POSADAS. Cada 28 de septiembre se recuerda el Día Internacional del Acceso a la Información Pública, fecha que sirve para promover este derecho humano que se incluye de a poco en todas las legislaciones del mundo en correspondencia con la masificación de su goce y ejercicio por parte de los ciudadanos. Paraguay fue el último país de Sudamérica en aprobar su ley nacional, en tanto Misiones tiene su propia normativa provincial (la Ley IV Nº 58) desde el año 2012.Aprovechando la significación de la fecha, desde el Observatorio de Acceso a la Información Pública en Misiones (Obaipumi) remitieron al ministro de Gobierno Jorge Franco, y al subsecretario de Seguridad y Justicia Julio Lenzken, una nueva nota en la que se puntualizan los compromisos asumidos por el Gobierno provincial, que “todavía no fueron puestos en marcha, para asegurar el pleno goce de la ley y facilitar su uso por parte de la gente. Es decir, un resumen de las deudas pendientes de la administración provincial, para con los ciudadanos en relación al acceso a la información pública.La nota, firmada por la coordinadora del observatorio misionero Mabel Oviedo y una de las fundadoras del órgano, Mónica Santos, refiere también algunos avances en la aplicación, surgidos a partir de la última reunión con los funcionarios, en julio pasado.Es que en aquel encuentro y después de meses de reclamos, el Gobierno provincial se comprometió a darle curso a todas las solicitudes de información pública que se tramitaran en adelante “interpretando la ley en sentido amplio”, que en otras palabras significa “hacer correr” los pedidos sin poner palos en la rueda o negar el derecho con argucias o exigencias exageradas por cuestiones formales, como ocurría hasta antes de la reunión.El avance, sin embargo, se opaca por otras trabas relacionadas a los plazos de contestación que siguen siendo largos, en contraposición con el plazo de diez días establecido por la Ley misionera, y por el aparente desinterés por aplicar los demás compromisos que el Ejecutivo concertó en julio.¿Voluntad de mejorar?“Valoramos la intención pero recordamos que la voluntad debe traducirse en hechos concretos, por eso hicimos una lista de los compromisos que todavía siguen a la espera de cumplirse y que no son menores, si es que la idea sigue siendo allanar el camino para que los ciudadanos no encuentren trabas”, señaló Mabel Oviedo, la coordinadora del ente, en referencia a las cuentas pendientes del Gobierno con la aplicación de la Ley.En tanto su par Mónica Santos, dijo que la promoción de la Ley y el trabajo constante del Obaipumi, por mejorar su aplicación y masificar su uso no es una tarea fácil, pero que entusiasma por el cambio tremendo en la calidad democrática que puede lograrse a futuro. “Hay que cambiar años y años de malas prácticas: a los funcionarios de todos los colores políticos, cambiarles el concepto de que pueden hacer y deshacer sin rendir cuentas a la sociedad o que pueden ocultar la información si hay algo turbio. Y a los ciudadanos, cambiarles el concepto de décadas de creer que el que manda no tiene obligación de explicarse, o que es preferible no molestar al poder de turno, no incomodarlo pidiéndole que muestre, que rinda cuentas, que sea transparente. En definitiva, hay que cambiar el chip” dijo.Los puntos pendientes:- Determinación de un plazo máximo de tres días hábiles tanto para el envío de los requerimientos desde la Subsecretaría de Seguridad y Justicia, a los organismos correspondientes como para la notificación de la respuesta al solicitante.- Ampliación del horario de atención de la Oficina de Acceso a la Información Pública: proponemos que se extienda desde las 7 a las 18.- Asignación del número de expediente al momento de la recepción del requerimiento.- Informatización del proceso y puesta a disposición de los ciudadanos vía página web, para averiguar el estado de los trámites y controlar el cumplimiento de los plazos de forma similar a lo implementado por otras oficinas del Estado y/o por organismos similares en otras provincias u otros países. Además de agilizar el trámite, esta medida evitaría también la duplicación, pues difícilmente los ciudadanos iniciarán requerimientos que ya han sido tramitados satisfactoriamente.- Implementar la recepción de solicitudes por correo electrónico y también por correo postal.- Asesorar sobre cuestiones formales de los requerimientos en el momento de la presentación, a efectos de evitar dilaciones y frustraciones innecesarias.- Avanzar en la conformación de oficinas de enlaces y/o funcionarios responsables en cada organismo del Estado.- Modificar la normativa de modo tal que no sea necesario el poder especial para elevar la solicitud por parte de referentes de personas jurídicas.- Iniciar campañas de comunicación y capacitación entre los empleados y funcionarios públicos sobre las implicancias de la publicidad de los actos de gobierno que pesa sobre la administración pública, y las sanciones a las que están expuestos en caso de incumplimiento.Un derechoDesde la Obaipumi destacan que mediante la ley de acceso a la información pública, cualquier ciudadano puede solicitar información a los tres poderes del Estado, a los organismos de la Constitución, a los organismos descentralizados, a las empresas del Estado o con participación accionaria del Estado, a las cooperativas de servicios públicos y a todos los entes, sociedades y organizaciones de la sociedad civil que reciben y manejan fondos públicos provinciales.La Ley misionera prevé que la persona interesada no debe explicar porqué pide la información o para qué fines, ya que los datos que se quieren conocer pertenecen al ciudadano y no al Estado, en tanto la persona hace pleno uso de su derecho a saber y a controlar a quienes manejan los dineros públicos con base en los principios de control público, publicidad de los actos de gobierno y transparencia.La solicitud se debe realizar por nota simple, firmada por el remitente y con datos que permitan su pronta ubicación, como correo o teléfonos de contacto, y debe estar dirigida a la subsecretaría a cargo de Julio Lenzken (que actúa como órgano derivador de las consultas y centraliza todos los requerimientos) con expresa mención del organismo donde se supone se encuentra la información que se quiere conocer. Se supone que en un plazo no mayor a diez días hábiles, la información debe ser entregada a la persona que la solicitó, y este punto es el que sigue generando reclamos por parte del Obaipumi, entre otros que se puntualizaron en la nota remitida a las autoridades.
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