POSADAS. Integrantes de la Asociación Pro Viviendas del barrio Vecinos Unidos de esta ciudad solicitaron ayer al defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones, Miguel Molina, que de manera “inmediata y urgente” ordene a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) la apertura de las viviendas del barrio San Isidro a fin de que las familias que acampan en las galerías puedan guarecerse dentro de las casas. En la presentación, que también lleva la firma de la periodista Mónica Santos y del abogado Isaac Lenguaza, piden que el funcionario tome intervención en la grave situación que afecta a más de 150 menores de edad que se encuentran casi a la intemperie, con las ropas mojadas, desprotegidos de las contingencias climáticas y con problemas de salud derivados de su situación de vulnerabilidad.Sugieren que se tramite la medida cautelar genérica, ordenando a la EBY a abrir las puertas de la casas de las manzanas 59, 69 y otras del barrio San Isidro, en cuyos pasillos y galerías externas se encuentran estos 150 niños y sus familias, para permitir su alojamiento temporario dentro de las casas, adecuadamente protegidos. También que utilice todas las demás herramientas, potestades y obligaciones de su cargo, previstas en la Ley IV N 52, para que estos niños y sus familias tengan la adecuada contención integral del Estado mientras permanezcan provisoriamente alojados en las viviendas y hasta tanto la EBY, la Municipalidad de Posadas y el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ejecuten la solución definitiva mediante la relocalización. Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación son hijos de familias de escasos recursos del barrio Vecinos Unidos, que habitan precarias viviendas en el asentamiento ubicado entre los barrios 6 de Septiembre, Las Vertientes, A 3-2 y avenida Costanera Sur del arroyo El Zaimán de la capital provincial. Las últimas lluvias torrenciales volvieron a desbordar el cauce del arroyo que cruza el asentamiento, por lo que perdieron casi todas sus pertenencias y no pueden volver a las casillas. Sus antiguos hogares se encuentran inhabitables, con restos de materia fecal producto de la afloración de las letrinas, humedad y acumulación de basura, elementos domésticos inutilizados, riesgo de electrocución y otros peligros derivados de la precariedad y la fuerza del agua desbordada. Pese a encontrarse en zona de afectación directa por las obras de Yacyretá y el desborde del arroyo que se produce en forma reiterada tras cada lluvia, la EBY no avanzó en la relocalización de 100 familias, en tanto la Municipalidad y el Iprodha tampoco hicieron lo suyo en la prometida y adeudada urbanización del espacio en el que otras 200 familias continuarán viviendo. La toma comenzó el domingo, después de cuatro días de permanecer en la ruta nacional 12 con un corte de la arteria en reclamo de la adeudada relocalización.
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