POSADAS. Con dureza, el Ejecutivo misionero mandó a su ministro de Gobierno, Jorge Franco, a cuestionar la consulta popular no vinculante sobre represas, motorizada por la Mesa Provincial No a las Represas, y el funcionario calificó de “parodia naturista” a la votación que durará hasta el próximo día 26. Según Franco, es “totalmente ilegítima, ilegal, porque las consultas populares tienen una reglamentación constitucional al respecto. En este caso, se junta un montón de personas, dicen que van a armar 5.000 urnas y más bien parece una encuesta que una consulta. Están queriendo forzar una participación ciudadana por carriles y caminos que no son los adecuados. Tienen el derecho de hacerlo, pero lo que no deben es engañar y advierto a la ciudadanía misionera que no se deje engañar, porque no es una consulta: es una encuesta que lleva adelante un gremio como Ate, legítimo y con todas las posibilidades de hacerlo, pero que no tiene nada que ver con una consulta popular. Lo que están buscando es una parodia. Lo que a mí me llama la atención es cómo hacen para financiar. A mí me tocó organizar varios procesos electorales junto con la Justicia Electoral y el financiamiento no es muy barato. Estas personas, si uno fuera mal pensado, puede decir que manejan un dinero de dudosa procedencia, pero no creo que sea así, no creo que sea así”, lanzó el funcionario.RespuestaDesde Ate no tardó la respuesta a Jorge Franco: “Semejante desatino contrasta fuertemente con la realidad. La Consulta Popular sobre Represas Misiones 2014 es una instancia que surge desde la Mesa Provincial No a las Represas, compuesta por más de 50 organizaciones sociales, sindicales, barriales, estudiantiles, religiosas (de distintos credos) y voluntades individuales de toda la provincia. Ate es apenas una de las organizaciones que integra la Mesa, por lo que al referirse a la Consulta Popular como ‘la consulta de Ate’, el ministro de gobierno no hace más que exhibir un profundo desconocimiento”.“Cabe recordarle al ministro que desde hace más de tres años se encuentra en vigencia la Ley Provincial Nº56 que obliga al Estado misionero a convocar a audiencias públicas y a un plebiscito vinculante. Desde la sistemática violación de esta ley, el Gobierno provincial no solo viene cercenando la participación ciudadana, sino que permite la ejecución de estudios de ‘factibilidad’ de Garabí y Panambí”, dijeron.
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