ASUNCIÓN, Paraguay (Diarios digitales). El presidente de la República, Horacio Cartes, promulgó ayer la Ley de Acceso a la Información Pública, que reglamenta el artículo 28 de la Constitución Nacional y por la cual la ciudadanía podrá oficiar de contralor de las actividades de sus políticos, un reclamo que tomó fuerza en noviembre del año pasado, cuando varios senadores fueron acusados por casos de nepotismo.“La fecha representa un hito para la libertad de la información en nuestro país”, señaló ayer el diario ABC Color. Y no es para menos teniendo en cuenta que Paraguay era uno de los pocos países de América Latina que no contaba con una ley de este tipo. “Una larga y cruel dictadura de 35 años había cercenado la libertad de expresión demasiadas veces y luego, en la era democrática, varios ‘amagues’ se hicieron para reglamentar una que garantice el acceso de cualquier ciudadano a la información que, como su nombre lo dice, es de todos”, celebró el medio de comunicación.Así las cosas, el presidente Cartes promulgó ayer a las 11 la “Ley de Libre Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”. En su artículo primero, la norma contempla la siguiente obligación: “Ninguna disposición de la ley sancionada podrá ser entendida o utilizarse para negar, menoscabar o limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de ejercicio del periodismo”.La cuestión de siempre fue determinar quién o qué organismo determinaba si una información estatal o pública era o no privada. Ello quedó resuelto en el artículo 19, que expresa que “sólo se podrá negar la información pública requerida mediante resolución fundada, la que deberá ser dictada por la máxima autoridad de la fuente pública requerida, quien expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basa la decisión”.“Con la transparencia cuidamos los bienes del Estado. Logramos un ahorro sin precedentes. Este es un gran paso, pero aún falta mucho por hacer”, dijo Cartes en el Salón Independencia del Palacio de López tras la firma protocolar del decreto que promulga la norma.“Sigamos luchando juntos por un país mejor, por la transparencia, por la creación de oportunidades, para que los paraguayos tengamos beneficios directos”, concluyó el mandatario.Contexto: “la niñera de oro”La ira de los ciudadanos contra “la impunidad de los políticos corruptos” explotó de una forma inédita e imprevista a mediados de noviembre de 2013, cuando más de un centenar de comercios, entre ellos restaurantes, bares y cines, prohibieron la entrada a algunos senadores acusados de proteger casos de nepotismo.El primero en sufrir el inédito derecho de admisión fue el senador del gobernante Partido Colorado, Óscar González Daher, quien fue expulsado de una pizzería entre improperios y gritos de “fuera ladrón”.Daher había llegado acompañado de una mujer y nada más sentarse comenzó el murmullo del resto de los comensales. Entonces un camarero se acercó al legislador para pedirle que abandonara el local porque “no son bienvenidos los senadores que votaron contra el desafuero de Víctor Bogado”.Bogado era entonces senador (también del Partido Colorado) y se lo acusaba de pagar el salario de la niñera de sus hijos con dinero público.El repudio también fue aplicado por hospitales privados, gasolineras y todo tipo de comercios de Asunción y otras ciudades y poco a poco alcanzó a los 23 congresistas que votaron contra el desafuero de Bogado.Junto al derecho de admisión aplicado por los comercios se encendió la mecha de la indignación ciudadana con una espontánea manifestación de unas 3.000 personas frente al Congreso.Las denuncias de nepotismo no cesaron desde entonces contra los miembros del Parlamento paraguayo. El 28 de noviembre de 2013 los senadores decidieron por mayoría y por presión ciudadana avanzar con el desafuero de Bogado por el caso bautizado como “la niñera de oro”.La ciudadanía encendía así la mecha de una serie de protestas que fue dando sus frutos hasta llegar a la norma promulgada ayer.





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