MADRID, España (AFP-NA). La Guardia Civil detuvo ayer a 51 personas -entre ellos alcaldes, empresarios y políticos- en una redada en varios lugares de España contra una trama de corrupción que concedió obras públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales.Otras cinco personas fueron imputadas en esta operación, que ha golpeado una “trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de las comunidades autónomas de Madrid, Murcia, Castilla León y Valencia”, informó la fiscalía anticorrupción española en un comunicado.Entre los 51 detenidos en Madrid, León, Valencia y Murcia figura el exconsejero (ministro regional) de Presidencia y Justicia de Madrid entre 2008 y 2011, Francisco Granados, un conservador que también fue alcalde del pueblo madrileño de Valdemoro, según fuentes judiciales.La operación, denominada “Punica”, está dirigida por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española).En junio, ese juez abrió diligencias por “delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal”.La fiscalía denuncia una “connivencia de los ediles municipales y funcionarios con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales” para conceder “adjudicaciones públicas por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan sólo en los últimos dos años”.A cambio de estas adjudicaciones de obras públicas, los empresarios pagaban “comisiones ilegales”.Asimismo, fueron arrestados seis alcaldes en ejercicio, cuatro de ellos pertenecientes al conservador Partido Popular (PP, en el poder en España), un socialista y el último perteneciente al pequeño partido Unión Democrática Madrileña.Entre los detenidos también figuran dos empresarios, David Marjaliza y Alejandro de Pedro, que supuestamente serían los cerebros de la trama. La operación se inició en enero de este año, tras una comisión rogatoria enviada por Suiza por “sospechas graves de blanqueo”, lo que dio origen a esta investigación en España por parte de la fiscalía anticorrupción.El operativo “pone de manifiesto que el Estado de Derecho funciona, que los jueces, los tribunales y la Policía judicial que colabora con los jueces en la investigación de delitos sobre corrupción está plenamente efectiva”, dijo el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, tras conocerse este enésimo caso de corrupción política en España.Tanto el PP como el Partido Socialista reaccionaron rápidamente suspendiendo de militancia a sus miembros afectados por la investigación.“Ni un minuto un corrupto en el PSOE de (el secretario general de los socialistas españoles) Pedro Sánchez”, dijo en rueda de prensa el secretario de organización del PSOE, César Luena.El PP “está indignado y rechaza cualquier tipo de corrupción”, afirmó, por su parte, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.“Según se vayan conociendo nuevos datos en relación con estos hechos, el Partido Popular exigirá, en su caso, a quienes tengan responsabilidades institucionales y políticas el abandono inmediato de sus cargos”, añadió. La corrupción es uno de los principales problemas para los españoles, según la última encuesta mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas, que la coloca en el segundo puesto tras el desempleo, cuya tasa se sitúa en 23,67%.
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