POSADAS. Profundo malestar reina entre los abogados defensores de los tres imputados por el crimen de la familia Knack. Es que aunque la Justicia dictó la prisión preventiva sobre los tres el último jueves, hasta ayer no habían podido acceder a los fundamentos. Recién el lunes podrán hacerlo, cuando ya hayan perdido dos días y se acerque el plazo establecido para la presentación de una apelación.“Se está entorpeciendo el trabajo de la defensa, porque todos tenemos otras causas y en mi caso tenía previsto trabajar sobre la apelación durante el fin de semana, ya que los plazos vencen el próximo jueves. Esto nos limita considerablemente”, le contó a PRIMERA EDICIÓN el abogado Nicolás Ochoteco Rosseau, defensor de Juan Ramón Godoy (44).El joven especialista en leyes contó que viajó ayer especialmente a Oberá para buscar los fundamentos, necesarios para “responder” en la apelación. Cuando llegó se enteró que el expediente estaba en la fiscalía de instrucción 1, a cargo del doctor Elías Bys, bajo llave.“Realmente es una falta de respeto, yo viajé a Oberá y cuando fui, la fiscalía estaba cerrada porque el doctor había viajado a San Vicente. Es entonces el fiscal responsable de este entorpecimiento, casi una cuestión de mala fe procesal, porque él es nuestro adversario en el proceso y ahora recién podremos acceder el lunes a ese documento”, sintetizó Ochoteco Rousseau, molesto ante la situación.Bajo similar línea de pensamiento se mostró el letrado Ramón Grinhauz, representante legal de Marcial Alegre (45), quien aseguró que la situación “coarta el derecho de la defensa porque están corriendo los plazos procesales”.Al respecto, Grinhauz sostuvo que “el Juzgado debió contar con una copia para que la defensa pueda trabajar en el análisis y en la apelación correspondiente durante el fin de semana” y preguntó, además, “¿por qué no acompañaron la cédula de notificación con una copia de la resolución?”, dando a entender que así se podría haber evitado ese retraso.Por último, Grinhauz también explicó que “el fiscal no tiene por qué quedarse con el expediente, porque es una mera notificación” y que, en todo caso, “debe notificarse y devolver en el mismo día”. Las palabras del hombre de leyes no son descabelladas: la fiscalía y el Juzgado están apenas a dos puertas de distancia.Los argumentos de Ochoteco Rousseau, quien adelantó incluso que podría llegar a accionar en contra del Ministerio Público Fiscal, y de Grinhauz surgen tras el dictado de prisión preventiva sobre sus defendidos y el prefecturiano Pablo Julio Paz (51), novedad informada ayer en exclusiva por PRIMERA EDICIÓN.Después de cinco meses de investigación, la polémica magistrada Alba Kunzmann de Gauchat, al frente del Juzgado de Instrucción 1 de Oberá, imputó formalmente el último jueves a los tres detenidos que tiene la causa por el delito de “cuádruple homicidio”.El trío está acusado por la Justicia de formar parte de la banda que le quitó la vida a Graciela Mojfiuk (42, Oscar (43), Cristian (25) y Bianca (12) Knack tras un violento asalto a mano armada en la casa de la familia, en el kilómetro 7 de la ruta provincial 5, en jurisdicción de Panambí.Sucedió alrededor de las 19.30 del domingo 25 de mayo, cuando tres encapuchados irrumpieron en la escena, redujeron a la familia, la rociaron con líquido combustible y la prendieron fuego. Todo para escapar con alrededor de 340 mil pesos con los que Cristian había llegado minutos antes tras cobrar una carga de machimbre.Un llamado anónimo alertó a la Policía sobre la banda. Así fueron detenidos cuatro sospechosos -uno de ellos, Rubén Bueno (52) fue liberado por falta de mérito y continuaba en esa situación ayer- en la investigación. Más adelante, las autoridades anunciaron que rastros genéticos hallados en la vivienda del crimen coincidían con los de Paz, quien así resulta ser el más complicado de entre los tres sospechosos apresados.
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