POSADAS. Nadie de la Dirección General de Rentas (DGR) asistió ayer a un debate técnico propiciado por el Colegio de Abogados de Misiones para analizar aspectos legales y buscar soluciones a los conflictos entre el organismo recaudador con los contribuyentes a raíz de la asfixiante política fiscal que se ejecuta en la provincia.Tanto los organizadores como los comerciantes y abogados que asistieron lamentaron la ausencia de funcionarios provinciales y recalcaron que la intención no era cuestionar las leyes sino más bien tratar de escuchar las dos campanas y buscar puntos de coincidencia para solucionar los conflictos que se vienen generando desde la entrada en funcionamiento de la “aduana interna” en las rutas nacionales 12 y 14.Abrió la jornada el presidente del Colegio de Abogados, Martín Ayala, quien consideró que “la idea es aportar a la sociedad algunas opiniones fundamentadas sobre el funcionamiento y práctica en el sistema de recaudación tributaria de pago a cuenta del anticipo de Ingresos Brutos. Esto porque advertimos que existen argumentos sólidos en ambas partes y nos pareció que la mejor manera de que la sociedad pueda tomar una conclusión era escuchar a las dos partes y evacuar las consultas”.“Desde el Colegio de Abogados advertimos que era una cuestión técnica compleja, intrincada y la mejor manera de dar una opinión es a partir del conocimiento que pretendemos lograr escuchando ambas partes”, indicó Ayala.Luego se expresó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), Nicolás Trevisán, que señaló: “Nosotros vemos con buenos ojos que se debata en el ámbito técnico esta cuestión”, pero lamentó el faltazo de Rentas al afirmar que “lamentablemente es un poco más de lo que nos viene ocurriendo a nosotros en la Cámara, donde estamos pidiendo debatir pero no hay ánimo de que se discuta”. “Es un problema que va más allá de Rentas, porque si al sector privado le va mal y le empieza a complicar esta situación, seguramente va a afectar a los abogados, a los contadores, al consumidor final también, por eso es importante entender que no es sólo una problemática del comercio sino de toda la comunidad y que si nos va mal a unos seguramente nos irá mal a todos”, enfatizó Trevisán.También se expresó al respecto Norma Blanco, la anterior presidenta de la Cámara de Comercio, quien consultada por PRIMERA EDICIÓN expresó que le parece “importante que el Colegio de Abogados haya convocado a este debate, todo lo que sea información para que entendamos el problema y estemos al tanto de la postura del Gobierno, enhorabuena que pasen estas cosas”. Por otra parte, sobre las inspecciones que sufrieron los comerciantes luego de la protesta en la plaza 9 de Julio, apuntó: “La sensación que tuvimos es que fueron inspecciones muy inmediatas posteriores a la protesta, entendemos que fueron como consecuencia de la marcha, si fue así es lamentable, caemos de nuevo en la falta de diálogo y falta de interés del Gobierno sobre cuál es la problemática que nos está afectando”.Luego expusieron dos abogados especialistas en tributación, como son Oscar González, abogado de la Cámara de Comercio, y Germán Noguera, especialista en tributación.González dijo que “el código de procedimiento y las leyes tributarias establecen un procedimiento preciso para determinar las obligaciones tributarias, inclusive sin la obligación de pagar una multa mientras se discute administrativamente la cuantía de esta determinación o incluso mientras se tramitan las apelaciones ante la cámara fiscal, pero paradójicamente, en base a escasas normas, la DGR ha hecho uso y abuso de regímenes de retención, pago a cuenta, percepción, que prácticamente han minimizado su tarea de recaudación y fiscalización de los recursos tributarios”.“La otra cuestión es que Rentas, a través de distintos controles fiscales, asimila la falta de cumplimiento de estos pagos a cuenta cuando ingresan mercaderías a la provincia a normas que reprimen la evasión fiscal. Este tipo de normas tienen un eminente carácter penal, sin embargo son aplicadas y ejecutadas por la Dirección de Rentas sin que exista, en el 99 por ciento de los casos, ninguna intervención de un juez”, indicó el especialista.Sobre esto opinó González que la DGR se excede en sus facultades: “Nosotros creemos que hay un abuso, un exceso”, dijo.Al respecto de la persecución surgida luego de la protesta de comerciantes, indicó: “Me han llegado a conocimiento denuncias de comerciantes que me han manifestado prácticas de terrorismo fiscal, si estas prácticas se confirman nos encontramos ante el delito del derecho común, nos encontramos ante casos de abuso de autoridad. En cada caso en particular habrá que establecer cuáles son los elementos de prueba de los comerciantes para acreditar la veracidad. Eventualmente están habilitados para formular las denuncias o los fiscales para intervenir de oficio”.Por su parte, Germán Noguera consideró que “las regulaciones deben ser razonables para no vulnerar el derecho a libertad y el derecho a la propiedad”.Luego cuestionó las supuestas facultades de Rentas de controlar la formalidad de los comprobantes de un organismo de jurisdicción nacional como la Afip: “¿Tiene esas competencias? Yo creo que no”, enfatizó.Luego cuestionó el control en la “aduana interna” ubicada en las rutas 12 y 14 al señalar que al detectar la falta de pago a cuenta se debería labrar un acta y permitir la continuidad del camión con la mercadería, en lugar de secuestrar o interdictar la mercadería, porque hasta ese momento ningún juez determinó una sanción. Sin embargo, explicó que “empezamos a advertir como profesionales del derecho que el sistema está diseñado para controlar el pago a cuenta, pero emplea mecanismos propios de una extorsión” porque enseguida ofrece al camionero la posibilidad de pagar la multa para liberar la carga. La única finalidad es la recaudación”, afirmó. Por último Noguera cuestionó y consideró inédito que “un director general con competencia delegada mediante resolución pretenda modificar la alícuota de un gravamen (como ocurrió el año pasado), aspecto que después se pretende solucionar mediante un decreto que ratifica el incremento de alícuotas”.Se despidió señalando que “espero que la respuesta no sea con masivas inspeccion
es”, como después del acto en la plaza 9 de Julio.
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