SAN VICENTE. Los siete policías detenidos tras ser denunciados por “apremios ilegales” en una comisaría de esta localidad fueron imputados por la Justicia por el delito de “torturas con resultado de lesiones graves”, señalaron fuentes del caso. Los efectivos bajo la lupa fueron notificados de dicha acusación durante la jornada de ayer, tras ser trasladados al Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente, que entiende en la causa y donde comenzaron a desarrollarse las declaraciones indagatorias. Según pudo establecer este diario, brindaron su versión de los hechos tres de los funcionarios policiales involucrados, más precisamente los de menor rango, en tanto que entre hoy y mañana se esperan con expectativas los dichos de los otros cuatro policías, entre ellos el jefe de la Seccional Primera de San Vicente, José Fischer, quien habría sido reconocido por los denunciantes. Si bien no trascendió el contenido de lo manifestado por los efectivos que declararon ayer, se supo que el magistrado al frente del citado Juzgado por subrogación, Horacio Heriberto Alarcón, dispuso que continúen detenidos e incomunicados hasta que se resuelva su situación procesal. Además del titular de la comisaría mencionada, se encuentran bajo arresto dos oficiales, dos suboficiales y dos agentes. Mientras tanto, se esperan nuevas medidas ordenadas por el juez, como una rueda de reconocimiento de sospechosos, además del resultado de la inspección ocular que, tal como publicó PRIMERA EDICIÓN, fue solicitada por el mismo magistrado. Dicha pericia fue realizada con la presencia de hombres de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) del Poder Judicial, a los fines de preservar la transparencia de la investigación. El equipo, encabezado por el letrado Fernando Castelli, realizó una inspección ocular en los calabozos y otras áreas comunes de la comisaría Primera de San Vicente, emplazada sobre la calle Democracia al 200, en busca de elementos de prueba que permitan establecer las responsabilidades que le puedan caber a los policías detenidos. Por otra parte, unas 30 personas marcharon ayer por las calles de San Vicente en pedido de justicia y para exigir una pronta liberación de los efectivos sospechosos.El caso comenzó cuando dos hombres de 30 y 33 años fueron apresados en la madrugada del jueves 16 de octubre, cuando efectivos de Aristóbulo del Valle interceptaron un vehículo sustraído horas antes sobre la ruta provincial 212, en Picada Zulma. Ese rodado había sido robado presuntamente por la dupla, que había concertado un encuentro en ese lugar con el empleado de una concesionaria de automóviles. Éste llegó entonces dispuesto a vender una Renault Sandero, pero se topó con que los supuestos clientes en realidad tenían otras intenciones. Siempre según la versión oficial, los delincuentes arremetieron con una escopeta sobre el empleado para robarle la camioneta, maniatarlo y abandonarlo a un costado del camino. La Policía se enteró del caso y montó un operativo cerrojo. Efectivos de la Unidad Regional XI interceptaron minutos más tarde el vehículo y detuvieron a los sospechosos, quienes fueron trasladados a San Vicente por cuestiones de jurisdicción. Se supo que fueron alojados en la comisaría Primera el sábado 18 de octubre al mediodía y allí quedaron alojados durante 24 horas. Según la denuncia, en ese lapso tuvieron que soportar golpizas reiteradas y martirios. La denuncia penal por estos hechos fue radicada en la fiscalía de instrucción 3 de San Vicente, que pidió la detención de los siete policías acusados.
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