BUENOS AIRES (Medios Digitales-Agencias). El jefe del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, pronosticó que con el nuevo Código Procesal Penal “se va a terminar persiguiendo a los extranjeros”, pero su par oficialista Miguel Pichetto defendió esa reforma y llamó a dar una discusión “profunda y responsable”.Morales disparó la discusión sobre el artículo del proyecto oficial que indica que los extranjeros que estén en una situación irregular en nuestro país y sean sorprendidos cometiendo un delito “in fraganti” serán expulsados y no podrán volver por 15 años.Durante el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto de la Cámara alta, el jujeño admitió tener “una posición totalmente contraria” a la planteada por el Ejecutivo en el proyecto.El radical se preguntó si la reforma “no contradice artículos de la Constitución Nacional”, al indicar que “viola el principio de territorialidad” y aquel que dice que “todos los habitantes son iguales ante la ley”, además de que “no garantiza a la persona el derecho de defensa”.Morales consideró que el problema es que “se incumple” con la Ley de Migraciones (25.871), que es la que regula la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de las personas en nuestro país.“Se esta diciendo que vienen los extranjeros a delinquir y que hay que sacarlos corriendo, y acá hay normativa. Esto va a generar una persecución de extranjeros frente a los delitos”, auguró el senador.Pichetto salió en defensa de ese cambio y pidió contemplar también el caso de los extranjeros “que rompen el pacto de convivencia” cometiendo “delitos de gravedad extrema, como el narcotráfico y la trata de personas”, ya que la reforma refiere sólo a delitos leves.“Son delitos organizados, que tienen determinados perfiles y responden a determinadas características”, explicó el rionegrino.Por eso, pidió dar “una discusión seria y responsable, manteniendo la política migratoria abierta”.El kirchnerista aprovechó para apuntar al narcotráfico en Santa Fe: “Es la nueva Medellín”, disparó, al indicar que el socialista Rubén Giustiniani, sentado junto a Morales, “convive con esa realidad”.“Independencia de los fiscales”Los senadores radicales exigieron garantizar la “independencia” de los fiscales en el nuevo Código Procesal Penal, durante el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto.“Esta modificación tiene que ir acompañada de una reafirmación de la independencia del Ministerio Público Fiscal”, consideró el jefe del bloque, Gerardo Morales, quien adelantó que avanzarán con una propuesta en los próximos días.El jujeño ejemplificó con “la última participación” del Ministerio Público Fiscal para “desviar” las causas que el jefe del Ejército, César Milani, tiene abiertas en La Rioja y Tucumán por eventuales delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.“Conmoción social”Otro radical, Luis Naidenoff, pidió “tener cuidado con el criterio de conmoción social” que se aplicará para dictar la prisión preventiva, al opinar que “será un gran retroceso incluirlo”.El formoseño se preguntó si “a lo que puede generar algún medio masivo de comunicación le corresponde la prisión preventiva”. “Procedimientos ágiles”El viceministro de Justicia, Julián Álvarez, remarcó este martes ante el Senado que con el nuevo Código Procesal Penal habrá un “procedimiento ágil y sencillo que termina con las chicanas judiciales”.Álvarez defendió los cambios relativos a la oralidad y la reducción de los plazos en los procesos judiciales, ante un plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto de la Cámara alta.El funcionario explicó que “una vez ingresado el caso al sistema penal”, el fiscal –que con la reforma tendrá mayores facultades- “tiene un máximo 15 días para tomar una decisión”.Entre las opciones que tiene, puede continuar con la causa formalizando la investigación, pero también puede desestimar el caso, archivarlo o aplicar criterio de oportunidad, enumeró Álvarez.Además, las causas deberán durar como máximo tres años y la investigación fiscal previa, un año, aunque se incorpora la herramienta del juicio directo, donde no se necesita un año para investigar, en caso de que el fiscal tenga los elementos para llevar la causa directamente.
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