BUENOS AIRES (NA-DyN). El abogado Eduardo Barcesat denunció ayer por sedición a los senadores nacionales de la oposición que firmaron un compromiso para rechazar cualquier propuesta del Poder Ejecutivo para cubrir la vacante que dejará en la Corte Suprema de Justicia el juez Raúl Zaffaroni en enero próximo.La denuncia del abogado, defensor de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, es contra los senadores Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Fernando “Pino” Solanas, Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Luis Juez, Gabriela Michetti, Diego Santilli, y al que haya suscripto el “compromiso público de impedir la cobertura de la vacancia en la Corte Suprema”.La presentación recayó ante la jueza federal María Servini de Cubría, con intervención del fiscal Carlos Rívolo, pudo saber NA, y fue inmediatamente repudiada por los senadores del arco antikirchnerista, que denunciaron que el Gobierno quiere “amedrentar a la oposición”.“Ha tomado estado público la iniciativa, ya concretada, de senadores nacionales, para operar una connivencia delictiva a fin de impedir que el Poder Ejecutivo Nacional cumplimente la manda constitucional” para cubrir la vacante en la Corte, indicó la denuncia de Barcesat.Según sostuvo el abogado, la actitud de los senadores opositores “denigra la jerarquización constitucional de los partidos políticos que son instituciones fundamentales del sistema democrático”.“Las vacancias son para ser cubiertas no para convertirse en escenario de impedimento de la integración de otro de los poderes que conforman el gobierno federal”, agregó Barcesat.El artículo 230 del Código Penal prevé penas de uno a cuatro años de prisión para quienes “se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de funcionarios nacionales o provinciales”.Pocas horas antes de la presentación, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, insistió en que “la oposición política mantiene una actitud violatoria de la Constitución Nacional y una perspectiva sediciosa al negarse al tratamiento de la designación de un nuevo miembro de la Corte”.El acuerdo opositor, que incluye a la UCR, el Peronismo Federal, el PRO, el interbloque FAP-Unen y Guillermo Pereyra, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), bloqueó la posibilidad del oficialismo de alcanzar la mayoría de dos tercios del Senado que se necesita para nombrar a un juez de la Corte.Y es que a las 28 firmas del documento se suman las adhesiones del puntano Adolfo Rodríguez Saá y del sanjuanino Roberto Basualdo, por lo que en total la oposición juntó 30 voluntades en contra de la eventual designación, sobre el total de 72 senadores, bloqueando la posibilidad de los dos tercios.Zaffaroni dejará el máximo tribunal del país el 31 de diciembre, ya que el 7 de enero cumplirá 75 años, límite que fija la Constitución Nacional desde la reforma de 1994 para ejercer el cargo.En ese marco, el Gobierno confirmó que enviará al Senado el pliego para designar al nuevo miembro de la Corte Suprema, ya que el tribunal quedará entonces integrado por cuatro miembros: el presidente Ricardo Lorenzetti, la vice Elena Highton, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda.“Persecución judicial”Por otro lado, el kirchnerismo salió ayer en defensa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la investigación judicial iniciada contra la empresa hotelera Hotesur de la mandataria, al denunciar “persecución judicial” y acusó a la oposición de recurrir “a sus jueces” para “intentar voltear” al Gobierno.El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez (Frente para la Victoria), evaluó que “es inexplicable el ensañamiento y la persecución judicial hacia la figura de nuestra Presidenta”, mientras que el gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, describió la acción de la Justicia como “un apriete liso y llano”.“La oposición recurre a sus jueces para intentar voltear a Cristina”, dijo, por su parte, la titular de la bancada kirchnerista en Diputados, Juliana Di Tullio, mientras que su compañero de bloque Edgardo Depetri denunció que “armaron esta operación infame y mentirosa para ensuciar la figura de la presidenta Cristina”.La decisión del juez federal Claudio Bonadío de allanar las oficinas porteñas de la sede jurídica de la empresa Hotesur SA, que administra un hotel de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la localidad santacruceña de El Calafate, provocó una fuerte reacción en el kirchnerismo.“Proceder sin ton ni son a un allanamiento a un domicilio que no guarda relación con la tarea investigativa, sólo persigue la publicidad del acto judicial generando sospechas infundadas”, sostuvo Domínguez, precandidato presidencial, según se informó a través de un comunicado.En tanto, Urribarri expresó su preocupación por lo que calificó como “avances de sectores de la Justicia sobre la vida política y económica del país”.Por eso, el mandatario provincial advirtió que “la intervención injustificada de la Justicia en la vida democrática de las naciones es la nueva forma del golpismo en América Latina”.Asimismo, Urribarri, también aspirante a la presidencia, señaló que “resulta revelador cómo algunos miembros del Poder Judicial bailan al ritmo que les marcan los espacios opositores, con el fin de ensuciar la imagen de nuestra Presidenta”.En este mismo sentido se manifestó Juliana Di Tullio, quien remarcó que “lo que ocurrió ayer (por el jueves) con un juez federal, que tiene claro alineamiento con el Frente Renovador, desenmascara quienes están detrás de esta persecución y que amenaza permanente a la democracia, las instituciones y al pueblo argentino”.“No quieren que Cristina termine su mandato. Ese es su único objetivo”, reveló la diputada, quien también alertó que “están armando saqueos, embestidas judiciales falsas, corridas cambiarias para generar un clima de zozobra en la gente”.Para Di Tullio, “la impotencia e inoperancia de la oposición y todos sus esfuerzos para generar caos, lo único que hace es demostrarle al pueblo argentino quienes son y de qué son capaces de hacer”.En tanto, el diputado oficialista Edgardo Depetri, denunció que “armaron esta operación infame y mentirosa para ensuciar la figura de Cristina (Kirchner)”, mediante “una denuncia falsa y sin sustento por un sector del Po
der Judicial que trabaja para derrotar el proyecto nacional”.“Es un ataque que intenta fortalecer variantes políticas opositoras que van a defender los intereses de las corporaciones económicas más poderosas”, aseveró, por último, el diputado.De su lado, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, advirtió que Hotesur, firma de la cual la mandataria es accionista, ha presentado ante la Inspección general de Justicia (IGJ) toda la documentación solicitada y consideró su allanamiento como “golpismo judicial”.“Los requerimientos se pueden hacer por vía judicial sin realizar ningún allanamiento. La estrategia de allanamiento es una clara persecución política, un hostigamiento y un golpismo de carácter judicial”, afirmó el funcionario.Capitanich, en ese sentido, acusó al Poder Judicial de mantener un “ataque despiadado” contra el Gobierno nacional mediante “denuncias falsas sin ningún tipo de entidad” como parte de una estrategia “de golpismo activo”.“Hotesur se encuentra entre las sociedades activas que han presentado declaración jurada y cuya documentación aún se encuentra en etapa de análisis junto con otras 40.000 sociedades”, manifestó en su conferencia de prensa matutina.Finalmente, el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, consideró que “hay acciones de determinado sector del Poder Judicial que no tienen razón de ser” y remarcó que las mismas fueron “tapa de los dos principales medios de comunicación de la Argentina”, con lo que -advirtió- “es imposible que uno no analice la conexión que pudiese existir”.
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