POSADAS. Con el voto de los catorce ediles y a casi cuatro años de que fueron instituidas como obligatorias, el Concejo Deliberante local reglamentó ayer el régimen para las audiencias públicas obligatorias, pero no vinculantes. Deberán ser un foro para la información y opinión de los vecinos sobre algunos aspectos de la gestión municipal, en particular lo referido al incremento en las tarifas de servicios concesionados como el de transporte público, por ejemplo.Esa unanimidad numérica no fue total, ya que hubo dos discrepancias en el tratamiento en particular del dictamen de la comisión de Legislación General. Ambas, de los concejales Alejandro Velázquez y Rolando Rubleski, estaban referidas a las excepciones en cuanto a “aquellos (temas) cuyas competencias se encuentran delegadas” (artículos 9 y 12 de la ordenanza sancionada) y en aparente colisión con las prohibiciones expresas de los artículos 10 y 11 de la Carta Orgánica Municipal (COM) vigente.Etapa concluidaCon la sanción de la norma, y de no mediar el veto del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) -algo improbable ya que éste participó también en la redacción del dictamen final-, se cierra una etapa que, en su última parte, se inició en 2010. Fue cuando, coincidentemente, el Concejo y la Convención Constituyente Municipal aprobaron sendas disposiciones en cuanto a la necesidad de audiencias públicas en la toma de algunas decisiones. Aunque la ordenanza 1.835 de aquel año fue luego vetada y, tras el rechazo unánime de esa objeción, derogada parcialmente dos años después, en 2008 (ordenanza 2.287).Aunque no pudo ser ignorada completamente, ya que quedaron reflejadas en los artículos 45 a 47 de la COM revisada, vigente desde el 10 de noviembre de 2010. Desde aquella fecha pasaron hasta ahora tres años y nueve meses.Una objeción del intendente Orlando Franco parece improbable, sobre todo a partir de que su secretario de Gobierno, José Moglia, participó en varias de las reuniones de la comisión de legislación que analizó el proyecto y, a la vez, planteó algunas de las múltiples modificaciones que sufrió la iniciativa presentada en enero pasado por Daniel Amarilla. Al punto que Moglia se hizo presente en la sesión de ayer, al momento de debatir el dictamen suscrito por doce de los catorce ediles del cuerpo.Hace una semana debió superar su último obstáculo, cuando el dictamen presentado a debate debió ser retirado por el titular de la comisión de estudio, Julio Vivero, ante las objeciones de la Defensoría del Pueblo, que se sintió excluida. Sin embargo, el lunes último se superaron esas diferencias e hicieron las correcciones, suscribiéndose el texto final que se sancionó ayer. Réplica, pero con ironíaLas recientes declaraciones del director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Oscar Thomas, criticando la pretensión de los concejales de legislar sobre la habilitación de quioscos y otros locales similares en la costanera recibieron ayer su réplica en la corporación municipal local. Le cupo al concejal “positivo” Gabriel Nielsen asumir la posta, quien, valiéndose del diccionario, agradeció al funcionario nacional por la definición de “delirante” con que se refirió al Concejo Deliberante y a la pretensión de sus miembros.“Estamos trabajando para una mejor ciudad y eso nos hace delirantes”, dijo, entre otras múltiples referencias al “delirio” que los mueve a plantear cambios y reformas profundas para Posadas. E incluso, retrucó, “los arquitectos (en obvia relación a la profesión de Thomas) también son delirantes cuando se plantean obras que modificarán el mundo”.“El propio arquitecto (Thomas) fue delirante cuando se planteó continuar con las obras de la costanera”, subrayó.
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