Hartos de la corrupción

MADRID, España (Agencias y diarios digitales). España está harta de la corrupción y, tras años de una indignación popular atizada por la crisis económica, el viento empieza a cambiar para unas élites que durante mucho tiempo fueron intocables.A un año de las elecciones legislativas, los partidos políticos, habitualmente acusados de cerrar los ojos, hablan de combatir la corrupción en un momento en que un español de cada cuatro está desempleado, indicó AFP.El más famoso de estos poderosos ahora en la picota es Rodrigo Rato, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y uno de los pilares del conservador Partido Popular (PP), en el poder.Rato se encontró en el centro de un escándalo de tarjetas bancarias ocultas con las que 83 dirigentes de Bankia, banco que requirió un rescate público, pagaron más de 15 millones de euros (19 millones de dólares) en gastos personales -vacaciones de lujo, vinos de excepción, trajes y joyas- sin rendir cuentas a nadie, y sobre todo al fisco.Imputado y obligado a pagar una fianza civil de 3 millones de euros, este exministro de Economía y exvicepresidente del gobierno español tuvo que pedir el lunes su suspensión del partido, que se preparaba a excluirlo.Rato había escapado hasta ahora a esta humillación pese a las investigaciones por estafa, malversación de fondos y falsificación de cuentas, delitos presuntamente cometidos durante la entrada en bolsa en 2011 de Bankia, que el Estado tuvo que salvar de la quiebra un año más tarde inyectándole 20.000 millones de euros.Tras dimitir como presidente del banco, Rato siguió siendo consejero de grandes grupos como CaixaBank, Santander y Telefónica.Pero la clase política española se vio sacudida por la emergencia de un nuevo partido, Podemos, dispuesto a “defender a la gente de los poderes financieros y la corrupción”.Convertido en la cuarta formación política más votada en España durante las elecciones europeas de mayo, Podemos podría desplazar al PP en la región de Madrid en las elecciones municipales de la próxima primavera boreal.Portada de todos los diarios, el escándalo de las tarjetas bancarias provocó un alud de dimisiones. El Partido Socialista, primera fuerza de oposición, excluyó a sus miembros implicados. En cuanto al PP, el diario conservador ABC advertía el miércoles que “la sociedad española terminará pasándole por encima” si no sanciona rápidamente a sus miembros imputados.“Pánico a ser un corrupto” “Con la crisis, la gente se ha hecho más inquisitiva y busca la raíz de los problemas económicos y esto es una de las cosas que está presionando mucho a los partidos”, dice Fermín Bouza, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid. “En este momento lo que hay es un enorme pánico a ser un corrupto, a ser encontrado culpable de alguna forma de corrupción”, agrega.Los escándalos sacuden tanto a la izquierda como a la derecha, a la patronal y a los sindicatos, a los clubs de fútbol e incluso a la hermana del rey.En Galicia, en el noroeste del país, uno de cada nueve alcaldes está imputado, según un recuento del diario La Voz de Galicia.En Cataluña, el expresidente y figura emblemática del nacionalismo Jordi Pujol y su familia están siendo investigados por la policía y el fisco.Los imputados son cientos, pero los condenados y encarcelados sólo unos pocos. “Hay una reacción de escándalo y de indignación, de queja, primero porque los partidos no han reaccionado con la debida rapidez y segundo porque el proceso de castigo es muy lento”, considera José Juan Toharia, presidente del instituto de sondeos Metroscopia.Impresión de impunidad Toharia explica esta lentitud por la falta de jueces -España tiene, dice, dos veces menos magistrados por mil habitantes que Francia y cuatro veces menos que Alemania- y por la abundancia de recursos.El resultado es “que no se puede hacer un castigo ejemplar”, por lo que existe “una sensación de impunidad” que “desespera mucho a la gente”.Consciente de que las próximas elecciones no podrán ganarse sólo gracias a una tímida reactivación económica que la población no siente aún asfixiada por el alto desempleo, el gobierno decidió hacer campaña contra la corrupción, señala Manuel Villoria, miembro fundador de la ONG Transparency International.Prepara así un paquete de leyes que incluye una reforma del código penal que incluye un delito de enriquecimiento ilícito, una ley de financiación de partidos y reglas sobre los conflictos de intereses para los altos funcionarios. “Dudo que muchas de estas medidas que se anuncian se apliquen. Yo exigiría dar mucha más independencia y autonomía a ciertos órganos (…), por ejemplo reforzar la independencia de la fiscalía”, concluye.Operación PúnicaLa última gran movida contra la corrupción saltó a la luz cuando la Guardia Civil detuvo el lunes pasado a 51 personas -entre ellos alcaldes, empresarios y políticos como el exnúmero dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados- en una redada contra una trama que concedió obras públicas por 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegalesOtras cinco personas fueron imputadas en esta operación, que ha golpeado una “trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y Comunidades Autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia”, informó la fiscalía anticorrupción española en un comunicado.Entre los 51 detenidos en Madrid, León, Valencia y Murcia, figura el exconsejero de Presidencia y Justicia de Madrid entre 2008 y 2011, Francisco Granados, que fue número dos de la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, y alcalde del pueblo madrileño de Valdemoro, según fuentes judiciales.La “Operación Púnica” está dirigida por el juez Eloy Velasco desde la Audiencia Nacional. En junio, ese juez abrió diligencias por “delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal”.La fiscalía denuncia una “connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concie
rto venal con intermediarios y sociedades instrumentales” para conceder “adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los últimos dos años”. A cambio de estas ajudicaciones de obras públicas, los empresarios pagaban “comisiones ilegales”.Fueron arrestados seis alcaldes en ejercicio, cuatro de ellos del Partido Popular (PP), un socialista (el alcalde de Parla) y el último perteneciente a un pequeño partido Unión Democrática Madrileña.Entre los detenidos también figuran dos empresarios, David Marjaliza y Alejandro de Pedro, que supuestamente serían los cerebros de la trama.La operación se inició en enero de este año, tras una comisión rogatoria enviada por Suiza por “sospechas graves de blanqueo”, lo que dio origen a esta investigación en España por parte de la fiscalía anticorrupción.El operativo “pone de manifiesto que el Estado de Derecho funciona, que los jueces, los tribunales y la policía judicial que colabora con los jueces en la investigación de delitos sobre corrupción está plenamente efectiva”, dijo el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, tras conocerse este enésimo caso de corrupción política en España.Tanto el PP como el PSOE reaccionaron suspendiendo de militancia a sus miembros afectados por la investigación. “Ni un minuto un corrupto en el PSOE de Pedro Sánchez”, dijo en rueda de prensa el secretario de organización del PSOE, César Luena. El PP “está indignado y rechaza cualquier tipo de corrupción”, afirmó, por su parte, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons. “Según se vayan conociendo nuevos datos en relación con estos hechos, el Partido Popular exigirá, en su caso, a quienes tengan responsabilidades institucionales y políticas el abandono inmediato de sus cargos”, añadió.