Unas 540 hectáreas se destinarán a viviendas

POSADAS. Un ambicioso proyecto de ley será tratado hoy en la Legislatura para aportar una solución de fondo al problema habitacional de miles de familias, mediante la expropiación de 1.800 hectáreas en el departamento capital, de las cuales, unas 540 se destinarán a relocalización y a familias que no pueden acceder a un inmueble por sus altos costos. El dictamen contiene un articulado específico por el cual se destinará el 30% de los terrenos exclusivamente para relocalizar “a las familias que no pueden acceder a un inmueble con destino a unidad habitacional por otros medios” y a “familias que se encuentren en asentamientos con situación dominial irregular”. Este proyecto, en caso de aprobarse como se prevé, implica que se avanzará en un plan ordenado y masivo de erradicación de asentamientos de la capital provincial para mejorar la calidad de vida de quienes viven en ellos.El proyecto ya tiene dictamen favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de los Derechos Humanos, Municipales y Juicio Político, y de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos. Declara de utilidad pública unas 1.800 hectáreas mayormente ubicadas en Rincón de Itaembé, con destino a planes de urbanización.“Hay 16 mil familias en la capital que viven en una situación de precariedad extrema según el relevamiento que hizo la organización Techo (cuyo relevamiento se utilizó en este proyecto). Decidimos acompañar el proyecto porque es una iniciativa necesaria, y que además incorporó nuestra sugerencia de destinar la tercera parte a la erradicación de asentamientos irregulares y a gente humilde que no puede pagar una cuota del Iprodha”, indicaron los creadores e impulsores de este proyecto.El dictamen prevé que ese 30% destinado a relocalización y reubicación de familias humildes se entregue provisto de infraestructura básica, es decir, con calles, alumbrado público, red de luz y agua, colectivos, escuelas, dependencias de salud y espacios verdes, con lo que se completa el proceso de mejorar la calidad de vida. Sin infraestructura ningún plan puede ser efectivo. La declaración de utilidad pública de las casi dos mil hectáreas y la obligatoriedad de destinar la tercera parte de ellas para relocalizar a quienes hoy viven hacinadas en villas de emergencia, y a aquellas otras que no son propietarias pero que no pueden comprar un terreno por la sobrevaluación inmobiliaria, es una herramienta que le otorga al Estado un principio de solución social y habitacional de carácter humano. Además, reconocen la importancia de generar también el espacio físico apto para la construcción de más viviendas del Iprodha.