GUERRERO, México (Agencias y diarios digitales). A los 43 estudiantes secuestrados por policías y narcotraficantes en Guerrero “los mataron”, y a algunos “los quemaron vivos”, afirmó ayer el sacerdote mexicano Alejandro Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos de México 2012, en una entrevista con la agencia rusa Nóvosti.“Estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber, dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos”, dijo el sacerdote, de 69 años, quien dirige un albergue para migrantes ilegales en el estado de Oaxaca (sur), que colinda con Guerrero, donde se centran las miradas desde la desaparición de los “normalistas” (estudiantes de magisterio).La categórica afirmación se basa en los testimonios de testigos entre los policías, dijo Solalinde, quien además está en comunicación con los estudiantes sobrevivientes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapan, estado de Guerrero, reprimidos la noche del 26 de octubre en la ciudad de Iguala (200 kilómetros al oeste), con saldo de seis muertos, 20 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.“La primera información directa la tuve el domingo pasado. La segunda la tuve recientemente, en la Ciudad de México. Lo primero que supe es que hay testigos, pero tienen miedo de hablar, son testigos de los mismos policías”, dijo Solalinde.“Siempre hay alguien que tiene conciencia; pero si hablan temen que los vayan a matar. Dicen que a unos jóvenes los quemaron vivos y los mataron”, describió.El sacerdote ofreció la versión en entrevista exclusiva con la agencia Nóvosti y el diario austriaco Der Standard de Viena, en el marco del XI Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, en la Universidad Iberoamericana de Puebla (70 kilómetros al este).Es la mayor figura de la Iglesia católica que trabaja por los derechos de los migrantes ilegales en México, es uno de los líderes humanitarios mexicanos que denunció la masacre de 72 migrantes, perpetrada por traficantes en agosto de 2010 en Tamaulipas (noreste) y recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2012, el 10 de diciembre de ese año, de manos del presidente de México, Enrique Peña, en el Día Internacional de los Derechos Humanos.Por los ataques y la desaparición de estudiantes, México recibió reclamos de parte de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), Amnistía Internacional (AI) y decenas de organismos humanitarios y de la sociedad civil mexicana para encontrar a los culpables y castigarlos.Estudiantes en la miraSolalinde señala que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, sabía de los vínculos del alcalde prófugo, José Luis Abarca, con los delincuentes del cartel Guerreros Unidos: “No es casual lo que pasó con los jóvenes. Es una línea clara de represión que se ha presentado en muchas partes”, relató el prelado.“El Gobernador sabía en qué estaba metido el alcalde y tiene relación con la esposa del alcalde (también prófuga). Él mismo ha dicho que conocía de esos vínculos. Él sabe también cómo mataron a esos jóvenes”, sostiene.“Los mataron -insiste-. Escuché al gobernador decir que tenía esperanza de que estuvieran con vida. ¡Qué hipócrita! Él sabe perfectamente que los mataron y sabe cómo los mataron”, sentenció Solalinde.Los estudiantes fueron atacados por policías y narcos, de acuerdo con las primeras pesquisas, que arrojan hasta ahora unos 50 detenidos, la mayoría policías municipales y algunos narcotraficantes, y casi quince fosas clandestinas con restos humanos que hasta la fecha no coinciden los registros genéticos de los desaparecidos.“Estos jóvenes son muy politizados, porque tienen una conciencia desde abajo, son contestatarios. En un momento dado pueden confrontar la gestión pública”, explicó Solalinde sobre la combatividad de los aspirantes a maestros rurales.La revelación de Solalinde ocurrió un día después de que el presidente Enrique Peña dijo que “el sentimiento colectivo de indignación, de dolor y de coraje demuestra que los mexicanos estamos unidos, que somos solidarios con el sufrimiento de nuestros hermanos, y lo más importante, demuestra que rechazamos la violencia”.El clima de descontento se extiende cada día y el lunes causó la destrucción del Palacio de Gobierno del estado de Guerrero y otros edificios públicos por manifestantes que acompañaban a los familiares en la capital estatal, Chilpancingo, a medio camino entre la Ciudad de México y el puerto de Acapulco.La declaración presidencial surgió un día después de que expertos forenses descartaran que 28 cuerpos calcinados encontrados el pasado domingo en fosas clandestinas, en los cerros que rodean Iguala, sean de los estudiantes desaparecidos.Líder capturadoEn tanto, la Policía mexicana anunció el arresto de Sidronio Casarrubias Salgado, líder máximo de Guerreros Unidos, el grupo criminal que es señalado como responsable de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, el pasado 26 de septiembre.El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dio a conocer en rueda de prensa que las autoridades arrestaron al jefe de los Guerreros Unidos, y que este se encuentra declarando ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Siedo).Murillo afirmó que con esta detención se abre una nueva ruta de investigación que puede acercar a las autoridades “más pronto y más fácilmente a la verdad”.El Procurador explicó que hasta ahora se detuvo a 36 policías municipales, 22 de la ciudad de Iguala, y 14 de Cocula, además de otros 17 miembros del grupo Guerreros Unidos, entre ellos su máximo líder, Casarrubias Salgado, quien fue arrestado con uno de sus más cercanos operadores en la carretera México TolucaNo obstante, Murillo indicó que el líder del grupo criminal negó haber dado la orden de desaparecer a los estudiantes.Precisó que ayer fueron trasladados a un centro penitenciario 26 de los 53 detenidos por el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes.El pasado 26 de septiembre, la policía municipal de Iguala atacó a tiros a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, donde murieron seis personas, 25 heridas y 43 desaparecidos.El fiscal federal precisó que en la detención de los estudiantes participaron policías muni
cipales de Iguala y de Cocula, quienes los entregaron al grupo Guerreros Unidos en un punto conocido, “aunque las investigación continúa”.Murillo reiteró para el Gobierno federal este hecho es “inaceptable”, y reiteró el compromiso de que “no puede quedar sin solución ni castigo”.Por su parte, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, precisó que el dirigente del grupo criminal se encuentra rindiendo su declaración ante la fiscalía y señaló también que su detención abre nuevas líneas de investigación.Zerón indicó que el arresto fue resultado de la coordinación de todas las fuerzas federales que participan en las investigaciones y que a los detenidos se les decomisaron armas y dos vehículos.Murillo Karam precisó que en Guerrero participan actualmente 900 agentes de la Policía Federal, 300 de la Marina y 3.500 del Ejército, así como 62 peritos mexicanos, además de los argentinos.Ayer los estudiantes realizaron una marcha multitudinaria acompañados de maestros y familiares para exigir a las autoridades encontrar a los desaparecidos.Guerreros Unidos es una agrupación criminal surgió en 2011 como una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y se disputa con Los Rojos el control de varias ciudades de los estados de Guerrero y Morelos para el tráfico de drogas y otros delitos como el secuestro y las extorsiones.
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