¿Pantalones largos?

POSADAS. En un llamativo cambio de actitud respecto a la actuación que en el tema le cupo en los últimos años al oficialismo renovador, el Concejo Deliberante local parece ayer haberse puesto los pantalones largos en cuanto a su competencia en la habilitación comercial de casinos y salas de juego en el municipio. Por unanimidad y sobre tablas, resolvió abocarse en lo inmediato al tema en torno al pedido de habilitación del local de juego para fumadores que Casinos SA debió inaugurar el pasado miércoles 1 en un conocido hotel administrado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (Iplyc).También decidió, en un proceder similar, pero con una abstención (Gabriel Nielsen), solicitar al Ejecutivo un informe sobre la situación en que se encuentran otras dos salas de juego, la de Corrientes y Centenario y la de Uruguay y calle 124, cuyas habilitaciones debieron haber vencido en 2012 y nunca se giró al deliberativo un pedido de renovación de ésta. Ello podría significar, si fuese así, la aplicación del artículo 21 del decreto municipal 92/2011, que obligaría al Ejecutivo a disponer “sin más trámite su inmediata clausura conforme al artículo 123 del Código Fiscal Municipal”.Simultáneamente se giraron para su estudio en comisión otras iniciativas referidas a la problemática, entre ellas un proyecto de resolución para convocar a la obligada audiencia pública. Aunque no vinculante, en ella los posadeños podrán brindar su punto de vista sobre la conveniencia o no de la habilitación comercial (o rehabilitación) de cualquier casino o sala de juego en el municipio.Polémica abiertaEl pedido de habilitación comercial de una sala de juego especial “para fumadores” fue lo que generó ese sorpresivo cambio de actitud de los concejales, en particular en el oficialismo. Éste hasta ayer soslayó toda iniciativa opositora para reclamar la aplicación de los artículos 72 y 163, inciso 74, de la Carta Orgánica Municipal (COM) en cuanto a la potestad del cuerpo en esas habilitaciones -requiere dos tercios (diez) de los votos del total del cuerpo- y a la audiencia pública previa a cualquier decisión al respecto.Ante esta solicitud de Casinos SA, precavido, el intendente Orlando Franco giró el expediente a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que dictaminó la competencia del deliberativo y eso generó la intervención de los ediles tras su remisión al cuerpo. Aunque ello despertó el rechazo del titular del Iplyc, Eduardo Enrique Torres, quien ante una consulta desde el Concejo le negó cualquier intervención.“De ningún modo consentimos la normativa por usted sustentada”, señaló en una nota a la presidenta del Concejo, Magdalena Solari, en referencia a lo establecido en la COM revisada en 2010. A la vez, informando que la Ley provincial I 113 (antes 3.643) le daría al Iplyc la responsabilidad de autorizar y regular la actividad de casinos y salas de juego en la provincia; así como que desde 2010 se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia de Misiones un planteo de inconstitucionalidad de la previsión de la disposición prevista en la Constitución municipal.A partir de esas discrepancias, se decidió dar trámite deliberativo a la cuestión que ayer ingresó para su debate por la corporación y su análisis en comisión. La única advertencia, que no se convirtió en discrepancia, fue el criterio diferente en torno al grupo de trabajo que lo estudiaría: la Presidencia había previsto su giro a la de Legislación General, dirigida por el renovador Julio Vivero, pero el radicalismo observó que, según la consideración de la COM, era un tema que hacía a la de Salud Pública, que encabeza el radical Fernando Pianesi. La intencionalidad evidente en torno a la pretensión oficialista de no perder el manejo del tema y la justa observación del edil opositor quedó zanjada con el envío de los expedientes a ambas comisiones.Jurisdicción municipalEntre los múltiples argumentos expuestos por los concejales para defender la letra del artículo 72 de la COM y respetar la jurisdicción municipal en materia de habilitación comercial, se recordó, por ejemplo, las situaciones similares que se dan el caso de los bancos, las droguerías o los hipermercados. Casos todos éstos en que la autorización y regulación de su funcionamiento es competencia de la Nación o la Provincia, según el caso, pero aún así requiere una habilitación comercial que otorga exclusivamente el Municipio, respetando la autonomía que le garantiza la Constitución Nacional.En este tema de los casinos, la jurisprudencia es contradictoria, según el distrito y cada caso. Cambio de actitudResultó llamativo el cambio de actitud de los siete ediles renovadores que decidieron motorizar la defensa de la autonomía municipal en cuanto a la potestad comunal sobre la habilitación comercial de casinos y salas de juego en el ejido posadeño. Difiere radicalmente con las actitudes asumidas y expuestas en los últimos años sobre la materia, a partir del 10 de noviembre de 2010, cuando entró en vigencia la Carta Orgánica que ahora se pretende hacer respetar.En numerosas ocasiones el olvido en un cajón -a veces, incluso, su rechazo al momento de su incorporación- fue el destino de reiteradas iniciativas para que se respete la previsión contenida en el artículo 72 de la Carta Orgánica. Y un destino similar parece también acompañar a un proyecto idéntico planteado hace algunos meses desde la bancada radical y que, como los anteriores, espera su turno en comisión.Más aun, la sorpresiva mutación oficialista también hace recordar que, hace alrededor de un año, la renovación forzó una modificación al Código de Edificación para permitir la construcción de la torre que el Iplyc levanta sobre la calle Félix de Azara y que excede la altura hasta entonces permitida.Hace dos años, el titular del ente del juego Eduardo Torres, participó incluso de una reunión en Presidencia donde se conversó sobre el tema de los casinos y las salas de juego, según trascendió.