataques contra el juez federal Bonadio, quien pidió a la Afip las declaraciones juradas de la Presidenta, de su familia y del empresario Lázaro Báez, y lo acusó de tener “intencionalidad de carácter político”.“Respecto al juez Bonadio creo que se ha dicho mucho de este tema y queda clara su verdadera intencionalidad de carácter político”, enfatizó.





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